Condenados a quedarse en Melilla por negarse a ser ‘chivatos’ de la Guardia Civil

En Melilla hay un padre que ve en España la única oportunidad que le queda para poder reunirse con su hija y su mujer en Francia. Se trata de Mamadou Mohamed, un joven de Guinea Conakry que lleva quince meses atrapado en la ciudad autónoma como represalia por negarse a “ser chivato de la Guardia Civil”, según ha contado a La Marea tras la publicación de su testimonio en un vídeo de la ONG Prodein. “Conseguí cruzar a Melilla por la frontera de Farhana. Me hice pasar por pintor con un cubo de pintura y cuando llegué al puesto salí corriendo. Cuando estaba cerca del CETI, guardias civiles me detuvieron y me pegaron bien. Me llevaron en coche a Farhana para preguntarme si había cruzado por ahí”, narra Mohamed. Un relato que confirma José Palazón, defensor de derechos humanos premiado por el Consejo General de la Abogacía Española en 2016 por su labor con Prodein.

No he venido hasta aquí para trabajar de chivato. CETI de Melilla. from Asociación Pro.De.In. Melilla on Vimeo.

Aquel día, como tantos otros, Palazón se encontraba en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) cuando vio cómo la Guardia Civil detenía a Mohamed y se lo llevaba de vuelta a la frontera. “Pensé que lo iban a devolver”, recuerda. Pero no fue así. “De allí me llevaron a su edificio y me tuvieron dos horas hablando solo con ellos, sin abogado ni nada. Yo les hablaba, aunque no tenía información, porque en Melilla no hay ley. Eso lo aprendí la primera vez que entré aquí y me devolvieron a Marruecos”, añade Mohamed.

Lo hicieron mediante las llamadas devoluciones en caliente, por las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por ser ilegales al tratarse de expulsiones de carácter colectivo que, además, vulneran el derecho al recurso efectivo, lo que incumple así el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pese a ello, estas prácticas siguen efectuándose de manera regular tanto en Ceuta como en Melilla, según confirma Prodein y Caminando Fronteras.

|#VÍDEO| La Guardia Civil aplica cuatro ‘devoluciones en caliente’ en la valla de Ceuta esta madrugada. Reiteramos la ilegalidad de esta práctica que vulnera los derechos más fundamentales. pic.twitter.com/oUEewo7Bvj

— Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) 21 de noviembre de 2017

“Me pedían información sobre cómo entra la gente aquí en coche, quién les trae, la matrícula… ¡Pero yo no entré en coche! Siempre me dicen lo mismo, que si no hablo no voy a volver a ver a mi bebé y a mi mujer, que me van a deportar a mi país”, explica Mohamed por teléfono en un discurso que es un torrente de desesperación.

A los dos meses de estar en Melilla, según su relato, trabajadores del CETI le notificaron su salida en uno de los ferrys que semanalmente trasladan a personas a la Península. Salvo los solicitantes de asilo de países como Siria, a la mayoría le entregan en el mismo instante de embarcar la orden de expulsión que les condena a pasar, al menos, tres años de clandestinidad en la Península. Muchos de ellos terminarán en un CIE. De estos, un 30%, deportados. El resto, sometidos al temor de ser detenidos durante redadas policiales basadas en su perfil étnico –consideradas ilegales por las Naciones Unidas por ser discriminatorias– y, muchos, explotados laboralmente sin posibilidad de denunciar por su situación administrativa irregular.

Cuando aquel día Mohamed se dispuso a partir hacia el puerto para tomar el barco, descubrió que el número que le habían entregado no se encontraba en la lista de salidas. “Tú ya sabes por qué”, cuenta que le contestaron en el CETI cuando preguntó. Es la misma respuesta que obtuvo, una y otra vez, Taffou Nyame Renaud.

El caro precio de negarse a ser informante

“Lo mismo me pasó a mí. Lo mismo”, subraya Renaud por vía telefónica desde Madrid, donde reside en la actualidad. El caso del camerunés Renaud, conocido en su entorno como Belleti, se hizo conocido en febrero de 2015, cuando publicó unas grabaciones de audio en las que se escuchaban las coacciones a las que le sometía un agente del Instituto Armado de Melilla para que se convirtiese en confidente. A cambio, le conseguiría los papeles de residencia como –decía– ya había hecho en muchas otras ocasiones. Ante su negativa, el agente –conocido por el sobrenombre de Willy– le advertía de que, entonces, nunca saldría de la ciudad fronteriza. De hecho, Renaud, pasó nueve meses allí, mientras la mayoría de los migrantes del África subsahariana no suelen pasar más de tres o cuatro meses antes de ser trasladados a la Península. En una ocasión llegaron a trasladarlo al ferry para su salida a la Península. Pero una vez allí fue detenido y llevado de vuelta al CETI. “Cuando le preguntaba al director y a las trabajadoras sociales qué pasaba conmigo, siempre me decían que fuese a hablar con la Guardia Civil. Yo les decía que eran ellos los responsables del centro y que debían ayudarme si tenía un problema. Pero allí te tratan fatal”, cuenta Renaud.

“El CETI, más que un centro de retención, es un espacio de estudio de quiénes son los inmigrantes, qué quieren, si alguno es terrorista… No digo que no tenga que controlarse eso, pero en esa labor de inteligencia colaboran todos”, opina Palazón. De hecho, tanto él como la fotoperiodista Teresa Palomo, gran conocedora de la realidad en las fronteras de Ceuta y Melilla y pareja de Renaud, coinciden en que las coacciones para que los migrantes se conviertan en confidentes son una práctica habitual. “Eligen chicos al azar. Los suelen llevar al sótano de la la Comandancia de la Guardia Civil. Allí pueden ser más agresivos para sacarles información o más persuasivos, comprándoles zapatillas, móviles… Es normal que muchos accedan porque llevan mucho tiempo en Marruecos esperando poder cruzar. Pero no es solo que no les dejen pasar, es que les dan pequeñas señales de esperanza de que van a poder irse y en el último momento se lo impiden, como le pasó a Belleti o a Mamadou. Es una guerra psicológica”, concluye Palomo.

Una mañana de febrero de 2015, llamaron al apartamento en Melilla de Palomo, donde se encontraba Renaud. Lo detuvieron y trasladaron al CIE de Barcelona. “Fue una represalia por no haber querido ser chivato. Me lo habían advertido”, asegura. Gracias a la publicación de los audios en los que se escuchaban las coacciones, a la interposición de una querella contra la Guardia Civil por la devolución en caliente que había sufrido meses antes –y que documentó grabando su salto a la valla– y a una campaña a la que se sumaron decenas de organizaciones sociales, Renaud fue puesto en libertad tras admitirse a trámite su solicitud de asilo por silencio administrativo. Es decir, por no haber sido respondida en los plazos legales. “Ese día íbamos a entrar en el CIE de Barcelona con una visita parlamentaria. Fue un éxito colectivo por todas las acciones que habíamos hecho”.

Hay un tercer caso de personas que hayan sido retenidas en Melilla como consecuencia de no haber querido convertirse en informante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se trata de Farah (omitimos sus apellidos por razones de seguridad), una mujer argelina a la que esta periodista conoció cuando cocinaba a la intemperie para luego vender sus dulces. Vivía con sus cinco hijos en las chabolas que algunos migrantes habían construido en las inmediaciones del CETI ante sus condiciones de hacinamiento y cansadas de pasar años encerradas en un lugar en el que no gozan de ningún tipo de control sobre su vida cotidiana: qué comen, a qué hora se levantan o se acuestan, con quién comparten habitación… Unas condiciones propias del sistema penitenciario devastadoras en términos psicológicos.

Al contrario de lo que ocurre con la inmensa mayoría de mujeres que llegan a Melilla solas con sus hijos –que suelen ser trasladadas en pocas semanas a la Península–, Farah pasó años atrapada en Melilla por su negativa a ser confidente, según aseguró en 2012 y confirma Prodein, que siguió su caso durante años. “Guardias civiles le advirtieron que nunca iban a salir y que sus hijos nunca conseguirían papeles”, explica Palazón. “Y así fue. Tras años malviviendo, dos de sus hijos terminaron cayendo en la droga. Fue entonces cuando decidió volver a Argelia”, añade.

Según la fotoperiodista Teresa Palomo “es lícito que la Guardia Civil pida colaboración para destapar una mafia. Pero tiene que ser de una manera voluntaria y mediante la firma de unos documentos acreditando que vas a ofrecer esa información a cambio de una protección y unos derechos. Pero no coaccionando, como lo están haciendo ahora con Mamadou”.

La Marea ha intentado contrastar estas declaraciones con la Guardia Civil, que ha declinado hacer comentarios. Tampoco en el CETI de Melilla han atendido a nuestras preguntas.  

“Soy inmigrante, no policía”

Mamadou Mohamed tiene 27 años y salió de su país a los 20. Pasó cuatro años en Marruecos antes de conseguir entrar en Melilla. Allí sufrió agresiones por parte de la policía marroquí, cuyas secuelas se pueden ver en esta fotografía. Pasó hambre y trabajó en distintas labores por menos de siete euros al día. Fue en el reino alauí donde se reunió con su mujer, que partió después que él de Guinea Conakry, y donde tuvieron a su bebé. La niña no paraba de llorar y gritar por las noches, por lo que el equipo de religiosos que atienden a los inmigrantes en la frontera marroquí, la llevaron a hacerle pruebas al hospital de Nador. La madre, desesperada por la falta de mejoría de la niña, decidió que ya no esperaría más y que tomaría una patera desde esta ciudad hasta Melilla, según cuenta Mohamed.

Él no era partidario por lo riesgoso del viaje, pero ella estaba determinada y consiguió que familiares que viven en Albania le mandaran dinero. No consiguieron suficiente para el pasaje de los tres, así que zarpó ella con la cría previo pago de 800 euros. Cuando Mohamed consiguió llegar a Melilla, ellas ya estaban en la Península. Separados desde hace quince meses, ahora le esperan en Francia.

“Estoy desesperado, yo no vine para vivir en el CETI. Cuando veo irse a otros guineanos que llegaron hace dos meses, es algo que me vuelve loco. No puedo dormir y estoy cansado de mi vida”, explota Mohamed, que envía numerosas fotos con su hija y su madre. Las mismas que enseña a los guardias civiles cada vez que le recuerdan su oferta. “Y ellos siempre me dicen que si no acepto nunca me voy a encontrar con ellos. Pero yo no soy un policía, soy un inmigrante”, concluye.

Mohamed ha decidido hacer público su caso por la siguiente razón: “Si me pasa algo cuando intente llegar a Francia por Libia, quiero que sepan por qué fue”.

Mohamed habla con su hija a través de un dispositivo electrónico.