Enterrado el menor que falleció en Melilla sin informar a la familia ni darles la autopsia

Mamadou Barry, el joven de Guinea Conakry que murió en Melilla el 22 de diciembre, sin que su familia fuese informada de su defunción, fue enterrado este martes en las mismas circunstancias oscurantistas que rodearon su muerte. Pese a que el centro de menores infractores donde estaba internado depende del gobierno de la ciudad autónoma, pese a que estaba bajo la tutela de la Consejería de Bienestar Social de la misma, y pese a que la supervisión del centro y el caso dependen del Juzgado de Menores, ningún organismo oficial comunicó a la abogada de la familia, ni a su tío o a su hermano –que residen en la Península–, que iba a ser enterrado.

De hecho, la abogada –cuyo poder de representación se formuló en el consulado español de Guinea Conakry el 14 de marzo–, solicitó en la Fiscalía el 13 de febrero que se abriera una investigación y que se garantizara el ius sepulcri, el derecho que tienen los familiares a enterrar a sus muertos, así como a decidir cómo y cuándo. La petición fue reiterada el 6 de marzo en la Consejería de Bienestar Social. Pese a ello, no ha recibido ninguna comunicación sobre el entierro. Tanto ella como la familia se enteraron, al igual que de su muerte, por una llamada ese mismo martes de la ONG Prodein.

Las circunstancias que provocaron el paro cardiorrespiratorio a Barry siguen envueltas en la controversia. Según el gobierno de Melilla y la Fundación Diagrama, que gestiona el centro, el joven se estaba peleando con otro interno cuando “el equipo del centro que ya estaba interviniendo, procede a la separación de los jóvenes y contención de la situación. Acto seguido, el joven M.B. sufrió un desvanecimiento y fue atendido de manera inmediata por el equipo médico del centro”, según la nota de prensa emitida por la fundación. Según informaciones recabadas por Prodein, cuatro vigilantes de seguridad del centro lo redujeron y lo esposaron. Es entonces cuando Barry pierde el conocimiento y sufre la parada cardiorrespiratoria. Falleció tras veinte días en coma en la UCI del Hospital Comarcal de Melilla.

El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, dio una rueda de prensa el 9 de febrero en la que aseguró que los resultados de la autopsia habían revelado que el menor sufría una “miocardiopatía hipertrófica obstructiva que produce arritmias”, pero no se entregó ninguna documentación a los periodistas presentes. Nadie ha podido aún tener acceso a la autopsia, incluida la familia.

Consultado por La Marea, el prestigioso cardiólogo David Calvo, del Hospital Central de Asturias, explica que para las personas con miocardiopatías hipertróficas “el ejercicio y el estrés físicos pueden ser unos precipitantes de paradas cardiorrespiratorias o de la muerte súbita”. De hecho, a las personas con esta enfermedad congénita –la principal causa de muertes súbitas en personas menores de 35 años aparentemente sanas–  “se les desaconseja cualquier tipo de actividad vigorosa”. Por tanto, queda por saber si “la contención” realizada por el personal del centro –como la define la Fundación Diagrama en su comunicado, sin aclarar los términos en los que se produjo– pudo ser el detonante de su muerte. Para ello sería de gran utilidad conocer el contenido de las grabaciones recogidas ese día por las cámaras de seguridad que hay repartidas por el centro.

En la misma rueda de prensa, en la que Ventura hizo público este diagnóstico, anunció la interposición de querellas criminales contra quienes «han hablado alegremente y utilizado de forma maligna esta cuestión para hacer política; y espero que salgan a pedir perdón». Se refirió especialmente a José Palazón, de la ONG Prodein, al que ya el 10 de enero, como contamos en La Marea, acusó de “persona que no contribuye para nada a la vida de los menores, solo los mantiene en la calle y vive de las desgracias (…) A ver si es que tiene contacto con los padres en Marruecos y nos están llegando los niños, no sé cómo”, acusándolo así, de manera velada, de un posible tráfico de personas. Unas acusaciones que se enmarcan en la creciente tendencia a la criminalización de los defensores de los derechos de las personas migrantes, como está ocurriendo con Helena Maleno, ProActiva Open Arms y los bomberos sevillanos de Proem-Aid, entre otros.

Tanto Palazón como Maleno han sido reconocidos ampliamente por su vigilancia de los derechos humanos en la frontera, incluido con el premio del Consejo General de la Abogacía Española. Pero no quedaron ahí sus acusaciones. En la rueda de prensa de febrero también señaló que consultaría con los servicios jurídicos del gobierno de la ciudad las declaraciones de la eurodiputada Marina Albiol, que «ratificó las palabras de José Palazón», Ciudadanos Melilla que declaró que el menor murió «por una agresión», y Coalición por Melilla, que «ha dicho que los menores están en peligro de muerte”.

La Marea se ha puesto en contacto con el gobierno de Melilla para conocer por qué nadie del entorno de Barry ha podido acceder al resultado de la autopsia, por qué se le enterró sin que su abogada ni su familia fuesen informados, sin respetar su ius sepulcri, y si se está investigando este caso. No ha habido respuestas. También hemos intentado comunicarnos con el Juzgado y la Fiscalía de Menores, lo que tampoco ha sido posible ya que sus teléfonos comunican permanentemente desde el martes.