Presentación de ‘La derrota del vencedor’, de Rogelio Alonso

Quiero que sepan las razones por las que me comprometí a presentar el libro La derrota del vencedor, de Rogelio Alonso antes de haber leído una sola línea. Porque sabía que iba a ser un libro muy riguroso.

Conozco los anteriores trabajos del autor y estaba seguro que no me iba a defraudar. Sabía que iba a ser un estudio crítico con los gobernantes y no iba a utilizar los caminos trillados para analizar lo ocurrido en los últimos años con ETA y el terrorismo.

Es fundamental, es obligatorio, es necesario que se analicen los periodos políticos desde todas las ópticas posibles. Es enriquecedor para el ciudadano medio tantas veces tratado como un paleto por los que detentan el poder político, económico y mediático.

La tendencia de los políticos es a reivindicar sus supuestos éxitos y a secuestrar y ocultar los trapos sucios, lo que se gesta en las cloacas del Estado, a dar una visión oficial de los hechos con el objetivo de que sea aceptada mayoritariamente y evitar que personas independientes analicen con rigurosidad y criterio sus decisiones e indecisiones.

Me cansan los relatos oficialistas. Me cansa la palabra relato utilizada atronadoramente en las últimas semanas como si el diccionario de los sinónimos se hubiera hundido en el océano. Supuestos periodistas expertos en terrorismo, tertulianos de salón, todólogos sin límites hablando de la batalla del relato entre unos y otros, custodiando la versión oficial, aplicando un barniz incoloro, insípido e inodoro a cincuenta años de violencia y terrorismo.

Me cansan los políticos que mienten, que dicen públicamente una cosa y hacen lo contrario en cuanto se escabullen por la trastienda. Me cansan los políticos que coaccionan a los medios de comunicación para que amplifiquen la versión oficial. Me cansan los medios de comunicación que viven de las dispensas y las gratificaciones oficiales en vez de ejercer sin piedad el periodismo de investigación.

Los gobiernos del PSOE y PP desde 2004 salen muy malparados en el libro de Rogelio Alonso y sus decisiones quedan expuestas y desnudas en los análisis realizados por el autor basados en el estudio exhaustivo de informes y documentos secretos, confidenciales, reservados e inéditos elaborados por el servicio de inteligencia español y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre la política antiterrorista y sobre ETA, a los que hay que sumar las decenas de entrevistas con víctimas y responsables políticos y policiales de la lucha contra la organización terrorista.

El libro empieza con una introducción demoledora titulada ¿El mejor final? entre signos de interrogación. Escoge palabras de septiembre del año pasado del exministro de Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba (les aseguro que no le va a gustar este libro como tampoco le va a gustar a Jorge Fernández Díaz, su sucesor): «Fue el mejor final. Ganó la democracia y ETA no ha conseguido ninguno de sus objetivos políticos. Por respeto a la verdad, y sobre todo, a las víctimas, conviene no olvidarlo nunca». Rogelio Alonso le dice literalmente que su libro demuestra, precisamente por respeto a la verdad y a las víctimas, que estas afirmaciones del que fuera ministro de Interior entre 2006 y 2011 son falsas.

El autor considera que es necesaria una rigurosa explicación de la política antiterrorista con el fin de evaluar correctamente y con rigor académico sus consecuencias. Llevamos semanas escuchando declaraciones unánimes: ETA ha sido derrotada. Como si la inmensa mayoría se hubiera apuntado al relato oficial (de nuevo se me cuela la palabreja de moda).

Casi nadie ha tenido las agallas de Odón Elorza cuando hace dos años dijo: «No fuimos lo suficientemente rotundos a la hora de condenar los asesinatos de ETA y las amenazas. Imperó el miedo y el temor. Y la deriva de ello fue el silencio. Malo sería que ahora se instalara el olvido sobre lo que pasó. Yo mismo tuve lagunas, ausencias y me dejé llevar por el miedo, la prudencia y la falta de valor».

Fernando Altuna, que tenía 10 años cuando mataron a su padre en 1980 y que se suicidó en marzo del año pasado, escribió en setiembre de 2016 un texto titulado No es lícito callar en el que decía: «Hará poco que reconocí que solo aceptando la derrota de mi vida podría subsistir. ¿A quién le gusta aceptar la derrota? A nadie, pero al menos en mi caso ha sido la única forma de que hoy mi vida sea más humilde, más honesta, más honrada. Sí: yo he perdido. En el caso Altuna, la rama político militar de ETA no solo asesinó a padre. Me destrozó como persona, aniquiló a una familia y resquebrajó los principios del Estado de Derecho al no haberse hecho justicia, al igual que en los más de 300 asesinatos de la organización criminal que no han sido esclarecidos. No soporto, no acepto pues, la teoría del relato de que las víctimas del terrorismo hemos vencido. Al menos  mi padre y yo hemos perdido. Hemos sido derrotados. No hemos ganado. Nada».

Rogelio Alonso no se ha dejado impresionar por la versión oficial  (la podríamos llamar rubalcabista o fernandista, zapaterista o rajoysta) y ha buscado y rebuscado en los papeles ocultos las contradicciones del poder.

Porque es su derecho y también el de todos nosotros. Se ha sacrificado para que entendamos mejor lo que ha ocurrido. No quiere imponer su propio relato. Quiere que conozcamos la multitud de aristas que tiene «la verdad de los hechos», aunque se arriesga a ser castigado por los detentadores de la versión oficial.

¿Por qué he escrito este libro?, se pregunta el autor al final de la introducción. Él mismo se responde: «Porque las víctimas se merecen que se escriba la verdad, incómoda en ocasiones, con rigor académico, con honradez y honestidad, sin servidumbres partidistas, sin el engaño con el que algunos pretenden edulcorar su propia historia y la de esta sociedad».

Y parafraseando a Aurelio Arteta, afirma que como académico «me niego al ‘complacido simplismo, a la cobarde escapada y a la rendición’ que supone eludir las preguntas a las que debemos responder después de una campaña terrorista que ha cambiado y condicionado la vida de tantos seres humanos».

En el libro se pasa revista escrupulosamente a las declaraciones realizadas por los dirigentes del PNV (tampoco le va a gustar el libro a los líderes nacionalistas) con el fin de instrumentalizar la violencia para lograr sus reivindicaciones desde la Transición. Según el autor, el PNV ha legitimado a ETA 1) cuando ha defendido los mismos objetivos, 2) cuando ha deslegitimado el sistema democrático, 3) cuando se ha opuesto a una gran parte de las medidas policiales y judiciales, 4) cuando ha llegado a acuerdos con una parte del terrorismo a través del brazo político de ETA o 5) cuando ha ensalzado la negociación con los terroristas alternativa a otras medidas por terminar con la violencia.

En definitiva, afirma Rogelio Alonso, el nacionalismo ha perseguido un final del terrorismo que le aportara a ETA una salida airosa hasta el punto que ha trabajado para persuadir a ETA que su actividad «hoy ya no tiene sentido», asumiendo por tanto, que en algún momento sí lo tuvo.

Como recuerda Aurelio Arteta «los nacionalistas deberían asumir su propia responsabilidad porque ellos han amparado el terror y se han aprovechado de él».

El propio Fernando Buesa, portavoz del PSE en el Parlamento vasco antes de ser asesinado por ETA en febrero de 2000, decía que «hay una violencia que mata y otra que no te deja vivir» para describir los efectos de la violencia de exclusión y persecución practicada por el entramado terrorista y la diferencia abismal que existía entre los que se adherían a la ideología nacionalista, y automáticamente disminuía el riesgo de convertirse en una víctima potencial de ETA, y los que mantenían sus postulados españolistas.

La columna vertebral del estudio de Rogelio Alonso se centra en los gobiernos de PSOE y PP a partir de 2004 y hasta nuestros días. A principios de 2004, según informes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) consultados por el autor, la situación de ETA y su entramado se caracterizaba por su debilidad estructural y funcional, precariedad económica —con una notable pérdida de ingresos oficiales tras la ilegalización de Herri Batasuna—, falta de motivación de su militancia y pérdida de influencia social y política.

Se había logrado romper el mito de la imbatibilidad de ETA. Hasta la misma banda compartía parte de este diagnóstico en su documentación interna y admitía que la eficiente presión política, policial, social y judicial por parte del Estado había logrado «despertar el fantasma de la destrucción de la izquierda abertzale. Los éxitos policiales causaron un serio descalabro en la eficacia operativa de ETA y desconcierto entre sus militantes y desconfianza de los cuadros dirigentes en su propia actuación al punto de que ETA se encontraba contra las cuerdas», según afirmaba el diario El País en enero de 2004, dos meses antes de las elecciones generales.

Por eso es difícil de entender, tal como apunta la investigación de Rogelio, que entre el 2005 y el 2008 (y también antes), el gobierno socialista mantuviese negociaciones con la organización terrorista en Oslo y Ginebra asumiendo entre otros compromisos la legalización de los representantes políticos de ETA, la interrupción de las detenciones y la excarcelación de etarras con delitos de sangre.

Representantes del gobierno de entonces trasladaron a algunos magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional el siguiente consejo: «Si se hace la vista gorda con Arnaldo Otegi, se puede acabar con ETA». Un magistrado, entrevistado por Rogelio Alonso, aseguró que el propio gobierno socialista marcó la dirección de las actuaciones judiciales hacia Herri Batasuna.

Y al mismo tiempo, el ministro Pérez Rubalcaba decía en público que no se estaba negociando el pago de ningún precio político para dejar de matar. Como dice Rogelio, era incoherente que Rubalcaba asegurase que «el Estado democrático solo puede dialogar en ausencia de violencia», cuando el gobierno había autorizado el diálogo bajo la presión terrorista.

El mismo día que se perpetró el atentado de Barajas (30 de diciembre de 2006), el presidente Zapatero ordenó «suspender  las iniciativas para desarrollar el diálogo con ETA» al no darse las condiciones establecidas en la resolución parlamentaria de mayo de 2005. Y sin embargo en enero de 2008, un año después, el propio presidente reconoció que el diálogo con ETA se mantuvo a pesar de que el atentado costó la vida a dos personas.

En el libro planean las presiones del gobierno sobre el Tribunal Constitucional para que en mayo de 2011 legalizase a Bildu por seis votos a cinco. Odón Elorza reconoció entonces que «les hemos hecho la campaña» y el diario El Correo editorializó que los representantes políticos de ETA  había conseguido «el regreso institucional sin necesidad de demostrar su carácter democrático, condenando o censurado la trayectoria de ETA».

El director del Euskobarómetro de la Universidad del Pais Vasco dijo entonces: «Lo que tiene ya garantizado ETA es la impunidad y el olvido de su pasado de sangre y terror porque no parece que nadie vaya a exigirle rendir cuentas del mismo, dándolo por cancelado con el éxito electoral e institucional de Bildu, cual paloma de la paz”.

El Partido Popular tampoco le ha ido a la zaga. El 20 de octubre de 2011, al conocerse la noticia del cese de las actividades armadas decretado por ETA, Mariano Rajoy, presidente del PP y futuro presidente del gobierno, declaró que este anuncio se había «producido sin ningún tipo de concesión política».

Esta declaración cínica e hipócrita se producía un mes antes de ganar las elecciones a pesar de que había denunciado lo contrario en numerosas ocasiones, entre ellas, en algunas de las seis manifestaciones convocadas por asociaciones de víctimas del terrorismo entre 2004 y 2011, que el PP apoyó.

En una sorprendente visita de Zapatero a la sede del Ministerio del Interior, ocurrida el 10 de enero de 2012, para entrevistarse con Jorge Fernandez Díaz, el nuevo ministro de la cartera más polémica desde la Transición, se pactó que tres asesores de la Guardia Civil del equipo de Rubalcaba siguieran en el equipo del nuevo ministro para mantener la hoja de ruta de las negociaciones con ETA que el PP ya había asumido.

Se defendía de nuevo que el fin de la banda era definitivo a pesar de que algunos asesores de Rubalcaba, anterior ministro, reconocía ya el fracaso de esa política que había permitido a la izquierda abertzale hacerse con la iniciativa política en el País Vasco y rentabilizar electoralmente el final de la violencia.

El gobierno del PP asumió la teoría del miedo al último muerto y para ello aceptó que tres dirigentes de ETA en busca y captura permanecieran en Noruega hasta 2013. El propio director general de la Policía entre 2011 y 2016, Ignacio Cuisidó, calificó de herencia envenenada el legado que el gobierno recibía de dos errores sumamente graves en la política antiterrorista: la negociación política con ETA y haber permitido la vuelta del entorno de ETA a las instituciones democráticas sin haber exigido su disolución y la condena del terrorismo.

Rogelio recuerda la distribución de concejales en el País Vasco en la actualidad: PP tiene 79, PSE 196 de los 2.621 que se eligen frente a los 1.018 del PNV y 894 de Bildu.

Quiero acabar con las palabras de Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez, diputado del Partido Popular en el Parlamento Vasco y teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, asesinado el 23 de enero de 1995 por ETA cuando las encuestas le situaban como futuro alcalde de la capital guipuzcoana.

Quiero acabar con estas palabras recogidas junto a muchas otras en el estremecedor epílogo titulado ¿Mereció la pena?. Dice Ana Iribar: «Me pregunto si vais a vacilar cuando os digan que ETA está derrotada y que hay que pasar página mientras sus cómplices están instalados en las instituciones españolas sin condenar a ETA. Si vais a indignaros viendo a uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez de txikiteo y empujando el carrito de un coche de bebé con la misma mano que ha empuñado pistolas contra siete ciudadanos inocentes. Me pregunto si vais a permanecer cruzados de brazos sabiendo que las instituciones españolas han dado carpetazo a más de 300 familias españolas sin juicios tras el asesinato de sus familiares».