Petición colectiva contra el secretismo de la venta de armas españolas

El lucrativo mercado de la guerra es también uno de los más opacos. En el caso de España, sexto exportador mundial de armas, destaca la ausencia de información pública en comparación con otras democracias occidentales. Este martes varias asociaciones no gubernamentales de renombre han pedido información sobre la autorización de venta armas a países como Arabia Saudí e Iraq, así como el cese de estas exportaciones a países en conflicto o con regímenes autoritarios. La petición coincide con la comparecencia en el Congreso de Marisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio.

España fue uno de los primeros países en ratificar en 2014 el nuevo Tratado Internacional de Comercio de Armas, que prohíbe vender material bélico a gobiernos que cometen atrocidades y violan de manera sistemática los derechos humanos y la legislación internacional. Entre los principales clientes de las armas hechas en España están los regímenes de Arabia Saudí, Egipto y Bahréin, además de gobiernos como los de Israel, Turquía, Brasil y Colombia, acusados de emplear armamento de guerra contra la población civil. Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, integrantes de la campaña Armas Bajo Control, pidieron que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso publique las actas de la Junta Interministerial que dio luz verde a la exportación de armas a esos países y exigieron el cese de esas ventas.

En 2016 la industria armamentística española exportó misiles, equipos de mortero, municiones, carros de combate, buques de guerra y otros artilugios bélicos por valor de 4.362 millones de euros, operaciones que contaron con el beneplácito del Gobierno (la ley establece que el Ejecutivo ha de validar la venta de «material de defensa» al extranjero). Según las organizaciones citadas, es necesario «que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas mejore la evaluación del riesgo del uso de las armas contrario al derecho internacional».

El destino más polémico de estas armas es Arabia Saudí, un régimen autoritario de tipo feudal acusado de atacar de manera indiscriminada a objetivos civiles en Yemen y de proveer a grupos armados afines a Daesh. En total, la campaña Armas Bajo Control pone la lupa sobre 16 «operaciones de potencial preocupación» sobre las que apenas existe información pública para «potenciar la transparencia (…) y el escrutinio parlamentario». Desde 1987 las actas que autorizan estas ventas son secretas, mientras que este año se cumple una década desde la entrada en vigor de la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de su doble uso.

Estas y otras peticiones y propuestas de la campaña Armas Bajo Control aparecen plasmadas en un amplio informe publicado este martes, que además recoge los casos pormenorizados de otros controvertidos envíos de material bélico a una amplia lista de países, entre ellos República Centroafricana, Camerún, Guatemala, México, Pakistán y Ucrania.

Además de ratificar el Tratado sobre Comercio de Armas, el gobierno de España firmó la «regla de oro», que rige el principio de «no autorizar armas para cometer atrocidades», una norma que estaría siendo violada en el caso de al menos dieciséis países que importan armamento español, según el informe.

En marzo la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, anunció que España duplicará el gasto en defensa en los próximos siete años. Los presupuestos nacionales de 2017, aún pendientes de aprobación, incrementarán en un 30% el gasto militar español respecto a 2016. Este aumento refleja los intentos del Ejecutivo por acabar con la ingeniería contable iniciada en el gobierno de Felipe González para maquillar el gasto armamentístico real de España y que durante décadas se ha beneficiado del secretismo de Estado que ahora denuncian varias ONG.