La balanza y el mazo, la legalidad como garantía, política y represión

Si para algo está sirviendo la crisis catalana, incluso lejos de solucionarse o llegar a término, es para conocernos mejor. La afirmación, que suena amable como un lema de autoayuda, solo nos habla de que hemos destapado lo que llevábamos tiempo ocultando. Si el 15-M fue en parte una gran terapia de grupo, este momento es como un monólogo interior que carece de esperanzas pero al que le sobran frustraciones. Cataluña, el gran chivo expiatorio de las Españas, tras sefardíes y moriscos, comunistas y masones, está siendo la excusa propicia para la vuelta de todos aquellos que añoraban el Amanecer en Cegama. Pero no solo.

Si hay un argumento que ha tenido un éxito arrollador, además de transversal, ha sido el de la legalidad. El conflicto territorial ha revelado que la connivencia con lo existente es mucho más profunda de lo esperado y que lo que comienza en la parte más reaccionaria de la sociedad es un discurso repetido por sectores de todas las capas y todas las ideologías.

Y dejen que les diga algo. Esto de apelar a la legalidad, desde la abstracción interesada, muestra una preocupación sincera unida a un desarrollo político endeble, pero también es un pretexto para tapar españolismos, miedos al cambio e incluso vulgares resituaciones profesionales que, anticipando la que se nos viene encima, buscan el blanqueamiento de lo sensato para no quedar atrapados en la represalia. Ya les adelanto, no valdrá de nada.

La legalidad es una buena idea. Yo mismo he recurrido a ella muchas veces para intentar promover el laicismo tras la ola siguiente a cada atentado yihadista. La legalidad es un avance histórico que nos permite no estar a expensas de los caprichos del reyezuelo o el santón, saber a qué atenernos, darnos un marco de convivencia. Parece lógico que si alguien –en este caso los independentistas– es acusado sin descanso de no respetar la legalidad concite críticas adversas y un descrédito a sus fines. La legitimidad que da la capa de lo legal sigue siendo importante para la mayoría de la población, es decir, se entiende que no basta que una propuesta política sea razonable, sino que para alcanzarla hay que seguir unos cauces pautados.

Esto no es una novedad histórica. El propio Lenin, que anda de aniversario, trató la cuestión de la legalidad en sus escritos llegando a la conclusión de que era un factor a tener en cuenta para conseguir el respeto y la atención de los ciudadanos. Efectivamente el Partido de los socialdemócratas rusos, del que el padre de la URSS formaba parte, utilizó las escasas herramientas legales que el régimen zarista le permitía como forma no de lograr ningún avance, debido a la inutilidad programada de las mismas, sino sobre todo como altavoz de legitimidad. También, obviamente, hizo uso de otras muchas herramientas ilegales, al igual que el zarismo, al que ni siquiera su propio aparato jurídico le valía para mantener el orden establecido.

Este ejemplo histórico no intenta hacer un símil con nuestro contexto. Lo que se vive en Cataluña no es una revolución obrera ni España es el Estado postabsolutista de los Romanov. Pero sí nos vale para ir haciéndonos una idea de qué es eso a lo que se llama legalidad y cuál es su relación con la política. La legalidad, de lo único que nos previene, es de la arbitrariedad del poder, y por lo general ni eso, ya que puede ser torcida, enmendada o directamente obviada cuando quien la ostenta lo decide. El segundo elemento es que la legalidad, aun intentando expresar equidistancia, razón y justicia, es sobre todo la expresión de unos intereses de clase. El tercero es que la legalidad es una herramienta dúctil que adopta la forma de la mano de quien la empuña, primando más la habilidad para encontrar sus resquicios y usos interesados que los significados concretos de sus artículos.

Un apunte antes de continuar. El mero hecho de que lo legal esté centrando el debate es la consecuencia de cómo se ha tratado el conflicto catalán, esto es, como una cuestión de orden público antes que como un problema político. De ahí que hablemos de cargas policiales, sedición y cárcel y casi nada de las causas profundas que nos han colocado en esta situación. Nadie puede ocultarse detrás de la legalidad para no buscar un consenso cuando todos los gobiernos centrales han negociado con una banda terrorista. Y esta hoja de ruta, como no nos cansamos de insistir por aquí, no es torpeza, sino premeditación. Una que pretende tapar las faltas de los incendiarios y utilizar esta crisis para la cimentación del régimen de Felipe VI.

Hay un factor profundamente hipócrita en las apelaciones a la legalidad, sobre todo en el sector más derechista del bloque monárquico. Y si no, miren la corrupción, algo que ha afectado desde la Casa Real hasta el concejal de urbanismo de la pedanía más recóndita. Que el partido que ostenta el gobierno esté envuelto en un caso de financiación ilegal –que realmente más que financiación es el modus operandi de relación entre élites políticas y económicas– habla de la poca autoridad moral de estos señores para portar la venda y la balanza. La Ley de Memoria Histórica ha tenido una aplicación deficiente boicoteada, una y otra vez, por los herederos del franquismo. En el ámbito más cercano, la legislación laboral es retorcida, ninguneada y moldeada para que el empresariado haga y deshaga a su antojo. Efectivamente, ni todas las leyes valen lo mismo ni la ley es igual para todos.

Sin embargo, este hecho, por sí mismo y por sus protagonistas, siendo justos, no es respuesta al problema. Si buscamos un país más decente, el hecho de que los representantes públicos sean tan dados a la ilegalidad –pregunten también a la derecha catalana independentista– no nos debería otorgar a los demás la capacidad de hacer de nuestra capa un sayo. Hay hipocresía e impudicia, pero sobre todo hay una apropiación del concepto de legalidad con una carga ideológica muy profunda y peligrosa.

No hay líder de Ciudadanos, el partido más extremista del bloque monárquico, que no se arrogue la coletilla de demócrata frente al independentismo. Que el independentismo rompa las costuras legales de lo que realmente nos habla es del agotamiento de un modelo territorial, de un enconamiento prolongado, de la falta de salidas. No de que más de dos millones de personas se levanten un día con ánimos sediciosos. Nos habla de que hay una parte de la población, legalmente española, que no quiere serlo. Y esto, aunque no se reconozca, aunque haya quedado sepultado por lo mediático, es el ineludible fondo. Los independentistas no están abogando por una barbaridad contraria a los derechos humanos, sino por algo perfectamente democrático como la autodeterminación. E insistir en lo contrario lo que busca no es aclarar el panorama, sino crear un enemigo legalmente eliminable.

El independentismo no ha respetado la legalidad del Parlament, pero a lo más que ha llegado ha sido a representaciones políticas de una idea, sin valor jurídico como ellos mismos han reconocido en la de antemano inútil correspondencia con el Gobierno central. Precisamente ha sido este, con la legalidad en la mano, el que ha hecho algo tan ilegítimo como utilizar una violencia desproporcionada contra los votantes del referéndum e incluso forzar la legalidad hasta límites muy poco claros. Así ha ocurrido con el encarcelamiento de los líderes de Òmnium y ANC, donde la competencia del órgano judicial, la figura del delito, así como la prisión incondicional, despiertan dudas entre los expertos.

Pero es en el propio artículo 155 de la Constitución donde se expresa bien el motivo sobre el que gira este texto: la naturaleza de clase de la legalidad. Como apuntaba Julio Anguita en un escrito reciente, el 155 carece de una ley orgánica que lo desarrolle, siendo una carta blanca, esto es, totalmente arbitraria, para intervenir la autonomía. Esta abstracción, no corregida en 40 años, no es casual, ya que responde al deseo de la clase dirigente española de tener un recurso de atribución de plenos poderes para mantener no ya la unidad territorial, sino el dominio sobre las administraciones que no controlen mediante el voto. Que la supervisión de la aplicación del artículo lo vaya a ejercer el propio Ejecutivo ya habla del absolutismo de la medida. Veremos cómo responde el Tribunal Constitucional al recurso interpuesto por la Generalitat.

La Constitución, que se presenta como un todo inalterable, infalible y ausente de influencia, se cambió cuando los banqueros alemanes así lo desearon, añadiendo una cláusula neoliberal, el 135, que entra en contradicción con el supuesto carácter social y el valor de igualdad que se establecen en el Título preliminar. Que un artículo como el 128, aquel que dice que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, no haya tenido nunca una utilidad social, lo que nos explica es la capacidad de la izquierda, en las instituciones pero respaldada por la fuerza de la calle, para introducir elementos progresistas, así como su pérdida de poder posterior para hacerlos efectivos. El propio proceso de autonomía andaluza deja constancia de cómo el texto constitucional tuvo que ir variando no tanto por la buena voluntad de sus padres, como se nos ha contado desde el periodismo mitológico, sino por la presión democrática del pueblo movilizado. La Constitución es resultado de una reconfiguración en régimen liberal de la dictadura franquista, no del fin de esa dictadura, por presión interna de la oposición antifascista y por necesidades externas de un contexto internacional que necesitaba una España presentable para el proceso de unidad europea.

Lo que parece, viendo la alegría con la que la derecha amenaza con el 155 a Castilla La Mancha, Euskadi y Navarra, viendo la absoluta falta de mesura y control interno en sus procedimientos punitivos, viendo la adhesión inquebrantable del cuarto poder, no es ya que la crisis actual vaya a tener una resolución dialogada y democrática para todos los catalanes, independentistas y no independentistas, sino que el Régimen del 78 se reencarnará en sí mismo, siendo algo aún más reaccionario, bajo la idea no de que la legalidad es garante de la democracia, sino de que una legalidad muy específica, restrictiva y regresiva, es la única forma de democracia posible.