“No se ha actuado para eliminar las causas de la desigualdad”

MADRID // Las llamadas «políticas familiares» han promovido la igualdad de género en Europa. Sin embargo, alcanzarla de pleno es todavía una quimera. Bajo esta premisa, Carmen Castro García, activista feminista y economista especializada en políticas europeas de género y en sistemas de permisos por nacimiento, publica Políticas para la igualdad (Catarata). El libro, que se presenta este viernes en Madrid en la Casa del Libro (Fuencarral, 119), señala y repasa las políticas europeas que sostienen la desigualdad de género.

En Políticas para la igualdad habla de una «ceguera de género» en las políticas tanto europeas como españolas. ¿Qué quiere decir?

Me refiero a que no tienen en cuenta que el género es una determinante esencial de cómo impactan los proyectos y políticas públicas en las persistentes posiciones sociales de desigualdad de mujeres y hombres.

¿Qué consecuencias tiene esto?

En la cotidianidad percibimos algunos de sus efectos sobre las condiciones de vida, sobre todo tras los recortes presupuestarios en el sector público y en áreas especialmente sensibles para la igualdad de género. Los recortes en la provisión de cuidados, la destrucción de empleo público o de las prestaciones familiares están provocando una mayor intensidad de carga de trabajo no remunerado en las mujeres.

¿El trabajo de cuidados no remunerado se contempla en la política institucional?

Habría que diferenciar lo que se está haciendo desde diferentes instituciones. Por ejemplo, desde algunos ayuntamientos del cambio se empieza a tomar en cuenta la necesidad de abordar de manera explícita la provisión de los cuidados. Barcelona y Madrid lideran las tímidas iniciativas que se van emprendiendo. Sin embargo, desde el Gobierno, los Presupuestos Generales del Estado hablan por sí solos de cómo no se contempla la atención a la dependencia y el cuidado de menores desde la responsabilidad pública. Cuando el silencio y el ninguneo es la estrategia institucional respecto al trabajo de cuidados, cabe preguntarse quién se espera que los realice y a cambio de qué, porque alguien tendrá que dedicarle tiempo, capacidad y energía. Las necesidades de cuidado no se resuelven por sí solas, y no, no existen manos invisibles que las atiendan ni varitas mágicas con las que se puedan resolver; atender estas necesidades de las personas requiere de la asignación de recursos suficientes para que puedan ser provistas en condiciones dignas.

Si la división sexual del trabajo genera desigualdad de género y un diferente acceso de mujeres y hombres al mercado laboral, ¿qué medidas políticas se deben tomar al respecto?

Cada vez es más evidente la urgencia de alejarnos de las versiones ‘modernizadas’ de división sexual-social del trabajo implícitas en el escenario neoliberal de pluriempleo precario. Sostengo que necesitamos rediseñar gran parte de las políticas públicas para dotarlas de potencialidad de género transformativa, es decir, de la capacidad de incidir y transformar las normas sociales que reproducen el sistema de género y las desigualdades estructurales. No vale el game over; hay que darle un buen revolcón al sistema, poniendo los cuidados al ciclo de vida, los derechos humanos y la sostenibilidad en el corazón de la agenda política y económica. Necesitamos políticas redistributivas de tiempos, trabajos y riqueza que nos permitan avanzar en equidad, con medidas como la reducción de la jornada laboral máxima, la restitución de los servicios públicos, la creación de empleo digno asociado al cuidado interpersonal y de los ecosistemas, el reparto equitativo de los usos del tiempo, permisos de cuidados intransferibles y bien remunerados, rentas mínimas vitales para vidas vivibles tras la jubilación que superen la absoluta precariedad de las pensiones no contributivas, políticas fiscales basadas en la progresividad y equidad que faciliten desmontar las trampas patriarcales que persisten.

¿España y Europa hacen políticas anti igualdad?

Sí. La beligerancia de las políticas neoliberales desde 2007 ha provocado un aumento de la desigualdad en algo más de un 15% y un mayor sector de población bajo el umbral de pobreza; esta fragmentación social se adereza con el convencimiento de una supuesta falsa neutralidad que da cobertura a la misoginia institucional que impregna la agenda política actual. El escenario es el de la precarización general de las condiciones de vida y ante ello urge un giro radical para restituir y avanzar en la necesaria profundización democrática, asumiendo que previamente tendríamos que abordar la democratización de las familias y la redistribución equitativa de los recursos económicos, sociales y de tiempos de vida.

¿En qué punto está el mainstreaming o enfoque integral de género en las políticas europeas que se comprometió a aplicar la Unión Europea?

No soplan vientos favorables para la igualdad de género desde las instituciones europeas. La tendencia más acusada es la de ir diluyendo el compromiso con la igualdad y para ello se sigue utilizando la crisis como excusa. La aplicación de un enfoque integral de género se diluye en discursos de transversalidad carentes de recursos para llevarla a la práctica. Sin embargo, podría ser diferente, claro que para hacer efectivos los cambios que requiere diseñar y aplicar políticas responsables con la igualdad de género, hace falta un giro político hacia una democratización real.

¿Por qué, tal y como demuestran cada mes los datos del paro, hay una menor recuperación e incluso un estancamiento de las mujeres dentro del mercado laboral, así como son ellas quienes sufren peores condiciones laborales?

Porque no se ha actuado para eliminar las causas de la desigualdad. Por ejemplo, respecto al mercado laboral, la falta de corresponsabilidad en los trabajos no remunerados de cuidados provoca que la maternidad sea un factor de penalización sobre el empleo de las mujeres. Sabemos, por los estudios comparados a nivel europeo, que medidas como la equiparación de los permisos por nacimiento
—maternidad, paternidad, parentales— que propone la PPIINA para hacerlos iguales, intransferibles y plenamente remunerados, tendría un efecto multiplicador importante en la dilución de la división sexual del trabajo y favorecería un reparto más igualitario de tiempos y trabajos; sin embargo, el Gobierno español ha vetado, coincidiendo con el 8 de marzo, la posibilidad de tramitar el debate parlamentario de la proposición de ley presentada por Unidos Podemos-EnComú Podem-En Marea.