El aparato cultural del Estado español: hacia una ensoñación totalitaria

“Debe imponerse la fuerza de la razón”, le dijo Donald Tusk a Mariano Rajoy sobre la forma de lidiar con el conflicto catalán. Ocurre que la razón perdió su significado cuando desde Bruselas se instigó a que coincidiera con las máximas de la austeridad. Cuando la lógica política del Gobierno es superada por aquellas que establecen las fuerzas económicas, al Estado sólo le queda tratar de encontrar la legitimidad para responder a este momento histórico de crisis de Régimen mediante el uso de medios autoritarios y jerárquicos. Y el independentismo catalán lo ha sacado a relucir. Ya sólo queda movilizar al eficaz aparato cultural con el fin de eliminar cualquier atisbo de disidencia e imponer definitivamente la voluntad del Gobierno de Mariano Rajoy para mantener el orden y la ley. Sólo existe un límite, y nada tiene que ver con consideraciones democráticas, sino con una cuestión de marca internacional: que el conflicto no escale hacia el uso de la fuerza policial y genere mala prensa en los medios extranjeros.

Interpretar el pasado para impedir un presente alternativo

No obstante, cuando hablamos de la batalla por el relato, también nos encontramos ante una lucha por la forma en la que entendemos la historia; el camino mediante el cual hemos llegado hasta aquí. De esta forma, Javier Cercas recuperó de forma cínicamente inteligente “el momento en que el Gobierno de la Generalitat se rebeló contra la legalidad democrática, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal española y cortó con el Gobierno de Madrid”. En la misma línea, pero ampliando las fronteras de su enfoque, Fernando Savater apuntaba recientemente que “el comunismo y el nazismo son la mugre política que la Unión Europea trató de erradicar. Pero ahí siguen”. Además definió con absoluto desprecio a la eurodiputada Marina Albiol como un “error histórico”. No es casualidad.

Los intelectuales de este débil y caduco momento buscan aquellos patrones similares en el tiempo anterior con dos finalidades: recuperar la conformidad del pasado para los valores del presente e impedir el surgimiento de un momento histórico que desemboque en grandes modelos alternativos. Algo que el propio Nietzsche ya criticó en sus segundas consideraciones intempestivas allá por el siglo XIX: “La historia solo resulta prometedora cuando nace de una nueva cultura naciente”. Cercas y Savater son parte de un amplio elenco de sacerdotes de una historia que se ha revelado inservible para establecer un ideal de democracia real en España. Tratan de usar el conocimiento del pasado para desarraigar un futuro, no ya que permita a los pueblos obtener su libertad, sino siquiera tener la capacidad para intentarlo.

Se da otro suceso curioso. En el mismo momento en que el Estado trata de hacer hegemónico el relato presente sobre la crisis catalana polarizando las posiciones de forma que quede enterrado cualquier matiz, observamos que el relato futuro que quedará sobre el conflicto vasco trata de asentarse sobre las mismas bases. Es una casualidad del destino que el Premio Nacional de Narrativa lo recibiera la Patria de Fernando Aramburu -esa novela ensalzada por todo el aparato patrio que presenta una idea de Euskadi en la que están las víctimas y aquellos cuya pistola sólo parecía conocer una patria-. Legítimo, desde luego, pero como ocurre con el relato que promueve el Estado, cualquier tinte intermedio es desdeñado. Cuando se tiene aprensión del contenido subversivo que posee todo recuerdo del pasado, el precio que pagamos no es otro que el olvido. El mismo que ya permite a Alfonso Alonso amenazar a Euskadi con aplicar el 155 o a Pablo Casado, enfant terrible del neoconservadurismo, dar un aviso a navegantes. Oriol Junqueras y los otros siete consellers enviados a prisión sin fianza son el mejor ejemplo de la represión que trata de justificar el relato cultural hegemónico contra cualquiera de la formas que adopte la disidencia. Aunque sea en forma de sátira, como la que ha llevado al director de ‘El Jueves’ a ser imputado.

España pasó de una dictadura a una democracia de forma pacífica, entró a formar parte de la actual Unión Europea en pocos años y, sin disfrutar la memoria española de lo que se denominaron los «Treinta Gloriosos», pronto se vio obligada a pagar con sus derechos sociales la factura de la austeridad. Fiel a Angela Merkel, el Ejecutivo de Rajoy cargó todo el peso de la supuesta recuperación sobre la clases más bajas, eliminó de forma sucesiva distintas libertades civiles y cerró la puerta a cualquier ideal de avance democrático en nuestra sociedad. Lejos de cambiar de idea, el reorden del establishment español -que coincide con un proceso de expansión global del capitalismo- trata ahora de que cualquier futura agenda económica o antisocial, por dura que sea, no reciba oposición alguna. Los conservadores usarán toda la fuerza de la Constitución, y en caso de que deba hacerse una reforma, la encabezará una derecha desbordada de poder gracias al apoyo de PSOE y Ciudadanos. Aquello que esté a la izquierda o tenga tintes discrepantes tratará de ser barrido.

Probablemente, el suceso más clarividente de cómo el relato gubernamental trata de acallar a los críticos fuera el artículo en donde Antonio Muñoz Molina atacaba frontalmente a un periodista de la talla de Jon Lee Anderson. Incluso el mundo artístico, ese plano subjetivo que crean los grandes novelistas -algunos articulistas ya convertidos en propagandistas del régimen-, trata de impedir la reflexión con el fin de justificar las acciones del Gobierno. En una entrevista con Nueva Revista, Anderson fue apelado sobre este tema de la siguiente forma: “[El artículo de Muñoz Molina] quizá demuestre que la democracia española es frágil, y por eso hay que defenderla”. A lo que respondió: “¿Y van a ganar adeptos a su causa atacando a los que intentan observar el proceso con ojos críticos pero constructivos?”. Cuando la democracia española es tan frágil que no admite crítica, la tendencia antidemocrática queda de manifiesto. Y solo la perspicacia del aparato cultural puede camuflarlo.

España en un mundo post-orwelliano

En un breve texto publicado en What Orwell Didn’t Know, un libro sobre la propaganda y la nueva cara de la política americana, Alice O’Connor apuntaba que si bien George Orwell describió a la perfección la maquinaria de propaganda en los regímenes totalitarios, nunca imaginó que el consenso de Washington establecido después de la Guerra Fría por los ideólogos de la derecha se convertiría en el nuevo pensamiento único de época. En esta suerte de mundo post-orwelliano, donde el libro más vendido ha vuelto a ser 1984, las élites hasta invocan al escritor inglés para eliminar una oposición que es bastante más moderada que aquella representada entonces por Vladímir Ilich Lenin. Pero han ocurrido muchas cosas desde que Orwell ironizó sobre la revolución rusa en Rebelión en la Granja. Y aún más desde que el mismo Lenin escribiera sobre la imposición de las exigencias socialdemócratas que “la libertad de crítica se redujo en el acto no sólo a la falta de crítica, sino a la falta de todo juicio independiente en general”.

En algo menos de un siglo, el triunfo de la democracia burguesa asentada en un liberalismo embridado ha dado lugar a una suerte de nuevo totalitarismo económico impuesto violentamente por la burguesía neoliberal, donde la socialdemocracia que criticaba Lenin es ya una breve distopía de lo que fue. No es ninguna causalidad que su precaria situación coincida con la avanzada bifurcación entre capital y democracia. Sin embargo, en España aún se mantiene viva. Aunque sea al precio de justificar la cara menos democrática del gobierno conservador.

Lo verdaderamente preocupante es que, si bien es cierto que la crisis catalana es la forma en la que se pone de manifiesto la crisis 78, pareciera como si la forma en la que el Estado español ha gestionado el suceso le hubiera permitido superar el eje arriba/abajo y la crisis de un régimen cuyas brechas permitieron emerger a un movimiento contrahegemónico como el que en su momento trató de ser Podemos. Los conservadores han logrado que la idea del “Estado de Derecho” adquiera la suficiente legitimidad como para colocarnos en una especie de momento histórico donde todo vale para legitimar intervenciones sociales radicales que muchos rechazarían en tiempos normales. Todo concepto debe adaptarse a aquel tiempo en que se utiliza, y la unidad de España es cada vez más una idea totalitaria. Lo vislumbraba Iñigo Errejón en conversaciones con La Marea tras las primeras elecciones: “El consenso ha tenido más peso por parte de las élites que el término democracia. El valor consenso se ha abierto camino de una forma totalitaria”.