Poder judicial y democracia

La consagrada Transición que, como relato para equilibrar un periodo inestable de posible “ruido de sables”, se instauró en nuestro país hace cuarenta años, procuró no solo salvar los muebles, sino dar apariencia de democracia, de forma rotunda e inminente ante la comunidad internacional. No en vano, incluso antes de que se promulgara la Constitución española, ya se firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por si acaso y para que no cupiera ninguna duda acerca del firme compromiso de adentrarnos en un periodo abiertamente democrático y respetuoso con los Derechos Humanos.

Hubo referéndum, hubo elecciones, hubo legalización del Partido Comunista de España, hubo proceso constituyente. Sin embargo, era necesario transformar a fondo las estructuras del Estado. Prueba de esta necesidad, lo constituye la sentencia ejemplar que dictó en 1988 la Audiencia Provincial de Madrid contra tres mandos policiales por la detención ilegal, desaparición y torturas de Santiago Corella, El Nani. Este hecho marcó un antes y un después, acompañado de un vivo debate público, dinamizado por los medios de comunicación, muy activos en la investigación del caso de la desaparición de El Nani. Así, a finales de los años 80, se pudo apreciar un verdadero esfuerzo por modificar las estructuras policiales y adaptarlas a las propias de un sistema democrático y de Derecho.

Sin embargo, si hubo una estructura apenas modificada, esa es la judicial. Los jueces en nuestro país pasaron de acatar las Normas Fundamentales del Movimiento a acatar la Constitución española. ¿Cómo se realizó la labor de adaptación al nuevo sistema constitucional? Se estableció en nuestra Carta Magna que la Justicia emana del pueblo, sin embargo, la exigencia de apariencia de imparcialidad y de independencia, hizo que el Poder Judicial se alejara cada vez más del ciudadano medio y se aproximara más y más al defensor técnico del sistema establecido. El juez, como aplicador técnico del Derecho, no es distinto en una época que en otra: es el mismo quien aplica técnica y asépticamente una ley franquista que quien así aplica una ley en el marco constitucional. Para establecer el matiz constitucional, de nueva impronta, a los jueces ya existentes durante la Transición, se creó el Tribunal Constitucional, órgano no jurisdiccional, por cuanto sus miembros son elegidos por las dos Cámaras, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial y con misión de interpretar el dictado de los jueces bajo el prisma del mandato constitucional.

Sin embargo, la figura del “juez técnico”, como reminiscencia del juez que no debía cuestionar el sistema franquista –era apolítico y/o sumiso del régimen– es el que pervive hasta nuestros días. Traducido a términos de Transición: el juez que no cuestiona el orden constitucional y lo acata ciegamente, frente al juez que se halla inserto en una sociedad plural, sujeta a relevantes cambios que pujan por superar o mejorar el actual sistema vigente. Este último es el juez social, involucrado en una sociedad democrática no ajeno a los cambios que se producen y, por tanto, adaptado a lo que razonablemente se espera de él: que su legitimidad constitucional no se aleje del ciudadano a quien sirve y de quien emana su propio poder.

Sin embargo, el juez, como mero técnico del Derecho, apolítico y neutro es aquel que ha accedido a la carrera judicial tras un gran un esfuerzo memorístico en prodigiosos ejercicios de unas oposiciones que nada dicen acerca de la formación jurídica del examinando: formación jurídica, en sentido amplio, esto es, con enfoque constitucional y Derechos Humanos, sobre todo. Tampoco el ingreso en la Escuela Judicial proporciona más herramientas que las que inoculan el concepto de “autoridad judicial”, sobre todas las demás cosas. Esto, sin duda, también aleja al Poder Judicial del ciudadano.

No ayuda mucho a superar el concepto de juez, como mero técnico del Derecho, la prohibición de afiliación a partidos políticos o sindicatos. Se abrió la mano, sí, al asociacionismo después de un duro debate parlamentario, sin embargo, vemos que esto no fue suficiente.

Otro problema que cuestiona la legitimidad del Poder Judicial como poder emanante de la soberanía popular consiste en ser el único poder del Estado no sujeto a elecciones directas de los ciudadanos. De hecho, el Tribunal del Jurado, como órgano atemperador de esta seria deficiencia y alejamiento social de los jueces, cada vez tiene menos competencias, y las que aún conserva han sido cuidadosamente seleccionadas, a modo de experimento, a fin de que los ciudadanos no creamos que nos es dado invadir las competencias jurisdiccionales del Poder Judicial. Se transmite una total desconfianza hacia la ciudadanía, que es percibida como una masa amorfa, sin la cualidad ni la capacidad de sentido común que, se presume, tienen los miembros de la judicatura.

Hay que salvar las peculiaridades de algunos jueces que han cuestionado el orden vigente, entendiendo que este se deshacía por sus aparentes rígidas costuras y se han atrevido a desafiarlo, planteando cuestiones interesantes que han ocasionado profundas transformaciones –es el caso del juez del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, sobre la legislación hipotecaria–. Son los menos frecuentes.

En esta situación, la Judicatura, ante la ilegítima utilización que se está haciendo de ella por parte del gobierno de Mariano Rajoy en el conflicto catalán, se ha limitado a cerrar filas en torno al estricto y exigible cumplimiento de la legalidad, en defensa de “la indisoluble unidad del Estado español”, concepto este que se ha atrevido a desafiar el Govern catalán. No ha habido por parte de los jueces ni un solo cuestionamiento a esta utilización espuria, que, como peones sufridores, les obliga a cargar con el peso de la resolución del conflicto político mediante la aplicación del Derecho Penal. Algunas voces aisladas sí lo han hecho, pero los mensajes institucionales y de las asociaciones de jueces se han limitado a expresar su firme compromiso de acatar la ley, sin ni siquiera expresar una queja ante esta fraudulenta instrumentalización de la judicatura por parte del Ejecutivo. Tan grotesca ha sido dicha utilización que el propio Rajoy compareció públicamente atribuyéndose el éxito de una operación policial, ordenada por un juez, que se saldó con 14 altos cargos de la Generalitat detenidos.

Solo a un Poder Judicial “tecnificado” y neutro –y sumiso– se le puede ocurrir que un grupo de manifestantes apostados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para protestar por la marea represiva contra el referéndum del 1-O, está inquietando su independencia. Incluso una de las asociaciones judiciales ha llegado a manifestar que este acto de protesta podría ser delictivo. Evidentemente, la ciudadanía no se ve reflejada en este Poder Judicial ni lo percibe legítimamente democrático ni confía, por tanto, en esta institución.

La solución pasa por acometer de una vez los cambios que se requieren, desde las pruebas de acceso a la judicatura hasta la forma de selección y nombramiento de los miembros de los altos tribunales: criterios que combinarían los méritos profesionales con la elección mediante el voto ciudadano. También es necesario implementar  herramientas que faciliten la comunicación con los ciudadanos, mediante un diálogo fluido y constante, como fuerza legitimadora de este Poder. Sí, más democracia.