El PSOE vuelve a unirse al PP e impide juzgar los crímenes franquistas

Han vuelto a hacerlo. El PSOE ha vuelto a unirse al Partido Popular para tumbar una posible reforma de la Ley de Amnistía de 1977. A causa de esa ley, entre otras barbaridades, el franquista acusado de brutales torturas Billy el Niño, llamado Antonio González Pacheco, sigue paseando por las calles de Madrid impunemente. A causa de esa ley, el Estado español se ha negado a juzgar los crímenes franquistas: torturas, ejecuciones sumarias, asesinatos, desapariciones forzosas y otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. A causa de esa ley, España aparece como un país infractor de la legalidad internacional referente a los delitos de lesa humanidad.

Dichos delitos son considerados imprescriptibles. Ya en 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, dirigió a España una petición formal para la derogación de la Ley de Amnistía en nombre de la ONU, denunciando que incumplía la normativa internacional de Derechos Humanos. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han pedido también en numerosas ocasiones a distintos gobiernos españoles que la deroguen.

Todas las veces que se ha planteado dicha derogación o una modificación, el PSOE y el PP se han unido para abortar el intento. Este martes 20 de marzo de 2018 han vuelto a hacerlo, alegando, en palabras de su número dos, Adriana Lastra, que la modificación crearía “inseguridad política”. El socialista Gregorio Cámara ha incidido en que la Ley de Amnistía del 77 “no fue una ley de punto final, como quieren hacernos creer quienes quieren tergiversar la historia”. Y ha tildado dicha normativa como “uno de los pilares del pacto de la Transición”.

En esta ocasión, IU pedía la derogación de la ley. Sin embargo, vistos los fracasos anteriores, Podemos y sus confluencias, PNV, Compromís, Nueva Canarias, ERC, PdeCAT y Bildu habían registrado el pasado 25 de octubre una iniciativa dirigida solo a modificarla. Una modificación tan básica como añadir un párrafo en el que se dijera que las disposiciones de la Ley “no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de Derechos Humanos”.

Los delitos de lesa humanidad, el genocidio, las violaciones contra los Derechos Humanos perpetrados en España durante más de 40 años seguirán sin juzgarse.

El PSOE junto al PP

En septiembre de 2015, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo pública su “preocupación por la posición del Estado de mantener en vigor la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias”. Y añadía una “recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del pacto”.

Solo cuatro meses antes, el 29 de abril de 2015, el PSOE apoyó a los populares al oponerse a la entrega a de varios exministros franquistas reclamados por la jueza María Servini dentro de la Querella Argentina, junto con otras autoridades de la dictadura. Se les acusaba de crímenes contra la humanidad cometidos en España durante el franquismo. En aquel momento, el diputado socialista Nacho Sánchez Amor afirmó: “En una democracia los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado”.

Entonces se solicitaba también al Congreso que emplazara al Gobierno a “cumplir de inmediato la orden de detención preventiva cursada por Interpol” contra los 17 reclamados que continuaban vivos, y los pusiera disposición de la Audiencia Nacional “en cumplimiento de las leyes españolas de Extradición Pasiva, de Cooperación Internacional en Materia Penal y del Tratado Bilateral de extradición vigente ente España y Argentina”.

Año y medio después, el 20 de diciembre de 2016, el PSOE volvió a aliarse con el PP, y con Ciudadanos, para impedir el juicio a los criminales franquistas. Unidos Podemos había presentado entonces una proposición no de ley (PNL) en el mismo sentido que la actual. Solicitaban añadir un artículo que impidiera su aplicación –y por lo tanto la impunidad– a los delitos de “torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o lesa humanidad” cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. PSOE, PP y Ciudadanos dieron al traste con la posibilidad.

Negativa “indefendible”

“Estamos a 10 años de aprobada la Ley de la Memoria y a más de 40 de la muerte del dictador y de la aprobación de una Ley de Amnistía, en el año 77, en un Parlamento al que no pudieron presentarse los partidos republicanos”, explica Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). “Eso quiere decir que quienes habrían representado las víctimas de la dictadura y cuestionado la impunidad, desde el principio, de la recuperada democracia, no podían estar allí”. El ministro de Gobernación de entonces impidió que los partidos republicanos participaran en las elecciones de junio del 77.

“A estas alturas, cuando España ha visto muchos de los crímenes de la dictadura franquista, ante el horror de las imágenes de las fosas comunes, es indefendible que en el Congreso de los Diputados no se produzca un cambio que ponga fin a la impunidad del franquismo y permita a sus víctimas obtener y ejercer todos los derechos a la verdad a la justicia y a la reparación”, lamenta Silva. Y añade: “También resulta incomprensible que hoy se pueda llevar a cabo en el Parlamento una decisión que va contra todos los principios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Por su parte, fuentes de Izquierda Unida han declarado a La Marea: “El PSOE se ha situado en contra del Derecho internacional y se ha sumado al PP y a Ciudadanos al negar a las víctimas del franquismo, que son víctimas de delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, una verdadera investigación y punición de crímenes tan graves”. La coalición de izquierdas admite que les parece “sorprendente el voto en contra del PSOE pese a que cinco organizaciones de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada, Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación) han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales”.