Un Estado como Dios manda

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«Celebramos esta Santa Eucaristía con el deseo de agradecer a Dios los cincuenta años del servicio prestado desde la Clínica Universidad de Navarra a toda la sociedad, y para implorar la bendición divina sobre los que allí trabajan y sobre quienes allí buscan recuperar la salud». Son palabras del ya fallecido obispo, prelado del Opus Dei y gran canciller de la Universidad de Navarra, Javier Echevarría, durante su homilía en una misa por el aniversario de este hospital. En ella recordó la figura de Josemaría Escrivá de Balaguer como principal impulsor de la creación de la clínica: «Veía en ellos [los enfermos] la figura amable y doliente de Cristo, cargado con nuestros pesares y sufrimientos, y sentía ansias de aliviar a Cristo, a quien veía en los enfermos». A la eucaristía asistieron, entre otros cargos públicos, la delegada del Gobierno, el alcalde de Pamplona y el consejero navarro de Educación, según recoge la web del centro hospitalario. Eso fue en 2012.

Este mes de enero, en el acto de inauguración en Madrid de una nueva sede de la clínica, participaron la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el secretario general de Sanidad, José Javier Castrodeza; y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barkos, entre otras autoridades. También asistieron gestores de numerosas aseguradoras de salud, farmacéuticas, firmas biotecnológicas, empresas e industrias del sector. La nueva sede conlleva, además, la implantación en la capital de su propia compañía de seguros de salud: Acunsa. «Con la llegada del nuevo hospital han desarrollado una gama completa de productos de asistencia sanitaria y reembolso, con las coberturas más completas en la clínica», recoge la web de la Cadena Cope. El periodista de la emisora radiofónica Carlos Herrera hizo uno de sus programas en directo desde las nuevas instalaciones.

Opus Dei, administración pública, medios de comunicación y negocio. Todo junto. Es un ejemplo cercano de cómo la Iglesia católica se introduce en los principales centros de poder, paradójicamente, en un Estado aconfesional, según la Constitución. Más allá de los crucifijos, de la presencia de cargos públicos en actos religiosos, de la concesión de medallas o el nombramiento de las vírgenes como alcaldesas, la jerarquía católica maneja cualquier herramienta que tiene a mano para mover hilos y hacer caja en un momento, además, en el que la secularización avanza y desciende el número de contribuyentes que marcan la X de la casilla de la renta –aunque no el ingreso total, que aumentó un 2,83 %, hasta los 256 millones–. Ese poder, sustentado en un instrumento que no tienen las demás confesiones –el Concordato con la Santa Sede– se nota especialmente en la educación –la Religión siempre ha sido el escollo en los pactos educativos– y en las exenciones fiscales, que dejan en clara desventaja a las demás empresas.

La aportación pública a los colegios concertados en el curso 2014/2015 fue del 69,2% –un 4,9% menos en cinco años–, según la Encuesta de Financiación y Gastos de la Enseñanza Privada publicada a finales del pasado año. El 65% de estos centros son religiosos y acogen al 75% del alumnado que elige esta opción, calcula Europa Laica. Un dato concreto: en el casco histórico de Sevilla, la oferta asciende a 19 centros: de ellos, solo cinco son públicos. «Gracias al control sobre dos decisiones clave –la confección de la plantilla y la ubicación de los centros–, la educación concertada católica ha logrado presentarse ante millones de familias como una opción mejor, más segura y ordenada, más homogénea socialmente, y ha logrado arrogarse un cierto aire de superioridad técnica. Casi un puntito de élite, de certeza en tiempos de crisis de lo público», reflexiona el periodista de Infolibre Ángel Munárriz, que investiga las finanzas de la Iglesia. Según la Conferencia Episcopal, la actividad educativa católica en la escuela mejora la salud, reduce las diferencias sociales y la criminalidad.

Mercedes Navarro, que fue expulsada como profesora de Psicología Religiosa de una universidad católica y de la docencia académica y eclesiástica, no considera justo generalizar: «Hay algunos colegios concertados que, en efecto, imparten una educación que en temas doctrinales y sociales es de pensamiento único, pero hay muchos más, diría que la mayoría, que no educan en el pensamiento único. Dicho esto, es verdad que sigue habiendo machismo y sexismo, pero tanto en los católicos concertados como en los colegios en general. Y en los centros de estudios superiores, y en las universidades, y en los centros de investigación… Ojalá pudiera decir otra cosa. La tendencia y la urgencia es la de establecer la igualdad y educar en ella, pero si esto ya fuera así tendríamos una sociedad distinta. Claro que, como creyente, a mí me duele más que los colegios concertados no sean pioneros en paridad y en igualdad. Es lo que pide el Evangelio…».

Relaciones históricas

Ahora el Constitucional también ha validado la financiación pública a los colegios que segregan por sexo establecida en la ley Wert. «El poder de la Iglesia católica en España, sobre todo su gran influencia y control en la enseñanza, se cimenta en el comienzo de la contemporaneidad (mediados del siglo XIX) cuando tras décadas de enfrentamiento con los defensores del régimen liberal se pacta un acuerdo mediante el cual ‘se firma la paz’ (y un convenio con el Vaticano): la Iglesia acepta la desamortización de sus bienes por parte del Estado y a cambio este le entrega el control de la enseñanza y le garantiza el fondo económico para culto y clero», explica el catedrático de Antropología Isidoro Moreno. «Los breves periodos progresistas (el sexenio revolucionario de 1869 a 1873 y tres años de la Segunda República) no duraron lo suficiente como para cambiar esta situación, que se acentuó en la dictadura franquista hasta el punto de que esta supone un nacionalcatolicismo. Y cuando este entra en crisis, el nuevo Convenio con la Santa Sede, e incluso la propia Constitución del 78, reconoce el papel especial, es decir los privilegios de la Iglesia», añade.

En el ámbito sanitario, la otra gran pata del sistema público, las cadenas privadas incluso han planteado quejas porque consideran que los hospitales de órdenes religiosas suponen una clara competencia desleal –no pagan IBI, por ejemplo–. Estos centros fueron en 2015 los grandes beneficiarios del contrato para cubrir la asistencia del seguro de salud de los funcionarios del Estado, el convenio de Muface. «Tuve la suerte, el honor y privilegio de nacer en uno de estos hospitales”, dijo en 2014, en el acto de presentación del grupo de Hospitales Católicos de Madrid, el entonces consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, que en su día también dijo que había que rezar a la Virgen de la Paloma para tener salud. En esa foto  estaba, por supuesto, el cardenal arzobispo, entonces Antonio María Rouco Varela. Según la memoria de 2016 del Servicio Madrileño de Salud, de las 11 Unidades de Cuidados Paliativos de Media Estancia –las que atienden a pacientes con complejidad media o alta que no pueden permanecer en su domicilio– la mayoría, seis, son concertadas. Y de ellas, la mayoría, cinco, están gestionadas por hospitales religiosos, que copan 160 camas frente a las 74 de la pública. Hasta la adjudicación del nuevo concierto, valorado en más de 35 millones de euros, la gestión del servicio público de hospitalización para cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid se ha resuelto mediante contratos sin publicidad con estos centros privados religiosos.

«El púlpito, aun conservando su importancia, no es ya el terminal más eficaz de difusión de ideas católicas en España. Hay ONG, radios, televisiones, editoriales, partidos políticos que hacen mejor esa tarea. La Iglesia está en las escuelas y los hospitales, en la cárceles y en el ejército, en los comedores sociales y en los centros de rehabilitación de drogodependientes. Y todo pagado en mayor o menor medida con dinero público, por cierto», afirma Munárriz. «Excelentemente conectada con el poder político y económico, administra los símbolos de la colectividad, ha impregnado de marchamo religioso los grandes acontecimientos de la vida (nacimiento, muerte, matrimonio…), trabajan en ella y para ella miles de personas devotas, apasionadas, entre ellas no pocas cultas y minuciosas, enormemente profesionalizadas, que dedican bastante más tiempo y entusiasmo a defenderla que sus adversarios a socavarla. Con todo ello, ¿cómo diablos no iba a ser poderosa? Si no fuera poderosa, no sería la Iglesia católica española», prosigue.

No se explica de otra forma la decisión del Senado de trasladarse hasta el Valle de los Caídos tras el plantón del prior por el caso de la exhumación de restos reclamados por familiares. No se explicaría que la Conferencia Episcopal, tras recibir un exhorto del entonces juez Baltasar Garzón sobre los crímenes franquistas, le viniera a decir a la Justicia: ahí tienes todas las parroquias, investiga tú. Ni se explicaría que no pague IBI por sus propiedades, o que el golpista Queipo de Llano siga enterrado en la Macarena o que los funerales de Estado sigan siendo católicos, o que no se penalice el mirar para otro lado en los escándalos de pederastia, o que los obispos no sean juzgados por delitos de odio cuando emiten barbaridades, o que sí lo sean quienes procesionan un coño insumiso o se cagan en Dios o hacen un montaje con la cara de un cristo. Si la Iglesia no tuviera poder no se explicaría, por tanto, que hoy en día aún siga existiendo el delito de ofensa a los sentimientos religiosos.

«Los tribunales europeos cuestionan con dureza los privilegios de la Iglesia que respaldan los juzgados españoles», sostiene el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez. Un ejemplo gráfico fue el del juez que tuvo que decidir sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía en 2008 a petición de una familia perteneciente al grupo de los kikos. Enrique Gabaldón, ponente de la sentencia contra la asignatura en 2008, copió en el fallo los argumentos de su padre, José Gabaldón, que fue vicepresidente emérito del Constitucional y presidente del Foro de la Familia, vinculado al Opus Dei.

«La Iglesia sigue teniendo poder y privilegios porque todavía está vigente el Concordato y, por lo que he visto en las últimas décadas, no ha habido ningún gobierno que lo haya derogado. Creo que es una cuestión política y su solución debe ser política», asegura la teóloga Navarro –que subraya que se refiere a la jerarquía o a la institución, no a la Iglesia como «comunidad de comunidades»–. «Nada hizo el PSOE en sus años de gobierno e incluso de mayoría absoluta parlamentaria para cambiar la situación; al contrario», añade el profesor Moreno.

La autofinanciación

El problema, según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra Alejandro Torres, es que esa solución política, a estas alturas, cuando la Iglesia está en todas partes, cuesta votos. «Nunca he sido ministro de Economía, pero si me preguntaran cómo perder unas elecciones generales, diría: denunciando los acuerdos. Mis alumnos no habían nacido en el 79. Han pasado 39 años y nadie ha hecho nada. Nadie ha exigido el cumplimiento de la autofinanciación. ¿Por qué hay que reservar un porcentaje del IRPF a una confesión? ¿Por qué no va a pagar el IBI por sus inmuebles? ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, los huertos y jardines de la Iglesia con el ejercicio de la libertad religiosa? Es complicado, pero es el coste de la congruencia. Y la incongruencia es que la Iglesia católica dependa del Estado, porque no hay ninguna confesión de carácter estatal –y en castellano la palabra ‘ninguna’ es ninguna–», argumenta Torres, que hace el siguiente cálculo: los 250 millones que la Iglesia recibe vía IRPF podrían ser recaudados a partir de los donativos de los fieles: si hay diez millones de católicos practicantes, cada uno tocaría a 25 euros al año. Además, las donaciones conllevan deducciones en el IRPF. Es un problema, por tanto, de mentalizar sobre a quién le corresponde la recaudación. «Si a mí el cine me lo dan gratis, no me molesto en pagar la entrada», ejemplifica el catedrático.

Para Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, la otra explicación fundamental del poder de la Iglesia en los últimos tiempos está en las inmatriculaciones: «Es el elemento clave que ha provocado el empoderamiento patrimonial. Tiene tanto dinero y patrimonio que el Estado no se atreve a enfrentarse. Una concentración de poder que no existía ni en la dictadura, y se debe a que la izquierda ha sido muy medrosa».

El obispo de Santander acaba de vetar un espectáculo de La Fura dels Baus porque iba a representarse junto a un monasterio. «¿Quién es el obispo de Santander para vetar un espectáculo público, pagado con dinero público, en un espacio público? El dueño de la plaza convertida en aparcamiento privado», responde Rodríguez. No obstante, pese a esta fuerte influencia, «¿podemos exagerar el poder de la Iglesia en un país en el que los gays se casan ya casi sin escandalizar a nadie?», se pregunta Munárriz. «Su posición a lo largo de los siglos ha sido siempre la misma: aliada del poder, preferentemente absolutista, para evitar que cualquier aliento liberal o librepensador, no digamos colectivista, atravesara las puertas de España, ‘la Nación de Dios’. Eso no se desmonta de un día para otro. Pero desde luego, en términos de moral y religión, cualquier nacionalcatólico quedaría aterrado al ver la España de hoy. Eso sí, la Iglesia encarna el poder más longevo y explícito de la Historia de España. Y a pesar de todo, ahí sigue, aferrada a los resortes de poder que el Estado aún le permite manejar», concluye.