Las grandes compañías españolas apoyan y aprovechan las privatizaciones en Brasil

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Difícil de construir, fácil de destruir. Brasil vive uno de los periodos más convulsos de las últimas décadas, pero la magnitud de los hechos y la velocidad con que se suceden dificultan la visión del conjunto. El gobierno –no electo– que preside el conservador Michel Temer avanzó en septiembre el paquete de privatizaciones más grande en la historia reciente del país. Durante un seminario organizado en Nueva York por el diario económico Financial Times –uno de los pocos eventos en los que Temer aceptó la presencia de periodistas–, el mandatario brasileño anunció que elevaba a 57 el número de empresas públicas e infraestructuras que serían privatizadas a más tardar en 2018, año electoral en Brasil. En ese momento, los grandes poderes económicos dentro y fuera del país aplaudieron la noticia.

Varias de esta privatizaciones coinciden con distintas peticiones formuladas por empresarios españoles en los últimos años. Un gesto que, según el periodista brasileño Pericles Carvalho, revela la desesperación del gobierno de Temer por recuperar la desconfianza ante los inversores. De las 57 privatizaciones anunciadas, la mayoría corresponden a los sectores del transporte, la construcción, la energía y las telecomunicaciones, en los que las multinacionales de España (entre ellas, varias antiguas compañías públicas) se hicieron fuertes en los años 90.

Las constructoras españolas Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial y OHL ya han mostrado interés en pujar por un lote de ocho infraestructuras que incluye la concesión durante 30 años de algunas de las principales autopistas de Brasil, como la que une Río de Janeiro y São Paulo, los dos mayores núcleos urbanos del país (suman más de 35 millones de habitantes). La inhabilitación de Odebrecht, la constructora más grande de Brasil, acusada de pagar sobornos en  varios países e incluso a Michel Temer, es una baza a favor de las compañías españolas en estas subastas.

Desde el pasado mayo y a pesar de la crisis económica, Brasil es el principal mercado de Telefónica (25% de los ingresos totales), por delante de España. La antigua empresa nacional de telefonía estaría interesada en hacerse con el control del primer satélite nacional brasileño, también incluido en la lista de privatizaciones de Temer.

Iberdrola, una de las tres eléctricas más grandes de España, estudia pujar por las cuatro centrales hidroeléctricas que las autoridades brasileñas adjudicarán por 30 años. Iberdrola también estaría sopesando la compra de algunas de las empresas de distribución eléctrica que Brasil ha puesto en venta, así como la adquisición de acciones de Eletrobras, la pieza más apreciada de la lista de privatizaciones (su privatización está detenida temporalmente por orden de un juez brasileño). Esta compañía semipública –el Estado ostenta el 51%– también despierta el interés de Gas Natural Fenosa y de Repsol, conformando así el trío de multinacionales españolas que más probabilidades tiene de adquirir activos brasileños en los próximos meses, según las previsiones de Víctor Peiro, analista de GVC Gaesco Beka. Por ejemplo, Repsol ya ha expresado su intención de obtener los derechos de explotación de seis pozos petrolíferos situados frente a la costa de Río de Janeiro, en la franja que alberga la mayor parte de las reservas brasileñas y que hasta ahora explotaba en exclusiva Petrobrás.

Red Eléctrica de España, empresa privatizada durante el último gobierno de Felipe González, está interesada en hacerse con el control de 11 líneas nacionales de transmisión eléctrica que el gobierno Temer ha puesto a la venta Asimismo, Adif y Renfe podrían hacerse con la gestión (30 años) de la línea Ferrovia Norte-Sur, “la espina dorsal del transporte ferroviario en Brasil”, con una longitud de 2.100 kilómetros que va desde Belém, en el norte del país, hasta Goiania, en el centro. La última de la lista es Aena, el gestor aeroportuario español, que quiere sacar tajada de los 14 aeropuertos brasileños que integran la lista de privatizaciones de Temer. Entre los terminales licitados están el de Santos Dumont (Río de Janeiro) y Congonhas (São Paulo), dos de los aeropuertos más rentables y más transitados de Brasil. También está en venta un importante paquete de acciones de Infraero, gestor aeroportuario del Estado brasileño.

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Para comprenderlo hay que echar la vista a mayo de 2016. Apenas  24 horas después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, Temer se hizo con las riendas del país en un polémico proceso que contó con el apoyo de la patronal brasileña. La economía del gigante latinoamericano llevaba varios meses en caída libre (en 2017 la previsión apunta a un crecimiento del 0,5%) y el mundo asistía al derrumbe del país que en los últimos años había acogido el Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos. Al llegar al poder, Temer encontró ante sí los mejores ingredientes para justificar las medidas neoliberales que tanto agradarían a la bancada de diputados que le abrió las puertas de la presidencia y a los grandes poderes económicos del país: con la inflación, el déficit público y el desempleo en alza, resultaba más fácil implantar recortes presupuestarios y privatizaciones. “El gobierno se ha entregado a una agenda absolutamente conservadora porque no tiene ningún apoyo popular, y para continuar necesita legitimarse ante el sector más conservador del empresariado y la población (…); no ve otra forma de salvarse”, explica Pericles Carvalho.

Cuatro meses después de llegar a la presidencia, en septiembre de 2016, y con varios escándalos de corrupción sobre su gobierno, Temer anunció su primer paquete de 25 privatizaciones. “Con esto estamos abriendo y universalizando el mercado brasileño”, afirmó el presidente, mientras en la calle se sucedían las protestas para exigir mejoras salariales y medidas anticorrupción, una lacra que, según el gobierno, perdería fuerza gracias a su programa de privatizaciones.

Otra vuelta de tuerca

“Brasil vive una crisis en sus instituciones, que no prestan los servicios más básicos y pasan a ser despreciadas por la población”, un escenario que allana la “completa captura” de las entidades del Estado a manos del poder económico, “que dicta la totalidad de las acciones del gobierno”, sostiene Josué Medeiros, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El primer paquete de privatizaciones de Temer incluía cuatro aeropuertos, tres líneas ferroviarias, dos autopistas y dos puertos, entre otros activos. Las multinacionales y la diplomacia de España vieron como una oportunidad el aislamiento internacional de Temer en sus primeros meses de gobierno y en abril celebraron el Fórum Brasil-España, organizado por varias empresas del Ibex 35 con apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al acto acudieron el presidente Mariano Rajoy, quien alabó las políticas de Temer, y algunos de los empresarios españoles más destacados. Rajoy esquivó las preguntas sobre el caso Lezo, [la trama de presunta corrupción en torno al Canal de Isabel II] y Temer hizo lo propio con las incómodas grabaciones que mostraban a uno de sus asesores recibiendo maletines de dinero.

En el evento, el presidente de la filial brasileña del Banco Santander, Sergio Rial, pidió una reforma financiera “inteligente y a largo plazo”. Antonio Brufau, presidente de Repsol (900.000 barriles diarios en Brasil), calificó las privatizaciones y cesiones de Temer como “enormemente importantes” y pidió más concesiones para explotar las reservas brasileñas bajo control de la estatal Petrobrás. También habló José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, que animó al Gobierno a tener “valor” para llevar hasta el final su plan de austeridad. En un gesto cargado de simbolismo, el Fórum galardonó a Fernando Henrique Cardoso, el expresidente conservador artífice de la mayor ola privatizadora en la historia del Brasil… hasta que llegó Temer.

Liquidación por cierre

En junio, el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, acusó al presidente de recibir sobornos para facilitar los negocios de JBS, el mayor conglomerado alimenticio de Brasil, tras la publicación de una grabación en la que, además, Temer detallaba a Joesley Batista, presidente de JBS, su esquema de pagos para obstaculizar la labor de la justicia y silenciar a enemigos políticos que amenazaban con confesar desde la cárcel. La popularidad del presidente cayó al 7% y su destitución parecía más inminente que nunca.

Temer quiso aplacar los ánimos de la calle con pasos que sentaron mal entre sus aliados empresariales, como dejar en segundo plano la reforma laboral o subir los impuestos de los carburantes. Varias patronales, entre ellas la de São Paulo –la más poderosa del país– empezaron a criticar abiertamente al gobierno.

Sin embargo, la astucia política de Temer salió a relucir cuando en agosto, un mes después del último gran escándalo, los diputados brasileños tumbaron en el Congreso la investigación abierta en su contra por el fiscal y aprobaron el “apagón fiscal”, una restructuración de deuda de los empresarios con el erario brasileño equivalente a 181.000 millones de euros. A cambio de estas dos votaciones, Temer hizo concesiones económicas para las regiones de esos parlamentarios (Brasil es un Estado federal), una decisión que, paradójicamente, obligó a aumentar el gasto y, por ende, el déficit público, principal enemigo del país a ojos del gobierno de Temer.

Las crónicas políticas de Folha de São Paulo, Estadão y O Globo, los tres diarios con mayor tirada (los tres de línea editorial conservadora), narran el juego de bambalinas entre el gobierno, los empresarios y los diputados cómplices, muchos salpicados por casos de corrupción, para apuntalar la continuidad de Temer en medio de las turbulencias. La popularidad del presidente volvió a batir un récord a la baja: solo el 5% de los brasileños aprobaba su gestión. El pasado 12 de septiembre, Temer recibió en el palacio presidencial a los dueños y representantes de las principales corporaciones nacionales y extranjeras. Cuatro días después,aprovechando su viaje a la Asamblea de la ONU en Nueva York, el presidente anunció su último golpe de efecto. Las grandes multinacionales se frotan las manos ante el inminente desmantelamiento de buena parte del Estado brasileño, un episodio con trazas análogas al que vivió toda Latinoamérica en los años 90.

TELECOMUNICACIONES

En mayo de este año Brasil superó a España como principal fuente de ingresos de Telefónica. Entre los activos más interesantes para la compañía de telecomunicaciones está la cesión del primer satélite nacional brasileño.

FINANZAS

Los analistas señalan que Banco Santander, tercer banco de Brasil –centrado en los créditos al consumo, un negocio en declive por la crisis–, será una de las entidades que más provecho sacarán al financiar las concesiones y privatizaciones en ese país, mientras aguarda la reforma financiera prometida por el gobierno de Temer.

TRANSPORTE

Autopistas

Las constructoras Abertis, Sacyr, ACS, Ferrovial y OHL pujan por un lote de ocho infraestructuras que incluye la concesión durante 30 años de algunas de las principales autopistas del país, entre ellas la que une Río de Janeiro y São Paulo.

Ferrovías

Adif y Renfe podrían hacerse con la gestión durante 30 años de la línea Ferrovía Norte-Sul, “la espina dorsal del transporte ferroviario en Brasil”, con 2.100 kilómetros de longitud.

Aéreo

La compañía semipública Aena quiere que el gobierno de Brasil abarate la concesión de los aeropuertos Santos Dumont (Río de Janeiro) y Congonhas (São Paulo), dos de los terminales más rentables y transitadas del país. Además, estaría interesada en comprar una parte del 40% de las acciones de Infraero, empresa aeroportuaria brasileña, que el gobierno Temer ha puesto a la venta junto con la concesión de 14 aeropuertos.

ENERGÍA

Distribución

Red Eléctrica aspira a lograr la concesión de varias de las 11 líneas nacionales de transmisión eléctrica que el gobierno de Temer ha puesto a la venta. Repsol, Gas Natural Fenosa e Iberdrola son las empresas españolas interesadas en comprar Eletrobras, una de las privatizaciones más importantes al tratarse de la mayor eléctrica de Brasil (el gobierno tiene el 51% de las acciones).

Hidroeléctricas

Iberdrola está estudiando pujar por las cuatro centrales hidroeléctricas que el gobierno de Temer adjudicará por una duración de 30 años, así como la compra de varias empresas públicas de distribución eléctrica.

Petróleo

Repsol está interesada en seis subastas de derechos de explotación petrolera.