Demandar a quien mata el futuro

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Corría el mes de junio, y la primera de las olas de calor del verano azotaba la Península Ibérica. En los alrededores de Leiria, Portugal, el mercurio marcaba más de 40 grados el día 17, cuando se declaró el incendio. No se conoce la causa del fuego con exactitud, pero sí sus consecuencias: 64 muertos y más de 200 heridos. También se sabe lo que hizo la catástrofe más probable: el viento, las altas temperaturas y la sequía. Unas condiciones que se darán más a menudo en el futuro como consecuencia directa del cambio climático.

Tres meses después de la tragedia, y todavía con temperaturas de récord, un grupo de siete habitantes de Leiria se embarcaban en una campaña singular: la denuncia ante Estrasburgo de los países que más gases de efecto invernadero emiten de entre los 47 firmantes de la Convención Europea de Derechos Humanos. «Sabemos muy bien que nuestro futuro está amenazado por el cambio climático», afirman en un comunicado conjunto. La mayor, Claudia, tiene 18 años. Mariana, la más joven, solo cinco.

Gerry Liston, abogado de la Red Global de Acción Legal (GLAN, por sus siglas en inglés), es uno de los encargados de la campaña, que ha arrancado con un crowdfunding para hacer frente a los 390.000 euros que calculan costará el proceso y los gastos mediáticos asociados. «El cambio climático supone la mayor amenaza para los derechos humanos en el territorio cubierto por la Convención, y los Estados no están haciendo lo suficiente para enfrentarse a él», explica el letrado. Los países tienen «la obligación positiva de tomar las medidas que estén a su alcance, razonablemente, para evitar que los derechos protegidos por la convención se vean amenazados», añade.

Precisamente porque las pruebas de la acusación son, en opinión de Liston, tan sólidas, el caso comienza con optimismo por parte del equipo. Si ganan, avanza el letrado, la decisión del tribunal sería vinculante: «Operaría como si un tratado internacional hubiese entrado en vigor entre los Estados contra los que se presentase el caso». Es muy pronto para saber lo que dictarán los jueces. Ni siquiera se han recaudado todavía los fondos para llevar a cabo la demanda, pero si efectivamente la justicia diera la razón a los denunciantes, los países tendrían que asumir «recortes a las emisiones hasta un nivel consistente con lo que diga la ciencia que se necesita para evitar los peligros del cambio climático». Y se podría obligar a las naciones con reservas de hidrocarburos a que dejaran una parte, o la totalidad, sin explotar.

Otras iniciativas legales

Desde Australia a Uganda, pasando por Pakistán y Estados Unidos, los niños de Leiria no son los primeros en tomar iniciativas legales en contra de los gobiernos que, por acción u omisión, no protegen a sus ciudadanos de los efectos nocivos del calentamiento global. Para Jacob Lebel, un agricultor de 20 años de Oregón (Estados Unidos), no es una sorpresa que GLAN presente esta denuncia. Él es una de las 21 personas que han demandado al Gobierno de su país en uno de los casos más famosos del mundo en la lucha contra el cambio climático (Juliana et al). Lebel explica a La Marea que su mayor responsabilidad, además de personarse en el juicio, es la de ser la cara visible de la campaña: «Tienes que entender el problema. Siempre puedes aprender más y más, no solo sobre el cambio climático, sino sobre los sistemas políticos y legales de tu país y cómo puedes actuar».

«No se trata solo de ganar el caso. Hay otros objetivos, como sentar un precedente, inspirar a jóvenes en otras partes del mundo, como en Portugal, y llamar la atención sobre el problema», relata Lebel. «Uno de los temas más importantes es llevar la ciencia a los tribunales. Si un político deforma la realidad ante sus seguidores no tiene consecuencias, pero ante un juez eso es perjurio», concluye el joven agricultor.

Dennis Van Berkel también tiene experiencia con este tipo de casos. Urgenda, la ONG holandesa para la que trabaja, venció al Gobierno de su país en un caso similar. Aunque el Ejecutivo recurrió la sentencia en 2015 (y la causa aún no se ha resuelto), Van Berkel afirma que las consecuencias positivas ya han llegado. «El cambio climático prácticamente no estaba en la agenda política holandesa. Su posición era no actuar si no lo hacían los demás países. Eso ha cambiado», sostiene.

Los jueces sentenciaron que el Gobierno tenía un deber legal de hacer lo necesario para proteger a sus propios ciudadanos y, desde entonces, según Van Berkel, los partidos holandeses han pasado a tomarse el problema en serio. «El tribunal reconoció que la política puede discutir cómo enfrentarse al problema, pero que hay un mínimo bajo el cual no se puede ir. Ese mínimo lo dicta la ciencia, no la política», insiste.

Carrera contrarreloj

Gerry Liston no sabe cuándo habrá nuevas noticias sobre el caso. Aunque el abogado espera presentar la denuncia a finales de 2018, el Tribunal de Estrasburgo podría rechazar la admisión a trámite del mismo, e incluso si lo admite, pueden pasar años. Sin embargo, no hay demasiado tiempo. La acción climática apremia.

«El tiempo que tienen los Estados para adoptar políticas que mantengan el aumento global de temperatura a niveles seguros se está acabando», advierte Liston. Y añade: «Al mismo tiempo, es todavía posible para los países adoptar tales medidas. Ambos factores, simultáneamente, hacen de este un momento apropiado para presentar el caso».