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Lo de Oxfam no es ‘campaña de acoso’ sino encubrimiento de abusos

Cunde la muy cuestionable idea de que se trata de desprestigiar a las ONG tras los casos de explotación sexual de varios trabajadores de Oxfam en Haití.

No es fácil escribir sobre las ONG. Se necesitaría un ensayo completo para describir la forma en la que sobre todo Europa y Estados Unidos han expoliado a los países del antes llamado “Tercer Mundo” –ahora no sé cómo lo llaman– para después devolverle migajas en forma de una caridad profundamente ligada a las prácticas del cristianismo. Sin embargo, a raíz de las denuncias contra Oxfam por violaciones y explotación sexual en Haití, cunde en ciertos sectores la tesis de que existe una campaña orquestada para desprestigiar a estas organizaciones. Y no se trata de eso. De ninguna manera.

Ya escribí aquí mismo sobre la criminalización del bien llevada a cabo por los conservadores. Lo hice a raíz de las denuncias contra Helena Maleno, la activista que ha salvado la vida de incontables emigrantes gracias a sus alertas sobre naufragios y zozobras de las embarcaciones con las que tratan de alcanzar este paraíso cruel. Sin embargo, el caso de Oxfam no tiene en absoluto que ver con esto.

Son elocuentes en este sentido las declaraciones de Mark Goldring, director ejecutivo de Oxfam Reino Unido, epicentro del delito. Porque es un delito. En fin, son varios. Goldring afirmó en una entrevista concedida el pasado 16 de febrero al diario The Guardian que las críticas le parecían “desproporcionadas”. Para enfatizar su opinión añadió: “La intensidad y ferocidad de los ataques te hace cuestionarte qué hemos hecho. ¿Hemos asesinado a bebés en sus cunas?”.

“Una salida digna”

A ver, en 2011, cuando Oxfam conoció los hechos, quien se encontraba al frente de la misión de la ONG en Haití era Roland van Hauwermeiren. Y resulta que Oxfam ya sabía que, en 2006, Roland van Hauwermeiren había hecho lo mismo en Chad. La reacción de Oxfam cuando se conocieron los abusos en Haití –abusos que por otra parte llevaban tiempo siendo denunciados– fue elaborar un informe interno en el que admitía no descartar “la existencia de menores entre los explotados” sexualmente en orgías que se llevaban a cabo en las propias dependencias de la organización. Despidió a cuatro responsables y admitió la dimisión de otros tres.

Los delitos se denuncian. Mucho más si se llevan a cabo en un acto de evidente abuso de poder y se tiene la sospecha de violación o explotación sexual de menores. Según informó The Times, Barbara Stocking, entonces directora ejecutiva de Oxfam, ofreció a Roland van Hauwermeiren “una salida gradual y digna”.

Participación activa

Después se han conocido los hechos, han aparecido más denuncias de explotación sexual, e incluso se ha acusado a algunos miembros de amenazas a los testigos. Y aparece una evidencia dolorosa: el problema no es que uno o varios miembros de la ONG explotaran sexualmente a aquellas personas a las que debían proteger –para lo cual además usaban fondos para la cooperación y otros procedentes de la ciudadanía–; el problema es el silencio de la organización, la “salida digna” para el presunto abusador, o sea la participación activa de Oxfam en el asunto. Pero es que, además, el hecho de que tal abuso no se considerara digno de denuncia e investigación por parte de las autoridades públicas, despierta la duda sobre qué consideración les merece a los directivos de una de las mayores ONG del mundo la población de esos países a los que, en teoría, socorre.

En declaraciones al diario El País, Pilar Orenes, subdirectora de Oxfam Intermón, declaraba la semana pasada: “Nosotros hemos reconocido el hecho en sí, y no solo eso, sino que compartimos la indignación, la tristeza y la vergüenza porque estas cosas pasen”. No se trata de compartir ni indignación ni tristeza, sino de denunciar ante las autoridades un posible –si no evidente– delito. En una línea parecida se manifestaba Mark Goldring sobre la “salida digna” de los acusados: “No se hizo para protegerles, sino de buena fe, para intentar equilibrar y ser transparentes mientras se protegía el trabajo de Oxfam”.

Y las dudas se multiplican: ¿Habría sucedido lo mismo de haberse dado los abusos en un país de la Unión Europea? ¿Se habría silenciado igual? ¿Por qué un posible abuso sexual a menores en Reino Unido o España se denuncia a la policía, y en Haití o Chad no? ¿Hasta qué punto la situación de pobreza y vulnerabilidad extrema de la víctima permite a las organizaciones el silencio? ¿En qué medida el hecho de pertenecer al llamado “Tercer Mundo” cubre el delito con un manto de impunidad? ¿Hasta qué punto nos encontramos, pues, ante nuevas formas de superioridad neocolonialistas y destinadas a calmar la conciencia del expolio?

Médicos Sin Fronteras y Acción contra el Hambre ya han admitido casos similares.  El presidente de Haití, Jovenel Moise, asegura que “el caso Oxfam es solo la parte visible del iceberg”.

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Comentarios
  1. En España se ofrece una alternativa para donar parte de la recaudación de impuestos a una religión donde se han destapado cientos de casos de pedofilia y todo tipo de abusos sexuales; aunque, algunas veces, parezca que esta opción religiosa predique contra ello.

    Oxfam es la primera ONG condenada por abusos de menores. Las instituciones europeas se radicalizan por primera vez, públicamente, verbalizando aquello de “tolerancia cero” en un discurso amenazador contra los abusos de menores. Suena a sentencia ese “con nuestro dinero no” que justifica socialmente a la institución y derriba a la organización no gubernamental que, sin duda, perdió en Haití hasta la más mínima ética.

    España debe tener inclinación a convertirse en una Región Ultra Periférica (RUP) en cuanto a ética europea se refiere. En este Estado del sur de Europa, se ofrece una alternativa para donar parte de la recaudación de impuestos a una religión donde se han destapado cientos de casos de pedofilia y todo tipo de abusos sexuales; aunque, algunas veces, parezca que esta opción religiosa predique contra ello.

    Es tan contradictorio lo que ocurre en la España de la UE, la de hoy, que se exime de pagar el impuesto de bienes inmuebles exclusivamente a esta organización religiosa. No pagan IBI ni por los templos, donde recaudan; ni en la gran mayoría de propiedades inmobiliarias. De hecho, sigue sin pagar IBI la parroquia donde al menos diez curas violaban y acosaban a muchos menores en Granada. Estaban organizados de tal forma que el caso se trató como el de una secta, debido también a sus prácticas: El caso Romanones.

    La España nacionalcatolicista de Franco tiene una heredera, que practica la desvergüenza de no esconderse. Viene de mano de la dinastía que el dictador dejó al frente y de aquella constitución de la transición que sigue hoy más viva que nunca. Una constitución que ampara a esta tendencia religiosa en concreto, y compromete para ella partidas presupuestarias preferenciales.

    Los acuerdos con la Santa Sede, firmados en 1979 por Marcelino Oreja, se suponen amparados por la constitución del 78, aunque no sean sino una prolongación actualizada del concordato de 1953. La iglesia está cambiando, pero nadie garantiza que no se sigan cometiendo ese tipo de abusos que son históricamente propios de la curia; hasta formar parte de una atribución tradicional que llega a tratar este mal con cierta sorna.

    Creo que tenemos que avergonzarnos de esas leyes y acuerdos que desvían fondos públicos hacia una religión en exclusiva, ya que todas las personas no practican la misma y algunas ninguna. Por otro lado, veo bien que se retiren fondos públicos a organizaciones involucradas o practicantes de abusos de menores: a ver si cunde el ejemplo y se hace del todo efectivo aquello de “tolerancia cero” y “con mi dinero no”.
    https://laicismo.org/2018/02/abusos-en-oxfam-no-es-un-caso-exclusivo/

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