Asesinar periodistas en Guatemala

Ciudad de Guatemala (Guatemala) // Horas después de que el jueves 1 de febrero se presentase el Informe Anual de Reporteros sin Fronteras, el periodista Laurent Ángel Castillo Cifuentes, colaborador de Nuestro Diario, y el publicista Luis Alfredo Girón, de la radio Coaltepec, fueron brutalmente asesinados en una aldea del municipio de Mazatenango, en el departamento suroccidental de Suchitepéquez, en Guatemala. Los cuerpos de los reporteros fueron encontrados por cortadores de caña de azúcar en un cañaveral, atados de pies y manos, boca abajo, y con un tiro de gracia en la cabeza, según se recogió en el informe policía.

“No había noticias de que hubiesen recibido amenazas o que estuviesen siendo extorsionados por algún grupo criminal”, contó a La Marea Luis Ovalle, jefe de redacción y editor del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), creado el 8 de agosto de 1983 en una de las etapas más violentas y sangrientas de la guerra civil guatemalteca. “Las víctimas habían viajado a la ciudad de Mazatenango para cubrir las actividades del carnaval y elaborar, conjuntamente, una revista sobre la festividad”, comentó Luis Ovalle. El padre de Castillo aseguró que el periodista se comunicó con él a primera hora de la mañana, cuando se encontraba en una agencia bancaria justo tres horas antes de ser asesinados.

La Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas no proporcionó oficialmente “información sobre el crimen o posible secuestro de las víctimas”. Luis Ovalle, por su parte, cree que el crimen fue realizado por un grupo armado organizado y profesional por la manera en la que actuó. No fueron disparos sorpresivos en una emboscada. Antes de morir, los comunicadores fueron maniatados y posiblemente interrogados y golpeados por los asesinos. Los cuerpos sin vida aparecieron tirados entre desechos de caña seca casi en la misma posición, tal como mostraron algunas fotografías.

El observatorio periodístico emitió un comunicado oficial en que condenaba en los términos más enérgicos los dos asesinatos. Cerigua instó a la Unidad de Delitos contra Periodistas “a que efectúe una investigación rápida y expedita que permita esclarecer el doble crimen, individualizar, procesar y sancionar a los responsables materiales y posibles responsables intelectuales de estos asesinatos”. Y pidió protección para los fiscales durante el desarrollo de las pesquisas.

Con el asesinato de los dos comunicadores ya son 18 las muertes violentas de periodistas ocurridas desde el 1 de enero de 2015 en Guatemala. Solo en 2016 fueron asesinados 11 periodistas o comunicadores. Tres de estos crímenes se produjeron en la ciudad de Coatepeque, que significa “en el cerro de la serpiente” en náhuatl, desde 2016. El 25 de junio de ese año fue asesinado con un disparo en la cabeza Álvaro Alfredo Aceituno López, director de Radio Ilusión y el noticiero Acontecer Coatepecano. Un mes después, su hija, Lindaura Aceituno, también murió violentamente. Unos meses después, el 5 de noviembre de 2016, Hamilton Hernández, trabajador del noticiero Punto Rojo del Canal 5, y su esposa, Hermelinda González, fueron asesinados cuando se desplazaban a su vivienda por la noche. Sus pertenencias, incluida una cámara fotográfica, fueron robadas. 

Pero los crímenes de periodistas o comunicadores forman parte de la gaceta violenta del municipio desde 2015. Hace dos semanas fue detenido el parlamentario del partido oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Julio Juárez Ramírez, acusado de ordenar los asesinatos de los periodistas Danilo Efraín Zapón López y Federico Benjamín Salazar Gerónimo, ocurridos a plena luz día en marzo de 2015, en Mazatenango. En dicho suceso también resultó herido el comunicador Marvin Tunchez Ayala.

La investigación realizada por la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha conseguido establecer tres años después una relación directa del político y autor intelectual con los líderes de la estructura de sicarios que llevaron a cabo los asesinatos gracias a la recopilación de las conversaciones telefónicas y el testimonio de un colaborador eficaz en la investigación que demostrarían supuestamente que el diputado pagó 25.000 quetzales (unos 2.800 euros) por estos crímenes.

Según Luis Ovalle, “Danilo Zapón López, de Prensa Libre, había publicado informaciones que no gustaron al político. Los sicarios tenían orden de acabar con su vida, pero creemos que las otras dos víctimas fueron alcanzadas por las balas al encontrarse circunstancialmente junto a Zapón López en el momento del atentado”. Diez días después del asesinato de los dos informadores, más de 40 periodistas de diversos medios informativos firmaron una carta solicitando a la Cicig su intervención en las investigaciones porque “en el asesinato de los colegas parece haber vinculaciones con redes políticas y mafiosas que sobrepasan las capacidades de las autoridades locales”.

La carta, remitida el 26 de marzo de 2015, recordaba que ya habían existido amenazas en contra de los fiscales que investigaban el asesinato de estos dos periodistas y “que ese tipo de intimidaciones, después de hechos de sangre tan notorios, podrían paralizar la acción de la justicia”, y pedía la implementación del Protocolo de Protección para Periodistas.

Según diversas fuentes, anualmente se registra casi un centenar de atentados a hombres y mujeres de prensa y a la libertad de expresión. Luis Ovalle, portavoz de Cerigua, organización que lucha por “quebrar el cerco informativo tradicional que ha limitado el derecho a la información en el país” y, además, “impulsa una opción informativa diferente a las grandes cadenas noticiosas”, afirma que “el número de amenazas contra periodistas ha crecido en Guatemala” a pesar de la autocensura permanente”. Muchos periodistas de medios locales y radios comunitarias “nos aseguran que se abstienen de publicar informaciones sensibles sobre el crimen organizado, el narcotráfico o la corrupción de los grupos de poder local que incluye a gobernadores o alcaldes por miedo a las represalias”.

Según Reporteros sin Fronteras, las radios comunitarias guatemaltecas “constituyen uno de los principales medios de comunicación para numerosas comunidades en los departamentos de Guatemala, especialmente para las poblaciones mayoritariamente indígenas y aquellas en las que Internet o medios tradicionales como la televisión no tienen alcance”. El portavoz de Cerigua asegura que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha arremetido contra aquellos periodistas y medios críticos e independientes con el poder político. El Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas ha tenido que intervenir en varias ocasiones en el conflicto permanente entre el presidente y la prensa. Rodas emitió el 1 de febrero un informe en el que advertía que los periodistas que investigan casos de corrupción, abusos de poder o crímenes del narcotráfico son amenazados permanentemente.

También el alcalde de Ciudad de Guatemala y expresidente, Álvaro Arzu, afirmó  recientemente que “tenemos que pasar por encima de las cabeza de los medios de comunicación negativos” a los que acusó de difamar a las autoridades y al país. Ovalle cree que tanto las críticas del presidente como las del alcalde capitalino enrarecen el ambiente periodístico del país, incrementan los ataques contra los informadores y desprestigian a los medios que se atreven a informar de forma independiente.

Por eso Cerigua ha pedido a las autoridades estatales que “eviten pronunciar discursos de confrontación que promuevan la violencia en contra de medios de comunicación y periodistas críticos de su gestión”, y que, por el contrario, “condenen públicamente las agresiones contra los informadores, como lo ha pedido en más de una ocasión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Matar periodistas en América Latina es ya una tradición y suele salir muy barato porque los responsables intelectuales y los propios asesinos casi nunca son detenidos. Según la Federación de Periodistas de América latina y el Caribe, en 2016 hubo al menos 38 periodistas y comunicadores asesinados en el continente. Este número ya duplicaba al del 2015, cuando se registraron 17 víctimas fatales. Aunque algunos casos siguen en investigación, el Instituto Internacional de Prensa ha confirmado que 2017 finalizó con 23 periodistas asesinados en América Latina.