El ‘modus operandi’ del Ibex 35 en América Latina

Grandes empresas del Ibex 35 con negocios en América Latina vulneran derechos elementales de las personas y el medio ambiente bajo «patrones sistemáticos» que van desde el supuesto pago de sobornos hasta la infiltración de colectivos que se oponen a sus megaproyectos, según el informe El Ibex 35 en guerra contra la vida, realizado por  Ecologistas en Acción, con ayuda del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y la organización Calala Fondo de Mujeres.

El informe, elaborado por Miriam García-Torres, analiza los conflictos socioecológicos y la violación de derechos relacionados con algunas prácticas de las transnacionales españolas. En este sentido, recuerdan la tragedia medioambiental de la represa Belo Monte (Brasil) -en cuya propiedad participa Iberdrola-; el impacto causado por la actividad de Repsol en la Amazonía peruana y los problemas generados en México por Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia, entre otros.

El informe arranca citando a numerosas instituciones y organismos internacionales que arrojan datos impactantes. Por ejemplo, 69 de las 100 entidades económicas más poderosas del mundo son multinacionales, no Estados. Las 10 corporaciones más grandes del planeta registran un volumen de negocio superior a la suma del PIB de 180 países.

Las estrategias de acumulación de poder de estas multinacionales han evolucionado con el tiempo, pero el objetivo sigue siendo el mismo: «Dar prioridad a la generación de beneficios económicos por encima de cualquier proceso de reproducción de la vida», sostiene García-Torres. América Latina, región periférica en el capitalismo global, es uno de los objetivos geoestratégicos más importantes para las grandes corporaciones de España, uno de los principales socios comerciales de la región.

El informe desvela las prácticas de las grandes corporaciones y pone en tela de juicio los métodos empleados para obtener el petróleo, el cobre o la madera, entre otras materias primas. Tal y como recoge este trabajo, no es casual que dos de cada tres activistas asesinados en 2017 realizaran su labor en América Latina (en total, más de 300 personas según Front Line Defenders), una región que desde tiempos coloniales depende económicamente de la exportación de materias primas a los países industrializados del norte. Tampoco lo es que el 40% de esas víctimas fueran indígenas. «Los asesinatos son solo la punta del iceberg de un patrón sistemático para acallar a quienes se enfrentan a los intereses corporativos, que incluyen amenazas, hostigamiento y detenciones, entre otras agresiones», sostiene García-Torres, especializada en conflictos socioecológicos y en ecología política feminista.

Indígenas y campesinos

Las violaciones de derechos humanos que cometen algunas grandes corporaciones españolas en América Latina presentan varios factores en común, según la investigación de García-Torres. Por lo general, tienen lugar en territorios en manos de indígenas y campesinos, dos grupos especialmente vulnerables que padecen la impunidad de altos cargos directivos y políticos en la región. Estas prácticas corporativas utilizan y al mismo tiempo profundizan la desigualdad entre hombres y mujeres en las comunidades afectadas, sostiene el informe. Como consecuencia, la llegada de multinacionales españolas acelera la pérdida de soberanía alimentaria y política de quienes habitan esas zonas, especialmente de las mujeres.

Otro punto en común de la ‘marca España’ en América Latina es la puesta en marcha de megaproyectos de distinta índole sin llevar a cabo ningún tipo de consulta previa con las personas afectadas por los mismos, tal y como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Para solventar estos escollos, las transnacionales cuentan con importantes aliados en grandes medios de comunicación y usan la influencia de exaltos cargos políticos (puertas giratorias).

También es frecuente, según denuncia el informe, que la actividad de las compañías del Ibex 35 en suelo latinoamericano tengan una incidencia especialmente desastrosa sobre los recursos hídricos y la tierra, dando lugar a graves casos de deforestación, pérdida de biodiversidad y fragmentación de ecosistemas, entre otros impactos ecológicos. Este factor, agravado por la falta de transparencia, aparece de la mano de prácticas también habituales en las multinacionales españolas, como el pago de sobornos, la creación de redes clientelares, la extorsión e incluso las injerencias en colectivos y organizaciones locales, añade el documento. «Estas agresiones no siempre son cometidas directamente por los actores corporativos, pero todas ellas tienen lugar en el marco de los conflictos originados por sus actividades y están dirigidas a asegurar los intereses económicos de sus inversiones», matiza Ecologistas en Acción.

Repsol: gas a toda costa en la Amazonía peruana

El caso de Repsol en Perú es uno de los más ilustrativos para comprender la dinámica que caracteriza el quehacer de las transnacionales españolas en América Latina. La petrolera española participa en el proyecto de gas de Camisea (Amazonía peruana), un negocio financiado por BBVA y participado por otras compañías con sede en Madrid. En Camisea se extrae el 95% del gas que produce Perú y afecta a un territorio protegido en el que habitan siete importantes comunidades indígenas, tres de ellas en situación de aislamiento voluntario.

Desde su llegada a Perú, Repsol jugó a influir en el gobierno para promover cambios legales que facilitasen su negocio a toda costa. Primero se benefició de las medidas del exdictador Alberto Fujimori, que abrió la puerta a las multinacionales extractivas, y más tarde aplaudió las medidas del expresidente Ollanta Humala (hoy preso por un caso de  corrupción que involucra a la española Enagás) en detrimento de la protección medioambiental e indígena, una tendencia que hoy continúa el presidente Pedro Kuczynski.

El informe repasa los megaproyectos de Repsol y sus sociedades en Perú, y cuantifica sus impactos: 10.000 barriles de gas licuado derramados en 2013, contaminación de acuíferos, merma de la fauna ictiológica («un mito», según un directivo de Repsol) y silvestre (se redujo en un 67%), y una constante precarización del trabajo y pérdida de soberanía alimentaria de las comunidades locales, cada vez más afectadas por los estragos naturales de la petrolera española y el entramado de sociedades con que opera en el país que alberga la segunda mayor reserva forestal de América Latina. Actualmente, el 80% de los indígenas nahua, uno de los pueblos afectados, padece contaminación por mercurio asociada a las explotaciones gasistas de Camisea.

ACS: las represas de la codicia en Guatemala

La constructora de Florentino Pérez también está envuelta en escándalos que reflejan la impunidad de las transnacionales españolas en América Latina. ACS participa en la construcción de tres plantas hidroeléctricas en el complejo Renace, el más grande de Guatemala. A través de su filial Cobra, el Grupo ACS usa sus nexos con el poder político guatemalteco y español para obtener beneficios y cambios legislativos que facilitan su negocio, en perjuicio del medio ambiente y de quienes viven del río Cahabón, el más importante del país.

ACS y otras empresas involucradas en este megaproyecto aseguran que están beneficiando al país. Sin embargo, el departamento de Alta Verapaz, que alberga numerosas poblaciones indígenas y un tercio del negocio hidroeléctrico, es la que menos cobertura eléctrica tiene en todo Guatemala. Solo el 3% de su población local atiene acceso a agua potable y los conflictos sociales han estallado debido a los daños que causa la multinacional española en los recursos hídricos de esta y otras regiones, así como la negativa de ACS a negociar con poblaciones locales, la invasión de pequeñas tierras en manos de familias que se niegan a venderlas. Al menos 263 defensores y defensoras ambientales críticos con este proyecto hidroeléctrico han sido atacadas, según datos de la UDEFEGUA. «Somos la mano de obra de los promotores, sin ninguna responsabilidad social», declaró una fuente de Cobra citada en el informe.

Corredor eólico en México

En una franja de Oaxaca, sureste de México, conocida como Istmo de Tehuantepec, viven cinco pueblos indígenas. Los vientos de este territorio hacen que sea un lugar muy atractivo para la generación de energía eólica. Actualmente varias corporaciones españolas construyen allí el corredor eólico más grande de América Latina (5.000 aerogeneradores), un proyecto que también se rige por el modus operandi de la ‘marca España’ en la región que describe el informe.

Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Acciona y Renovalia controlan más de la mitad de los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, y el 87% de sus aerogeneradores salieron de las plantas de Gamesa y Acciona. Este megaproyecto tampoco está exento de problemas: denuncias por apropiación de territorios y bienes comunes; problemas de discriminación (la población local sigue teniendo graves carencias de acceso a electricidad), pérdida de biodiversidad (allí convergen las principales rutas de aves migratorias), alteraciones en el cauce de los ríos, pérdida de tierra fértil, vertidos masivos de aceites y otros desechos…

El documento pone énfasis en cómo la falta de transparencia y diálogo con comunidades locales han hecho que este megaproyecto destruya el tejido social de ese territorio. Las multinacionales españolas mencionadas, especialmente Iberdrola, están acusadas de corromper a funcionarios públicos y ciudadanos para que se infiltren en las asambleas locales que denuncian y resisten ante estas prácticas. La supuesta connivencia entre las trasnacionales españolas y el poder político en México llega al punto de que son agentes de policía y militares quienes hacen de guardias privados en las instalaciones privadas de estas empresas. «Tanto es así que las comunidades locales han denunciado amenazas, intimidaciones y amedrantamiento por parte de personal de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia», recoge el informe. Este también informa de que, «en algunos casos, personas defensoras y periodistas que trabajan sobre el conflicto han recibido amenazas de muerte, y se han reportado actos de violencia física y agresiones con armas de fuego».

Las prácticas de las multinacionales en América Latina están agravando y aprovechando al mismo tiempo la desigualdad entre hombres y mujeres, explica García-Torres en el documento. Por un lado, las compañías españolas analizadas dan prioridad a las negociaciones bilaterales, dejando de lado el diálogo colectivo y excluyendo a las mujeres en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, estas corporaciones fomentan contrataciones precarias que dificultan la independencia de las mujeres. La violencia que se genera en torno a estos negocios y la frecuente militarización de los territorios afectados también representa una traba en el empoderamiento de las mujeres latinoamericanas. A pesar de todo esto, son ellas las que cada vez con más frecuencia lideran las luchas y resistencias frente a las crisis ecológicas, humanitarias y económicas que generan las multinacionales.

La publicación de este informe estuvo acompañada por un acto de protesta de varios activistas ante la Bolsa de Madrid. El documento subraya la importancia de crear leyes internacionales con carácter vinculante para evitar que estas prácticas sigan perpetuándose. Además, insta a la Unión Europea a suspender las negociaciones para la firma de nuevos tratados de libre comercio, al considerar que «refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad a favor de las transnacionales», y anima a las autoridades a potenciar las formas de economía social, bajo criterios ecologistas y feministas.