Día de la absolución del CETA: se culmina el divorcio con la realidad

Una de las características más inquietantes del presente momento histórico es la absoluta complacencia con los excesos del capitalismo global, forjado gracias a la arquitectura que despliega el comercio internacional. La forma de legitimarse de este orden en un estadio tan avanzado supera cualquier concepción que tengamos sobre el propio espectáculo, se borran las fronteras entre la realidad que decreta y lo que percibe el imaginario popular como tolerable. Estas son las impresiones que se desprenden de la jornada “CETA: un impulso al comercio entre España y Canadá,” el evento que abre la veda a una nueva campaña de relaciones públicas de la Comisión Europea llamada “Hablemos de comercio”. Ante las turbulencias populistas, la idea parece presentar la globalización neoliberal impulsada desde los años ochenta como nuevo sentido común de época o, como señalaba la nota de prensa de un evento que contaba con dos visiones -la empresarial y la institucional-, intentar “establecer un debate informado sobre el comercio internacional.” El equilibrio no es un rasgo fundamental de este tiempo.

“La opinión pública se está haciendo más favorable a estos tratados”, celebraba durante la sesión Christian Burgsmüller, del gabinete de la Comisaria de Comercio de la Comisión Europea, Cecilia Malmström. Con la llegada de Donald Trump, los acuerdos comerciales no sólo han parecido adquirir completa legitimidad como contraveneno al multimillonario, sino que conceden al establishment bruselense todas las excusas para borrar de un plumazo un pasado molesto. La consciencia de aquellas batallas en la calles de Seattle en 1999, un “referente” contra las dinámicas de la globalización que de por sí eran una distopía de lo que fueron luchas pasadas, se ve ahora progresivamente cercada. De aquello sólo quedan las crónicas y decenas de miles de quejas en forma de ‘tuit’. Y “veremos — añadía Burgsmüller— cuando pasen dos o tres años y la visión apocalíptica de algunos críticos no se haya cumplido.” La realidad desaparece —es privatizada— ante una incesante sucesión de eventos que hablan del futuro de “las sociedades prósperas e igualitarias”.

“Existe una inquietud en proyectar un tipo de integración económica global, que es la base de la prosperidad creada en nuestros países desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos razón para la celebración de hoy,” explicaba Matthew Lewis, embajador de Canada en España, desde su tribuna en la Casa América, que en su patronato cuenta con el BBVA, Gas Natural, Telefónica y las Fundaciones del Banco Santander, Iberdrola y Repsol. Pareciera como si hubieran desaparecido los dislocados por los excesos de la globalización y el ataque al estado de bienestar nacional iniciado en los años ochenta; como si obtuvieran en los acuerdos de comercio como el CETA la receta homeopática a sus males.

El comercio es desde los recuerdos más lejanos de este Viejo Continente el gran motor de su integración. Asentada bajo la garantía de un mercado libre como forma de alcanzar un mundo pacífico y próspero frente a la devastación de la guerra, un grupo de estados europeos trataron de demostrar al mundo la viabilidad de su ideal de progreso ilustrado, fundamentado en la realización de la razón como liberación de la industria. Pese a que José Vicente González, vicepresidente de la CEOE, expresó que “es radicalmente falso que los tratados de comercio están hechos a medida de las grandes empresas”, el producto europeo actual es aquel en el que los jefes de grandes corporaciones se reúnen en Bruselas eminentemente para hacer negocios y, capitaneados por el superávit generado por la industria alemana, alzarse como un bloque comercial que plante cara al resto del mundo. A eso lo llaman Unión Europea. Y precisamente en ese mismo sentido apelaba Matthew Lewis al componente excepcional de nuestro tiempo: “es un acuerdo histórico que refleja la visión de sociedad que queremos, que se beneficia del dinamismo y la creatividad de la apertura económica”.

Precisamente haciendo un recorrido histórico por la posmodernidad, el historiador Perry Anderson concluyó que cuando existe una grieta entre la experiencia existencial y el conocimiento científico, “la ideología asume la función de inventar alguna forma de articular entre sí esas dos dimensiones distintas”. En este caso concreto, la ilusión de que “lejos de beneficiar a las grandes empresas, este tratado está centrado en las pymes [pequeñas y medianas empresas]”, en palabras de Carlos Molina, periodista de Cinco Días. O en las de José Luis Kaiser, de la Secretaría de Estado de Comercio: “yo he trabajado casi 15 años negociando acuerdos como el CETA y este acuerdo está enfocado sobre las pymes.” Todo aderezado de una nota de prensa que sostenía la cifra de que las empresas europeas ahorrarán cada año 590 millones de euros en aranceles gracias al acuerdo. Cabe destacar que la única referencia al dato se remonta a un comunicado de 2016 de la Comisión Europea. Según fuentes oficiales, supuestamente esa cifra es producto de descontar de las exportaciones totales hacia Canadá el ahorro que se deriva de la reducción de los aranceles en los próximos años. Un artificio propio de ilusionistas.

Porque en efecto es ilusorio creer que quienes comenzaron a negociar este acuerdo en 2009 —concretamente, el entonces presidente de la Comisión Europea y actual presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, José Manuel Durão Barroso— lo hicieron con la intención de beneficiar a las pymes. Si bien algunas cuestiones (la reducción de trabas administrativas o eliminación de aranceles) podrá resultar beneficiosas para las pequeñas y medianas empresas, lo cierto es que el acuerdo final no contiene ni un solo capítulo específico con obligaciones para apoyar a las pymes. De hecho, como revela un trabajo académico de 2016, las pymes solo se mencionan en el acuerdo final ratificado por España en tres ocasiones: en los capítulos sobre inversión, comercio electrónico y compras gubernamentales. Y es más: según los datos, en la actualidad existen más de 20 millones de pymes en la Unión Europea (el 93% de estas, con menos de 10 empleados), pero sólo 619.000 exportan fuera de esta. Sin considerar que las dinámicas de liberalización sin freno impulsadas también por el CETA serán feroces para estas empresas, expuestas a la competencia de las grandes corporaciones transnacionales, y deberán hacer malabares para asegurar los 90 millones de puestos de trabajo (67% del empleo total en Europa) que generan.

Al parecer hemos entrado en la era moderna, y van a llegar muchos acuerdos “modernos y progresistas”. En conversaciones con La Marea, Christian Burgsmüller aclaraba que desde Bruselas se han dado de frente con la realidad de que la presente arquitectura de la globalización ya no se adapta a los tiempo actuales y es hora de negociar nuevos tratados de forma ambiciosa con países como Canadá, con los que compartimos valores tales como el “compromiso con la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental”. Dejando de lado que Canadá acogiera a más refugiados en medio año que cualquiera de los veintisiete estados europeos, en lo que respecta al contenido concreto del CETA no hay ninguna cláusula que salvaguarde los derechos humanos, una exigencia que realizó el Parlamento Europeo durante las negociaciones del TTIP.

También la cuestión ambiental es más que discutible. No sólo porque la ampliación de derechos de los inversores que contempla el tratado con Canadá podría desencadenar demandas de compañías contaminantes cuando los gobiernos traten de regular o acabar con la actividad de minas sucias o poner fin a los combustibles fósiles, sino porque cualquier disposición para implementar las políticas ambientales y climáticas de forma urgente puede chocar con las reglas que establece el tratado. Además, contrariamente a las exigencias llevadas a cabo por el Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo en el TTIP, el CETA sólo protege parcialmente las indicaciones geográficas, no contiene disposiciones sobre la reducción de los antibióticos en la ganadería, no promueve las energías renovables y utiliza listas negativas que dificultan el derecho a regular el sector energético. En una línea similar caminaban las conclusiones del Comité de expertos establecido por el presidente francés, Emmanuel Macron, para evaluar el impacto ambiental del acuerdo al concluir que, en el marco del texto final, “existen riesgos para invocar el principio de precaución europeo” o sus implicaciones serán “desfavorables para el clima.” Preguntado por ello, Burgsmüller insistió en que “el CETA no va a acarrear políticas contrarias al clima”.

Ha llegado un punto en la lógica discursiva del capital en la que pareciera que son las élites económicas, y no sólo los populistas de ultraderecha, quienes están comenzando a desembarazarse del concepto de ‘verdad’. De nuevo José Vicente González, de la CEOE, entidad poco conocida por su defensa de los derechos laborales de los trabajadores, señalaba en el evento la falacia de que el CETA va a arruinar puestos de trabajo, “cosa que no tiene ninguna constancia empírica,” señaló antes de avisar que improvisaría su intervención. “La desventaja es que estará poco estructurada, pero será sincera,” aseguraba en términos orwellianos. Sobre estas palabras, la Comisión del Parlamento Europeo de Asuntos Sociales y Empleos, tiene algo que decir en lo que respecta a la creación de empleo. Según los datos empíricos de uno de los estudios citados en sus recomendaciones para votar en contra del CETA, en el mejor de los casos se producirán aumentos marginales en el empleo de la Unión Europea de no más del 0,018% en un período de ejecución de entre 6 y 10 años. También otros estudios han presentado el argumento de que la creación de empleos no es tan segura y se pueden producir pérdidas de en torno a 204.000 empleos para la Unión Europea en su conjunto. En cuanto a los salarios, proseguía la recomendación parlamentaria, “la evidencia demuestra que el acuerdo contribuiría a ampliar la brecha de ingresos entre trabajadores no especializados y calificados, aumentando así las desigualdades y las tensiones sociales.”

En conferencias como esta, donde la clase política y económica puso el broche a la sesión entre vinos españoles, uno tiene la impresión de contemplar ante sus ojos aquel fenómeno que Anderson denominó como el “encanallamiento general de las clases poseedoras.” Esas élites verdaderamente intelectuales o academicistas que caracterizaban a la era moderna han sido suplidas hoy por una especie de populismo estético, característico de las élites cosmopolitas contemporáneas, donde la endogamia tecnocrática se vislumbra de forma perfectamente definida. Al final iba a acabar siendo verdad lo que dijo entre risas Alfredo Bonet, director internacional de la Cámara de Comercio de España: “los empresarios se creen más a los empresarios que a las instituciones.” Y al parecer, gracias en parte al mimetismo ético de los círculos de poder, sucede también a la inversa: las instituciones europeas se creen más a los empresarios.