Las tres vergüenzas de España

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Estas son las principales asignaturas pendientes que el Estado se niega a corregir a pesar de los toques de atención  –y condenas– de organismos internacionales.

MIGRACIÓN

Devoluciones en caliente

Lo dicen juristas, ONG, el Consejo de Europa… Y una condena al Estado español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Existe una coincidencia mayoritaria sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente: no se trata de una práctica más de control migratorio, como alega el Gobierno, sino de una vulneración del derecho de asilo. El Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas ha vuelto a pedir que se acabe con ellas. Esto decía la ONU en su último informe: “Nos preocupa que dichas expulsiones se realicen sin las garantías suficientes”. Las devoluciones en caliente, que llevan años realizándose en la frontera de Ceuta y Melilla, fueron “legalizadas” por el Ejecutivo del PP con la Ley Mordaza –Ley de Seguridad Ciudadana–. Con esa normativa introducía, a través de una reforma de la Ley de Extranjería, el concepto de rechazo en frontera como un mecanismo legal para devolver sumariamente a las personas sin realizar trámite alguno.

Recientemente, fue denunciada la muerte de siete mujeres en una de esas devoluciones, de las que el Estado asegura no saber nada. En otro informe, Amnistía Internacional cita el caso concreto de la expulsión colectiva de al menos 60 personas el 9 de septiembre de 2016: “Habían conseguido entrar en territorio español saltando las vallas y, antes de su expulsión, algunas de estas personas fueron golpeadas por agentes marroquíes que penetraron en la zona intermedia entre las vallas, que es territorio español. Algunas de las que fueron devueltas a Marruecos resultaron heridas”. Hasta el momento, ninguna promesa sobre la derogación de esta ley se ha cumplido. El Senado votó en contra de una propuesta de Podemos en noviembre pidiendo el fin de esta práctica. El PSOE se abstuvo alegando que era partidista y que su proyecto para reformar la Ley de Extranjería ya se está tramitando en el Congreso.

MEMORIA HISTÓRICA

Ley de Amnistía

“No son asuntos de política partidista, sino de principios y derechos generales que conciernen a todos”, expresó el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, en su visita a España en 2014. El organismo ha seguido recordando a España su obligación de reparar a las víctimas del franquismo, sin éxito. “España debe velar para que se identifiquen a los responsables, se les enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas”, exigía en su último informe el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El Gobierno del PP, sin embargo, no ha movido un dedo para corregir o, al menos, interesarse por esta petición. Los crímenes del franquismo, hasta ahora, están siendo juzgados por un tribunal argentino y el presupuesto que el Gobierno dedica a estas cuestiones –siendo el segundo país con mayor número de desaparecidos– asciende a 0 euros. El organismo de la ONU también insta al Gobierno a derogar la Ley de Amnistía de 1977, que es justo la norma a la que se remiten los jueces para evitar investigar los crímenes. Los familiares de víctimas llevan años en una lucha sin apoyo institucional ante una causa que debería ser asunto de Estado. La apología del franquismo no es delito en España. Y mientras, la Fundación Francisco Franco ha recibido* subvenciones públicas. Vivimos, como recogimos en #LaMarea26, en un país sin memoria. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura desconocer por qué se le cambia el nombre a las calles.

TORTURAS

Abusos policiales

La violación de derechos humanos por agentes policiales está también entre las graves asignaturas pendientes de España. El mismo informe de la ONU reprocha al Gobierno que conceda indultos a agentes condenados por torturas y que no se investiguen con contundencia las denuncias. En la causa de Xabier Beortegui Martínez, detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación antiterrorista, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió una vez más que España violaba la prohibición de la tortura y otros malos tratos al no investigar de manera eficaz las denuncias de tortura infligida a personas detenidas en régimen de incomunicación.

“Era la séptima vez que el tribunal dictaba una sentencia de esta índole contra España”, recoge Amnistía Internacional, que señala también el caso de Ester Quintana, quien perdió un ojo en noviembre de 2012 por el impacto de una pelota de goma disparada por los Mossos d’Esquadra durante una protesta. Fueron absueltos porque el tribunal no pudo determinar cuál de los agentes había disparado el proyectil. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) acaba de publicar un duro informe en el que denuncia que en las cárceles se recurre a la inmovilización de los presos durante largos periodos (días y horas, y no minutos) sin ningún tipo de supervisión ni registro adecuado. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en su informe de 2015, ha recopilado 128 situaciones que afectó a 230 personas. Estas agresiones se produjeron sobre personas bajo custodia de los funcionarios (comisarías, cuarteles, prisiones u otros centros de privación de libertad) y/o en el transcurso de intervenciones policiales (represión de manifestaciones, etc.). Desde 2004, la organización ha reunido 3.261 situaciones de torturas o malos tratos.

*Por error publicamos «recibe».