Cinco historias más allá del referéndum que el Gobierno sigue sin (querer) ver

Hace unos días, hicimos una selección de las historias que estaban ocurriendo en nuestro país más allá del referéndum catalán. Hoy os contamos otras noticias que quizá también te hayas perdido y de las que el Gobierno no quiere enterarse.

1. Una reforma para evitar las devoluciones en caliente

Aminatou, Bebé, Dalloba, Clemence, Merveille, Patience y Karmeline. Son las siete mujeres que murieron a finales de agosto en la frontera sur tras una devolución en caliente –entrega directa de las personas que intentan acceder a Ceuta y Melilla a agentes marroquíes–, según denunció la investigadora Helena Maleno. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que ya afeó a las ONG que salven vidas en el Mediterráneo, ha asegurado que no tiene constancia de estas muertes. La senadora de Podemos Maribel Mora ha registrado una proposición de ley para desarrollar una reforma que garantice los derechos de los extranjeros porque, según explica, «al Ministerio de Interior no le importa la vulneración sistemática de los derechos humanos como ha demostrado en numerosas ocasiones en la actividad parlamentaria».

2. El Gobierno incumple sistemáticamente la ley de dependencia

El Gobierno solo ha aportado un 17,4% de dinero público al sistema de atención de dependientes en España frente al 82,6% de inversión por parte de las comunidades autónomas. Son los datos aportados por el presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. Según la ley, la inversión debe ser compartida al 50%. Ramírez detalló, además, que el Estado ha recortado entre 2012 y 2015 unos 4.000 millones de euros. «Es una situación dramática. Cien personas en situación de dependencia mueren cada año en España sin recibir ayuda ni servicios».

3. Nueva advertencia de la ONU sobre el ninguneo de las víctimas del franquismo

El Gobierno sigue también sin querer enterarse de las recomendaciones de la ONU con respecto a la memoria histórica. Naciones Unidas ha dado a España un plazo de 90 días para que presente un calendario de trabajo actualizado con las medidas concretas que garanticen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada de la guerra civil y el franquismo. Y exige, además, las fechas previstas para aplicar cada una de estas medidas. Los familiares están dejados a su propia suerte, dice el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en su último documento,  presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos. Este martes, en el Congreso, el PP votó en contra de la declaración de nulidad de las sentencias del franquismo, encabezadas por las del presidente de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys.

4. La RTVE no es la tele del Gobierno

«No es labor del Ejecutivo velar por la independencia de RTVE, sino del Parlamento», ha asegurado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. «No nos tome el pelo, señor Montoro», le ha respondido la diputada de Podemos Noelia Vera. El uso partidista de la televisión pública por parte del PP es cada día más evidente. Uno de los últimos casos, publicado por Infolibre, fue la difusión como información en los telediarios del argumentario del PP en la cobertura de la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Audiencia Nacional por Gürtel. El Consejo de Informativos documenta 70 casos de censura, manipulación o doble raseroe n su informe sobre abril, mayo y junio.

#TVE cometió 70 casos de manipulación y censura entre abril y junio https://t.co/Ce5xgAXTL5 pic.twitter.com/LXaULFmQEY

— infoLibre (@_infoLibre) 10 de agosto de 2017

5. Un pacto para blindar la sanidad pública

Los partidos de la oposición, a excepción de Ciudadanos, han firmado el Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal para pedir la universalidad de la sanidad y blindar el Sistema Nacional de Salud (SNS). La iniciativa parte de la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto 16/2012 (REDER), en la que participan más de 70 organizaciones de la sociedad civil. El decreto dejó fuera del sistema sanitario a cientos de miles de personas y endureció el sistema de copago.