Los bulos de la casilla de la Iglesia

Cuando un contribuyente marca la casilla de la Iglesia en su declaración de la Renta no se está rascando el bolsillo para pagar un 0,7% más y así ayudar a la milenaria institución religiosa. Lo que ocurre –el diablo está en los matices– es que todos los 0,7% católicos son detraídos del montante total, aportado por cristianos, ateos, musulmanes, judíos, agnósticos o todo lo contrario. En 2015, por ejemplo, fueron casi 250 millones de euros, por decisión de poco menos de un 35% de los contribuyentes. Esos detalles no se conocerán si se atiende únicamente a la publicidad eclesial –lanzada estos días con motivo de la campaña de la Renta 2016–, que se limita a insistir en que la asignación «dependerá en exclusiva de lo que los contribuyentes decidan al marcar libremente», ignorando que no hay decisión posible para los que no quieren que una parte de lo recaudado por el Estado vaya a una institución religiosa privada cuya jerarquía defiende postulados políticos conservadores.

La propaganda de la Iglesia para promover las equis católicas insiste también en su «labor social» cuando la realidad es que ese dinero público se destina en su mayoría al sostenimiento de diócesis y parroquias. Además de la campaña Por Tantos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), también la memoria anual para justificar el destino de los fondos facilita la persistencia de estos equívocos. El resto lo hace la opacidad permitida por las autoridades responsables del control del dinero público, que como colofón benefician a la Iglesia con un régimen fiscal propio de una ONG.

De lo que recauda estos días el Estado para la institución eclesiástica no sabremos casi nada hasta que, en 2018, ésta presente una memoria sin detallar en el Ministerio de Justicia y cuelgue una vistosa presentación en el apartado de «transparencia» de la página web de la CEE. Entonces, si se repite el esquema de la memoria del ejercicio de 2014 –última publicada–, podremos consultar un dossier plagado de autobombo de actividades que en realidad reciben solo una parte menor del dinero recaudado. Únicamente al observar con detalle la memoria –con el sello de la auditora PriceWaterhouseCoopers, cuya sede en Madrid ha sido registrada por el caso de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid– se comprueba que de los 249,3 millones recibidos por la campaña de la Renta de 2014, la Iglesia destinó 199,7 al «envío a las diócesis para la realización de sus actividades». Es decir, más del 80% de la recaudación se dedica a sostener la institución, en lo que se incluye el coste puro y duro de las nóminas. Más de 16 millones fueron a pagar la Seguridad Social del clero, otros 4,7 millones se dedicaron para pagar a los obispos y a «funcionamiento [de la] Conferencia Episcopal». Así es el grado de detalle de la memoria: mínimo. La CEE consigna más de un millón a «actividades pastorales nacionales», epígrafe en el que podrían caber desde financiación para 13 TV hasta campañas contra la «ideología de género». No se sabe con detalle. El Gobierno no fiscaliza las memorias. Es decir, no pide a la Iglesia que pruebe la verdad del contenido. El Tribunal de Cuentas, responsable del control del sector público, tampoco lo hace.

«La memoria que presenta la Iglesia no es una contabilidad. Es un papel imposible de comprobar en el que, además, se presenta como una unidad y no como lo que es en realidad, un marasmo de congregaciones, fundaciones y empresas», lamenta Juan José Picó, uno de los impulsores de la campaña de Europa Laica contra la equis en la casilla eclesial. A juicio de Picó, lo más grave es que por la forma en que la institución religiosa presenta su memoria –en la que mezcla una página con los datos resumidos con decenas de folios dedicados a explicar su labor social–, «uno puede pensar que al marcar su casilla ayuda a los comedores sociales, y no es así«.

La casilla solidaria

¿Cuánto recibe Cáritas, el buque insignia de la obra social de la Iglesia? De lo recaudado vía renta en 2014, fueron poco más de seis millones de los 249,3 totales, un 2,4%. Aquí también hay truco. Tanto Cáritas como Manos Unidas, Mensajeros por la Paz y el resto de organizaciones caritativas de la Iglesia se financian a través de la otra casilla, la de fines sociales, con lo que las vías de recaudación eclesiales vía IRPF son dos: una, la casilla católica; otra, la casilla solidaria. La CEE vuelca su campaña en la primera, pero en realidad la segunda también le sirve. La campaña de la casilla social se hace por sí sola con la extendida opinión de que es el contraplano de la casilla de la Iglesia y sirve para financiar –en vez de al clero– a las ONG. Lo que ocurre es que decenas de esas ONG están vinculadas a la Iglesia.

Este modelo está anclado en el acuerdo alcanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la CEE en 2006, que sustituyó a la aportación por la vía presupuestaria. Según el discurso de la Iglesia, así se consigue una aportación por IRPF únicamente por la «voluntad libre» de los católicos, con lo que la institución avanza o incluso cumple su compromiso de autofinanciación. Esto es otro bulo. No sólo por las innumerables vías de ingreso o incentivo público que mantiene (Europa Laica, que contabiliza desde las aportaciones a la educación concertada hasta los sueldos de los capellanes castrenses, cuantifica el total en más de 11.000 millones al año), sino también porque en su vía de financiación oficial más ligada a la voluntad de los católicos, la aportación la realizan finalmente todos los contribuyentes.

La contrapartida de las concesiones de Zapatero fue el fin de la exención del IVA de las compras de la Iglesia, subrayado en el acuerdo como una «renuncia» de los obispos. Pero lo cierto es que el régimen fiscal del que disfruta continúa siendo muy ventajoso. El impuesto de sociedades se extiende a la mayoría de sus actividades. Tampoco paga transmisiones, ni sucesiones, ni donaciones, ni actividades económicas. La Iglesia, la mayor propietaria inmobiliaria privada de España, no paga el IBI de sus inmuebles ni siquiera en el caso de que no los utilice para fines sociales o pastorales, sino que –por ejemplo– los ponga en alquiler. Los beneficios se extienden hasta las expresiones más modestas de la economía eclesial: del cepillo de la Iglesia a los dulces monacales, por señalar dos clásicos.

La Mezquita-Catedral de Córdoba es un ejemplo emblemático de beneficios fiscales y falta de transparencia. Las entradas están exentas de IVA –¡lo que darían por algo así otras actividades culturales!–. En 2016 este monumento batió su récord de asistencia con más de 1,6 millones de visitas, con el acceso a ocho euros en visita normal (diez euros, desde enero). ¿Qué consideración tienen estos ingresos? Según fiscalistas consultados, depende de la interpretación. En la memoria presentada por la Diócesis es imposible ubicar este dinero. Lo que sí está claro es que no tributa por el impuesto de sociedades, aunque sí se declara, según la CEE, que incide en que el cobro no se realiza en ningún templo en horario de culto y en que esta exención es compartida con otras confesiones y asociaciones en virtud de la ley de Mecenazgo de 2002.

Esta norma ha permitido a la Iglesia argumentar que no tiene unos privilegios anclados en los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 –que consagran su posición privilegiada en la educación, el Ejército y la simbología oficial–, sino unos derechos en pie de igualdad consagrados en una norma del siglo XXI. El problema es que ninguna otra organización con sus exenciones tiene una mínima parte del volumen de patrimonio y el grado de complejidad jurídica y económica de la Iglesia. También es exclusiva de esta institución la inmatriculación de miles de bienes, motor de un fuerte incremento de su ya de por sí formidable cartera inmobiliaria.

«Cuando la Iglesia recibe dinero del Estado, nadie comprueba a qué lo dedica. Si lo gana empresarialmente, por ejemplo con entradas, no tiene que pagar impuestos por dedicarse en teoría a los mismos fines que las ONG. Es un círculo vicioso», afirma el abogado Claudio Rodríguez, especialista en fiscalidad, que recuerda que al no ser de iure una empresa, la Iglesia no tiene obligación de presentar sus cuentas en el Registro Mercantil. No obstante, de facto sí actúa en múltiples actividades como una empresa. Como ahora, cuando está pidiendo a los católicos que pongan la cruz –el logo de la empresa, de hecho– donde es debido.