Querella contra Florentino Pérez y cinco exministros por el almacén de gas Castor

Una serie de plataformas ciudadanas han presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional por el caso del almacén de gas Castor, el proyecto de ACS, el grupo de construcción y servicios dirigido por Florentino Pérez, para guardar este combustible a 22 kilómetros de la costa. Además del presidente y máximo accionista de ACS, el escrito va contra cinco exministros, un exsecretario de Estado y el presidente de la concesionaria Escal, Recaredo del Potro, por presunta prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos. La querella se registró el pasado jueves 23 de febrero y está a la espera de ser aceptada a trámite.

En concreto, las asociaciones querellantes como acusación popular son el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el proyecto activista Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). Aunque la ‘doctrina Botín’ (en la cual la acusación popular no es suficiente para sentar en el banquillo a alguien) pueda dejar su iniciativa en un mero hecho simbólico, las tres organizaciones se ven «claramente legitimadas» en su acción ya que «los hechos denunciados han supuesto la asunción de una importante deuda por parte de los consumidores españoles».

Su escrito afecta a los ex ministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, José Manuel Soria y Elena Espinosa. También al ex secretario general de Energía, Ignasi Nieto, y a Juan Cotino, exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.

La querella llega después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara nulo el procedimiento por el cual el Estado indemnizó a Escal, de la que ACS es propietaria de dos tercios del capital desde 2007, con 1.350 millones de euros por el fracaso del proyecto. Esta decisión del TC sólo anula el artículo 4 del real decreto por el que el Gobierno de Mariano Rajoy compensó a la empresa en 35 días, ya que no considera que hubiese “urgente necesidad”.

En concreto, la denuncia considera que hubo malversación en la compensación por el Castor dado que se repercutió en los costes regulados del sistema (puesto que se incluyó en el recibo del gas), que se considera como caudal público.

Por otra parte, Magdalena Álvarez está incluida en la querella porque desde el Ministerio de Fomento modificó una serie de límites marítimos entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el fin de que la concesión sólo afectara a este último territorio. Este último presunto delito prescribiría el próximo 5 de marzo, lo que explica la «urgencia a la hora de presentar la querella», según explicaron representantes de las organizaciones en la rueda de prensa.

Por todos estos motivos, los querellantes entienden que el fallido proyecto Castor es uno de los «fraudes más grandes jamás imaginados en el sector energético español».

El proyecto Castor se concibió para reconvertir un antiguo almacén de petróleo a 22 kilómetros de la costa en uno de gas. La planta contaba con tres elementos: una plataforma marítima con 12 pozos, una planta de operaciones en tierra y un gasoducto de más de 30 kilómetros para transportar el gas.

Un informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT), relacionó las inyecciones de gas con una serie de seísmos producidos en 2013, por lo que se decidió que no se reabriese la planta. Sin embargo el documento exculpaba a la constructora —y a las Administraciones— al asegurar que no se podía prever ese fenómeno con los “estándares” de la industria de entonces, aunque pide que se cambien dichos baremos.

Actualizado el 28/02/2018 a las 19:15. La primera versión de este artículo situaba por error a la organización ACDDH como parte querellante, en lugar de a IDHC.