El derecho de acceso a la información pública, también bajo amenaza

El derecho a la libertad de expresión no es el único que está siendo amenazado en España. Con suma discreción y ante un relativo desinterés mediático, los avances en transparencia institucional también se están viendo afectados por decisiones judiciales y políticas que ponen nuevas trabas en el acceso a la información pública.

En 2015, la Fundación Civio inició un litigio con el Ministerio de Defensa por su negativa a facilitar el nombre de los familiares, empresarios, periodistas y otras personas que acompañan a los altos cargos del Estado en los vuelos oficiales. Dos años después, en 2017, la Audiencia Nacional estimó que Defensa debía hacer públicos esos nombres, pero sentó un precedente que supone un gran peligro para el derecho al acceso a información pública: según el criterio de este tribunal, Defensa solo debe facilitar los nombres posteriores a diciembre de 2014, momento en que entró en vigor la Ley de Transparencia. Si su decisión adquiere carácter de norma, podrían quedar en la sombra nada menos que 36 años de información pública en democracia.

Civio es una fundación que combina tecnología y periodismo para conseguir una mayor apertura democrática. En ella trabaja Miguel Ángel Gavilanes, el investigador que peleó durante dos años para tener acceso al nombre de los acompañantes de los vuelos oficiales. Las pesquisas de Gavilanes son resultado de un trabajo minucioso y perfeccionista, dos características cada vez más insólitas en el gremio periodístico. Este investigador no solo tropieza con las trabas de la Audiencia Nacional y la opacidad de ciertas instituciones públicas, sino que también se topa con las zancadillas de algunos compañeros de profesión: dos periodistas de El País recibieron la lista de acompañantes en los vuelos oficiales antes que Gavilanes, que llevaba dos años agotando todas las vías que ofrece la ley para obtener esa información, y la publicaron en exclusiva.

Este lunes Civio publica el trabajo reposado de Gavilanes sobre los acompañantes de los vuelos oficiales. La Marea aprovecha la ocasión para saludar su trabajo y conocer los obstáculos que enfrentan en su día a día los periodistas de investigación que se enfrentan a la maquinaria estatal, judicial y corporativa en defensa de la información, uno de los derechos más denostados de la Constitución española.

Antes de nada, ¿qué pasó con vuestra investigación de los vuelos oficiales?
Un trabajo de dos años y al final te pisan. Hay dos componentes clave: uno, el componente público, que es el más sensible; dos, el componente de la ética profesional. En 2015 freímos a preguntas para saber cómo funciona todo y ver quién acompaña a los altos cargos y al jefe de Estado en los vuelos oficiales. Queríamos saber quién usa los aviones del Grupo 45 de las Fuerzas Armadas, que tienen por misión transportar a autoridades. Pedimos ese dato y en un primer momento Defensa lo denegó, alegando secretos oficiales y reelaboración. Presentamos una reclamación ante el Consejo de Transparencia. Secretos Oficiales decía que en esa información solo estaban protegidos los viajes del jefe de Estado y del presidente de Gobierno, por tanto teníamos derecho a la información relativa a los ministros, secretarios de Estado, directores generales y demás altos cargos de la Administración, ateniéndonos a la definición legal de alto cargo. Pedimos que nos entregaran la solicitud por escrito que presentan los ministerios cuando necesitan realizar un vuelo oficial, que incluye quiénes viajan a bordo. De esa solicitud siempre tienen una copia Presidencia y Defensa. Preguntamos a ambas, y Presidencia nos remitió a Defensa. El Consejo de Transparencia dijo que se trataba de una información relevante, que está ahí, y que es un servicio que se disfruta en base a los recursos públicos y, por tanto, debe ser pública, e instó a Defensa a entregarla.

¿Qué pasó después? ¿Por qué El País la recibió antes que Civio?
Defensa decidió inventar un nuevo número de expediente y volvió a denegar la información con otros motivos, y eso es algo que no está en la ley. Entonces presentamos una queja formal ante el Consejo de Transparencia. Al final Defensa demandó al Consejo por ese documento que le pedía, y como nosotros somos parte interesada, nos presentamos en la causa e integramos la parte demandada. ¿Qué pasó con El País? Hicimos piezas explicando cómo era el procedimiento, sacamos también las sentencias… Y a los compañeros de El País les pareció interesante el caso, cogieron la última sentencia -nos lo confirmaron los propios periodistas- y la usaron para pedir información. Se ajustaron al límite temporal marcado por la Audiencia Nacional y se la dieron. Con dos sentencias a nuestro favor, Defensa todavía no nos ha dado ni un solo documento. El problema es que si una sala y un juez han dicho que nos tienen que dar una información, no nos la dan, y a El País sí, surge una duda: ¿por qué ahora sí la entregaron?

¿Cómo te sentiste al ver que El País publicaba una lista que llevabais pidiendo dos años?
Sentí que esto produce desincentivos. ¿Para qué voy a preguntar si me va a pisar otro? Los compañeros de El País dijeron que todos luchamos, pero en realidad quien lo puso todo, tiempo, dinero, conocimiento… Fuimos nosotros, y ellos se aprovecharon de algo que habíamos hecho porque esto no es una lucha compartida. Con esa decisión de El País, se legitima la actitud del gobierno: desincentivan y legitiman que no se dé información anterior a 2014, porque están aceptando que suceda así. Es una pena que hayan utilizado un trabajo de otros, aunque mencionen que la lucha ha sido nuestra, porque ni siquiera hubo una simple llamada previa. No voy a dar clases de nada a nadie, pero creo que no es elegante, y más en una época de colaboración entre periodistas con ejemplos como los Papeles de la Castellana, los Papeles de Panamá… Al final se te queda cara de tonto.

¿Qué otras trabas encuentras a la hora de pedir información a través del Portal de Transparencia?
La Ley de Transparencia establece un canal para acceder a la información, pero también establece límites. A veces en las respuestas a las solicitudes da la sensación de que piensan más en qué límite aplicar que en ver primero si está la información para después analizar si incumple alguno de los límites.

En Civio descubristeis que el Portal de Transparencia inflaba su propia estadística de información concedida…
Partimos de la base de que las estadísticas de solicitud de información son muy pobres. Todos los meses se publica un informe de las solicitudes concedidas. A veces las resoluciones van encabezadas con un párrafo técnico y jurídico que dice que se resuelve conceder el acceso a tal información, pero después esa información no está, o te la deniegan en realidad. Usan esa coletilla para sus estadísticas, es una forma de inflar los resultados. Y dejan ver que la administración es muy abierta, pero no es así. Ellos cuentan como concedidas solicitudes en las que no entregan nada , y eso es falsear la realidad. Deberían decir honestamente si hay o no una información. Honestidad frente a la manipulación de datos.

¿Cómo se conjuga el acceso a información con la protección de datos personales?
Con frecuencia se hace una interpretación extensiva del límite sobre datos personales. A veces se considera que todo es dato personal, hasta el nombre, cuando la definición de la ley señala que esa información se refiere a ideología, raza, credo… Otro límite complicado son las trabas técnicas: certificado digital, pasos burocráticos que se demoran meses, hay que pedir cita en la Seguridad Social, Hacienda… Además, la ordenación territorial de España, un país que en la práctica funciona como una nación confederal, conlleva el problema añadido de que cada comunidad tiene un portal diferente y cada una legisla como quiere.

¿Cómo cambia esto entre diferentes comunidades autónomas?
Fïjate, en Cataluña al principio funcionaba muy mal, ahora funciona bastante bien. Madrid también marcha bien, en el sentido técnico, y Andalucía tampoco está mal, mientras que las peores experiencias las he tenido con los portales de Navarra, Extremadura y Canarias, que tiene un portal muy bien montado pero a la hora de la verdad, da fallos. Se trata de un derecho ciudadano, para que cualquier pueda ver, por ejemplo, qué está pasando en el colegio de su hijo y, en general, se dan pocas facilidades.

Si pudieras legislar, ¿qué cambiarías? ¿Dónde establecerías el límite?
En términos de derecho de acceso a la información cambiaría la Ley de Transparencia. Copiaría, por ejemplo, el procedimiento del Consejo General del Poder Judicial, que no exige identificación para preguntar. Replantearía los límites y aclararía el tema de los plazos, porque actualmente hay un gris que establece que el plazo cuenta a partir de un mes, pero no determina cuándo empieza a contar ese mes. Ese gris a veces demora el proceso un mes más. Otro punto que modificaría es el silencio positivo, no el silencio negativo, es decir, cuando la Administración no te responde y tienes que entender que tu petición ha sido denegada. En otros ámbitos se aplica el silencio positivo, dejando claro a qué tienes derecho de acceso. La Ley de Transparencia actual tiene un carácter complementario, en sus disposiciones adicionales señala que si otra ley regula el acceso a información específica, como pasa por ejemplo con la información tributaria, pesa más esa ley que la de Transparencia. Por tanto, tenemos una Ley de Transparencia muy débil. Y por último cambiaría la Ley de Secretos Oficiales en línea con lo que propuso el PNV, que es limitar los rangos de clasificación, sobre todo para evitar la discrecionalidad. Un ejemplo reciente es el del referéndum del 1-O. En ese momento hubo periodistas y ruedas de prensa en las que se alegaba que el Consejo de Ministros había declarado el secreto sobre una materia y que no podían dar información, sin embargo hace poco el ministro Zoido dio una información en el Congreso que se suponía que no podía dar porque estaba clasificada. Ha de haber un componente de valentía, el paradigma ha cambiado frente al que teníamos hace 25 años. Afrontemos la realidad.

La dirección de la Oficina de Conflictos de Interés es nombrada a propuesta del ministro de Hacienda, ¿qué opinas al respecto?
Quizás lo más limpio sería un concurso de méritos, con varios candidatos, lo más transparente posible y con requisitos técnicos exigibles a todos. A veces en la norma está la trampa. Hubo mucha crítica en el caso del Esther Arizmendi [fallecida en 2017], que fue directora del Consejo de Transparencia, y la verdad es que hizo un trabajo espectacular, a pesar de que la nombró el ministro Montoro [Hacienda]. En el caso de la Oficina de Conflictos de interés, hay que exigir una muestra más de claridad en una oficina como esta, que trata temas como las puertas giratorias. Los partidos tratan de meterle mano de una forma u otra. No se puede cercenar la vida laboral de una persona, pero tampoco se puede usar un puesto público para hacer cartera de clientes. La legislación sobre conflictos de interés es bastante buena, si se aplica.

¿Cómo te sientes cuando hablas de esto con periodistas de otros países?
Tienen otra mentalidad democrática y cultural. Desde la percepción de que la gente pide cuentas hasta el ‘yo pago mis impuestos y tengo derecho a saber en qué se gastan’. Pienso en varios países latinoamericanos, a los que desde España a veces miramos con actitud altiva, y que tienen un funcionamiento ejemplar en este sentido. Una colega de El Salvador me explicaba que a través de su Tribunal Constitucional hacían presión para garantizar que el acceso a la información pública fuera considerado un derecho humano, algo impensable aquí en España. Con el tema de los vuelos vimos que se llega a una situación tan extraña como que hay que llegar al Tribunal Supremo para sentar un precedente. Hay países latinoamericanos que nos llevan muchos años de ventaja en esto.