“Archidona es un banco de pruebas para normalizar el encarcelamiento de inmigrantes”

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La abogada y senadora de Podemos Maribel Mora ha seguido muy de cerca durante años la situación de la población reclusa y migrante como miembro de Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A). La semana pasada visitó la cárcel de Archidona (Málaga), que ha sido reconvertida en CIE por el Ministerio de Interior. El Defensor del Pueblo, en una visita anterior a las instalaciones, ha constatado la violación de derechos de las personas allí encarceladas.

¿Cómo se han podido encarcelar a migrantes en la cárcel de Archidona?

En primer lugar, hay que afirmar tajantemente que la reclusión de cientos de migrantes, recién llegados a nuestras costas en patera, atenta contra la legalidad vigente, contra la propia Ley de Extranjería que aprobó el PSOE y sobre la que el PP posteriormente incluyó modificaciones que amparaban, por ejemplo, las devoluciones en caliente que ya se practicaban durante el gobierno socialista. En las resoluciones judiciales que el Ministerio del Interior utiliza para justificar su actuación se habla de internamiento en un centro de carácter no penitenciario dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, cuando es un centro precisamente penitenciario por un lado y no existe siquiera una Jefatura Superior de Policía en Archidona por otro. Otros autos hablan del centro de internamiento de extranjeros habilitado que corresponda (es la nomenclatura que se utiliza para habilitar centros temporales) y esta cárcel no dispone de ninguna orden que le habilite como centro de internamiento temporal. Entre otras cosas porque no es posible hacerlo en un centro de carácter penitenciario. Es más, la orden que está publicada en el BOE el 18 de marzo de 2017 es de creación como centro penitenciario. Me consta que varios colectivos sociales han puesto en manos de la Fiscalía esta grave irregularidad. Y ya hemos presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, detallando estas graves irregularidades que observamos e instándole a que actúe con urgencia ante una vulneración evidente de los derechos fundamentales de las personas a las que se ha privado de su libertad.

¿Entonces cómo, aun así, están encarcelados? El Defensor del Pueblo ya ha dicho que esas condiciones violan los derechos de esas personas…

Sucede, por desgracia, que aunque existen organismos a nivel estatal como internacional con competencias para fiscalizar posibles violaciones de los derechos humanos, Defensor del Pueblo y Tribunal Europeo de Derechos Humanos por ejemplo, no existen mecanismos para hacer efectivos sus dictámenes. En el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto a las devoluciones en caliente, que considera ilegales, ya hemos visto que el Gobierno no lo acata cuando no le parece porque no hay mecanismos para que hagan ejecutivas sus sentencias. En el caso del Defensor del Pueblo, puede emitir recomendaciones solamente. En el caso de Archidona, el Defensor reconoce que se dan numerosas irregularidades y vulneraciones de la legalidad y de los derechos humanos, pero no insta a su cierre, entre otras cosas porque no tiene competencias para hacerlo. Eso sí, puede ser más o menos contundente y crítico con el Gobierno. En este caso toca ser lo más tajante posible porque estamos hablando de uno de los actos más graves en la historia de los internamientos de migrantes en España y un banco de pruebas para normalizar esta barbaridad y usar módulos de prisiones para internar inmigrantes que lleguen en pateras.

¿Cree que el Gobierno está endureciendo –aún más– las medidas contra la migración conscientemente, es decir, como un nuevo modelo iniciado con la legalización de las devoluciones en caliente?

Sí, así es. Nuestro país, por desgracia, ha sido el alumno aventajado de una Europa que prefiere mirar hacia otra parte ante la crisis humana que afecta a África, Oriente Medio y al conjunto del mundo árabe. La misma política de externalización de fronteras que Europa ha negociado con un país como Turquía, con acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos, ya las habían puesto en práctica gobiernos españoles de diferente signo político (PP y PSOE) con Marruecos y otros países africanos, Estados con un grave déficit democrático. Lo que ha sucedido en Archidona puede sentar un grave precedente. El Gobierno ha recluido en una prisión a cientos de personas migrantes que huyen de la violencia y la miseria, algunos siendo víctimas de mafias que les han traído a Europa a través de una peligrosa travesía en patera. Cuando eso sucede, nos podemos temer lo peor, es decir, la criminalización de las personas migrantes. Es un banco de pruebas para ver cómo reacciona la opinión pública ante el hecho de recluir a migrantes en las cárceles. Si consiguen que esta posibilidad se normalice en la ciudadanía nos vamos a encontrar con que el Gobierno planteará una reforma legal en este sentido. Es un momento muy peligroso y grave.

¿Y cree que está habiendo suficiente contestación con respecto al caso de Archidona?

Creo que, a pesar de que numerosos movimientos y colectivos sociales están denunciando el inhumano encarcelamiento de migrantes en Archidona, la actualidad informativa que se nos impone va por otros caminos y un suceso tan grave y terrible pasa desapercibido para la mayoría de la población. Por eso vamos a seguir denunciando esta situación y estoy convencida de que habrá una importante contestación social y muchas personas que ocupamos puestos de responsabilidad política haremos todo lo posible para evitar la criminalización de la pobreza, y la ampliación de los políticas de externalización de fronteras que, pisoteando los DDHH de las personas migrantes, es lo que suponen los planteamientos del Partido Popular.

¿Qué opina de la presentación del CIE de Algeciras que hizo el ministro Zoido?

Me parece lamentable que el señor Zoido se atreva a acudir a Algeciras, donde hay un CIE cuyo plan de emergencia reconoce que sería imposible evacuar a las personas internas en caso de incendio. El ministro Zoido presentaba feliz un nuevo modelo de CIE pretendiendo hacernos creer que se trata de una especie de hotel 5 estrellas para inmigrantes. Por cierto, esas condiciones que vendía a bombo y platillo como algo fantástico que graciosamente pretende dar a los migrantes que encierra, son solamente las condiciones que según nuestra actual legislación deberían tener todos los CIE. No hay ningún CIE 5 estrellas, como Zoido nos intenta hacer creer. Se está publicitando la creación de nuevos CIE sin analizar si quiera la efectividad del sistema. Más de la mitad de las personas que internamos no son expulsables y quedan después en libertad. No tiene sentido que les dejemos hasta 60 días sin libertad para nada. En el CIE de Algeciras no se llegan a expulsar ni el 4% de las personas que se internan. Eso sí, el sufrimiento de alguien que llega después de meses o años de tránsito huyendo para terminar aquí es indescriptible. Estamos internando a personas que sufren naufragios en la patera donde ven perder la vida a amigos o compañeros de viaje, y tal como los rescatamos en el mar los metemos en un CIE.

¿Qué es lo peor del CIE en sí mismo?

Es terrible el hecho de que a una persona que no ha cometido ningún delito, sino una simple falta administrativa al acceder irregularmente a territorio español (entre otras cosas porque no hay vías seguras para hacerlo de forma regularizada), se la prive de libertad, se le limiten sus derechos más esenciales y se la obligue a vivir en condiciones inhumanas, tal y como sucede en los CIE de Algeciras y Tarifa, por ejemplo. A todo ello hay que añadir que los CIE no son siquiera útiles para la política migratoria del actual Gobierno. A la mayoría de personas a las que se interna no se las podré devolver a sus países de origen, porque no hay convenios de retorno firmados con los mismos. Y eso el Gobierno lo sabe. ¿Por qué mantienen los CIE como una herramienta central en sus políticas migratorias? Por que es mucho más fácil jugar con el miedo mostrando un enemigo, al que se criminaliza, que viene de fuera y que viene a “robarnos” lo que tenemos, mostrando así a “sujetos” a los que se trata como objetos y son deshumanizados. Sin embargo, otra política migratoria es posible. Respetuosa con la legalidad internacional de Derechos Humanos que España ha suscrito, y con nuestra propia legalidad, pero el Gobierno no está interesada en ello.

¿Por qué se incumplen sistemáticamente los DDHH si son eso, derechos humanos?

Los derechos humanos se vulneran, por desgracia, a lo largo y ancho del mundo, tanto en los países en vías de desarrollo como en las sociedades occidentales, en las que presuponemos que existen más garantías y libertades. Los responsables son los propios gobiernos en la mayoría de los casos. Las personas no se colocan en el centro de las prioridades políticas. A parte de que se usan dobles raseros y no se garantizan igual a todas las personas. 

¿Por qué no ocurre nada cuando los Estados violan los DDHH?

Recientemente en el Senado se ratificó el CETA, un tratado comercial que, una vez aprobado, vincula de manera efectiva a los Estados firmantes para afectar radicalmente a la sociedad en su conjunto. Sin embargo y muy lamentablemente, no sucede lo mismo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con otros convenios internacionales, que para los Estados tienen un carácter meramente simbólico. En este sentido, por ejemplo, es sintomático lo que sucede en Europa, a priori una referencia en materia de libertades y donde existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como digo, y cuyas sentencias no son de obligado cumplimiento por los Estados firmantes. Los pilares europeos se basan después de la II Guerra Mundial en proteger por ejemplo a los refugiados. Sin embargo, los intereses espurios tanto en este tema como en otros muchos están transformando Europa en un espacio insolidario y racista.

¿Cuánto hemos retrocedido en el cumplimiento de los DDHH?

Efectivamente, durante la última década, existe un retroceso en materia de derechos humanos que tiene que ver con una crisis (económica, política e incluso civilizatoria) de índole global. Sucede en un Oriente Medio que se desangra por las guerras y la violencia, pero también en una Europa que se sacude con movimientos xenófobos, islamófobos y antisemitas. Pienso que estamos en un momento crítico en el que es muy importante que a nivel personal y colectivo analicemos en qué sociedad queremos vivir y qué mundo vamos a dejar para quienes nos sucedan.

¿Y en España?

España, por desgracia, no es una referencia en materia de derechos humanos. El pasado 3 de octubre conocimos una sentencia del TEDH que consideraba “ilegales y contrarias a los derechos humanos” las devoluciones en caliente que se producen en nuestra frontera sur. Sin embargo, es algo que afecta al común de la sociedad y las políticas puestas en marcha por el Partido Popular durante los últimos años son una amenaza al común de la sociedad. Aunque debemos recordar que fue en épocas del Gobierno del PSOE cuando se comenzaron a realizar estas prácticas inhumanas y fueron quienes pusieron las concertinas. Es una realidad que las personas migrantes son víctimas sistemáticas de unas políticas que durante los últimos años han recortado sus derechos. Miles de migrantes malviven durante años en nuestro Estado sin posibilidad de tener papeles, tener por tanto trabajo legalizado, se les niegan derechos como ciudadanos pero no pueden volver a sus lugares de origen. Son ciudadanos de segunda categoría a los que abandonamos y miramos hacia otro lado. Las cárceles, donde como activista he estado involucrada durante 20 años, son otros de los lugares donde observamos preocupantes violaciones de los derechos humanos. De hecho el TEDH nos ha condenado ocho veces por no investigar suficientemente casos de malos tratos o torturas. Es quizás este uno de los mayores problemas de vulneración de DDHH que además se niegan. Mientras que se niegue la existencia de la tortura no avanzaremos como sociedad para erradicarla.

¿Qué derecho se incumpla en las cárceles españolas todos los días?

El derecho a la salud, por ejemplo. Un 40% de la población reclusa de nuestro país padece algún trastorno mental y en muchas prisiones no acude ningún psiquiatra. Un 6% es portador del VIH y hasta un 20% tiene hepatitis C sin que, por ejemplo, tengan acceso a los últimos tratamientos para combatir la hepatitis C en igualdad de condiciones que las personas en libertad. Las condiciones de la atención sanitaria en las prisiones son muy deficientes.

¿Qué es lo más doloroso que ha visto en primera persona relacionado con el incumplimiento de los DDHH?

Los casos de tortura, que afectan fundamentalmente a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, personas presas o migrantes. Por desgracia en nuestra frontera sur y en las cárceles españolas se ven casos de vulneración de los derechos humanos terribles y escandalosos.

¿La sociedad sabe en general qué son los DDHH y que se violan a diario, por ejemplo, en asuntos de sanidad, vivienda, educación…?

Yo sí creo que las personas tenemos conciencia, por un instinto casi natural, de lo que es justo y de lo que no lo es. Hace ya varios años, con el estallido del 15-M, pudimos observar a una sociedad que se rebelaba contra la injusticia, que exigía fundamentalmente dignidad. También pienso que tanto la crisis económica como las nefastas políticas de los últimos años son un grave peligro, porque es posible que puedan generar sociedades menos solidarias, más arbitrarias e individualistas.

Se está legislando incluso contra los derechos humanos. La ley mordaza, otro ejemplo.

Para mí es evidente que la ley mordaza tiene como principal objetivo criminalizar la legítima protesta de una sociedad que se movilizaba contra los recortes sociales y contra la corrupción. Creo que la mayor parte de los gobernantes europeos son también conscientes de la involución democrática que la ley mordaza supone. Sin embargo, la actual Europa se ha edificado sobre los principios económicos del neoliberalismo y no sobre el respeto a los derechos humanos.

¿Por qué no se ha derogado todavía?

Tengo una absoluta confianza en que existe una mayoría parlamentaria que nos va a permitir derogarla en la actual legislatura. Es evidente que una amplia mayoría social está en contra de los recortes de libertad que el PP puso en marcha amparándose en su mayoría absoluta. Esperemos que esa mayoría social sea también mayoría parlamentaria.

¿Qué relación ve entre DDHH y el sistema económico en el que vivimos? ¿Qué papel juegan las políticas de austeridad y recortes?

Se trata de una relación estrecha y directa. Las sociedades que más se preocupan por respetar los derechos humanos son aquellas donde menos desigualdades existen y donde se procura garantizar al conjunto de la población unas condiciones mínimas de dignidad. Los recortes y el austericidio de la última década nos ubican en una perspectiva contraria. Cuando se recorta en sanidad y en educación, obviamente, se está recortando en derechos humanos y se está menoscabando la dignidad de nuestra sociedad.

¿Hacia dónde vamos en general? ¿Cómo quedarán los DDHH pongamos año 2049? Habría que redactarlos de nuevo?

Más que redactarlos de nuevo, creo que es necesario garantizarlos. Creo que durante los últimos años se ha producido una grave involución. A escala global, pero también en el Estado español. No soy capaz de prever en qué situación nos encontraremos en 2049, pero soy optimista y quiero pensar que podemos invertir la última deriva que hemos vivido. Eso solo será posible si la mayoría social lucha para que la minoría que ostenta el poder económico no imponga un modelo de sociedad donde unos pocos hacen el agosto a costa de los derechos del resto.

¿Es mayor el cumplimiento de los DDHH que su vulneración?

Es complicado hacer ese cálculo. Creo que es más interesante pensar sobre la dirección en la que vamos. Se trata de una reflexión tanto personal como colectiva respecto a la sociedad en la que queremos vivir, sobre las condiciones de vida que queremos, no solo para nosotras mismas, sino para nuestras semejantes también.