¿La república catalana será de izquierdas?

Con frecuencia, a las personas de izquierdas que tenemos dudas sobre la conveniencia de la independencia de Catalunya, se nos da el argumento de que una República catalana puede ser más de izquierdas que el actual Estado español. Este argumento es la base de la decisión de mucha gente que ha optado por el independentismo desde la izquierda. Dentro de mi laberinto emocional de dudas, quiero hacer un ejercicio de reflexión pública al respecto.

Asumiré que, por “más de izquierdas”, muchas personas entendemos un sistema más democrático, incluyendo la independencia judicial, y con más derechos sociales y civiles. Imaginando que el 1-O hubiera un referéndum con garantías en que ganara el sí a la independencia que permitiera implementar la Llei de transitorietat, voy a intentar poner a prueba la hipótesis antes formulada a partir de la información que conocemos actualmente, a saber, que una República catalana será más de izquierdas, en estos momentos, que el actual Estado español.

Democracia

Para empezar, que la ciudadanía elija la jefatura de estado es más democrático que la sucesión hereditaria. Según la Llei de transitorietat, la elección  del presidente de Catalunya seguiría siendo a través del Parlament.

En contraste con este posible avance, ¡qué lástima que los procedimientos de aprobación de las recientes leyes catalanas de referéndum y transitoriedad hayan adolecido de tantos defectos legales y fueran tan esperpénticas!

En la actualidad, hay múltiples ejemplos que ponen en entredicho el espíritu democratizador de la mayoría política española, desde no permitir el voto en un referéndum con garantías en Catalunya, hasta la famosa reforma exprés de la Constitución para modificar el artículo 135 o la negativa del Congreso Español a que se realizara un referéndum para que la ciudadanía votáramos el TTIP -negativa apoyada por PP, PSOE y CiU, entre otros (aquí sí iban cogiditos de la mano)-. En cualquier caso, probablemente el mayor ejemplo del miedo a mejorar la participación democrática de la ciudadanía es la cerrazón del sistema español a realizar, en un momento de crisis sistémica como el que llevamos viviendo desde el 2008, un nuevo proceso constituyente o, cuanto menos, reformas constitucionales de calado de una forma participativa. La independencia de Catalunya pueda ser un revulsivo para regenerar España o puede llevar a una involución hacia una España aún más casposa.

Por el contrario, la Llei de transitorietat catalana es prometedora en cuanto a opciones de participación democrática de la ciudadanía. En su título VII, se refiere explícitamente a un proceso participativo de la ciudadanía con carácter vinculante durante la elaboración de la nueva constitución catalana. Dicho proceso participativo puede llevar a soluciones democráticas y de mejora de los derechos de la ciudadanía dada la tradición de participación democrática en movimientos asociativos de una parte importante de la población catalana, por el hecho de que la sociedad catalana está un poco más escorada a la izquierda que la española, y porque puede haber más tendencia de las personas de izquierdas a participar en procesos colectivos de toma de decisiones como éste. Por otra parte, si continúa la escalada del conflicto entre Catalunya y Espanya, puede haber un cierre de filas que lleve al independentismo a aceptar, en un contexto de doctrina del shock, “casi cualquier cosa”, como habrían hecho la CUP y ERC con esta Llei de transitorietat.

Gran cantidad de leyes españolas derivan de la legislación europea, a veces para bien, como en temas medioambientales, y a veces para mal, como en derechos sociales y económicos. Los mecanismos de elaboración de la legislación europea son desgraciadamente más opacos y lejanos de la ciudadanía si cabe que los de la legislación española. La República catalana, al menos, transitoriamente, también aspiraría a seguir ciñéndose por los tratados de la Unión Europea (artículo 4 de la Llei de transitorietat), con lo que nos quedaríamos igual en cuanto a pérdida de soberanía popular. Dudo que la actual mayoría social y política catalana vayan a cuestionar la legislación europea.

Independencia judicial

La independencia judicial lleva muchos años de capa caída en España (juicio Noos, doctrina Botín, 4F, cierre de Egunkaria…). No ha ayudado la política de indultos, cuando el fallo judicial no ha agradado el gobierno de turno. El hecho de que el gobierno español nombre al Fiscal general del estado y que el congreso y el senado nombren al Consejo general del poder judicial y al Tribunal constitucional cuestionan en gran medida la independencia de los órganos de gobierno del poder judicial español. El poder judicial transitorio catalán adolecería de la misma falta de independencia política (ver el título V de la Llei de transitorietat). Aquí, el proceso de independencia empieza mal.

Derechos sociales y civiles

Para la mayoría de derechos sociales y civiles, la Llei de transitorietat se ciñe básicamente a la legislación española actual (ver titulo III). Esto asume toda la pérdida de derechos laborales y civiles que hemos tenidos en los últimos años en España, con el frecuente apoyo de CiU. Me parece decepcionante que ERC y la CUP y las entidades independentistas, que tienen un cariz en general progresista, no hayan sido más exigentes hasta ahora en este sentido.

La reciente aprobación provisional del CETA, el acuerdo de libre comercio de la UE y Canadá, sería asumida al menos provisionalmente por la República catalana, cosa que también ataca a nuestros derechos. Por otra parte, la reciente introducción de la Renta garantizada de ciudadanía en Catalunya es una noticia esperanzadora.

En cuanto a los derechos civiles, el balance español es muy preocupante en los últimos 10 años, después de un importante avance con el matrimonio de personas del mismo sexo en 2005. La actual persecución esperpéntica de la organización del referéndum (¡en busca de la urna perdida!), promovida por un sistema judicial que con demasiada frecuencia parece no mostrarse neutral políticamente, nos evoca otros múltiples ejemplos. Podríamos recordar la ley mordaza, las devoluciones en caliente, la falta de investigación de presuntas torturas en España,…

En Catalunya, también ha habido en el pasado ejemplos de decisiones por parte de diferentes gobiernos que cuestionan derechos civiles, como el uso de las balas de goma. Por el contrario, Catalunya fue pionera en la introducción de cámaras en comisaría, tal y como venían solicitando organizaciones de defensa de derechos humanos desde hacía años.

Respecto a la adquisición de la nacionalidad catalana, la Llei de Transitorietat obliga a residir durante 5 años en Catalunya para adquirir la nacionalidad catalana entre quienes no hubieran nacido en Catalunya o no tuvieran previamente la nacionalidad española y estuvieran residiendo en Catalunya a fecha de 31/12/2016. Es una mejora respecto a los 10 años de residencia legal en España que se necesitan para adquirir la nacionalidad española, pero ¡che!, ya que queremos hacer un nuevo estado más apañado, podrían haber sido más inclusivos con la ciudadanía catalana de origen no español.

Todo esto parece indicar que, con sus sombras, los derechos sociales y civiles en una Cataluya independiente podrían ser un poco mejores que en el actual Estado español, aunque tampoco para tirar cohetes. Cabría esperar que el proceso participativo en la transitoriedad a una República catalana pudiera mejorar los derechos sociales y civiles de la ciudadanía.

¿La república catalana sería más de izquierdas?

A falta de incluir otros parámetros que podrían ser muy importantes, como la respuesta internacional al referéndum, el grado en que llegue a escalar el conflicto España-Catalunya…, parece que, efectivamente, una República catalana podría ser sensiblemente más de izquierdas que el actual Estado español.

Sin embargo, no parece que la mayoría de liderazgos independentistas tengan -paradójicamente- especial afán democratizador, más allá del referéndum y el proceso participativo para hacer la nueva constitución. El referéndum y el proceso participativo en sí pueden ser un avance democrático sustancial, pero pueden quedarse cortos ya que dichos liderazgos, de hecho, no aspiran a trascender el dogma neoliberal, tan contrario a la soberanía popular.

Sería el proceso participativo para elaborar la constitución catalana la oportunidad en que la sociedad catalana pudiera corregir dicha falta de ambición democratizadora de los liderazgos políticos, si bien existe el riesgo de que la sociedad se ciegue con la bandera y no aproveche dicha oportunidad. En caso contrario, de aquí a 20 años, la sociedad catalana podría mirar atrás y tener sensaciones parecidas al ver la Transitorietat catalana como actualmente tenemos muchas personas al ver en perspectiva la Transición española. Dichas sensaciones oscilan entre el TINA (There is no alternative) thatcheriano y la sensación de haber sido víctimas de una estafa.