Europa maniobra para meter al Sáhara en el acuerdo comercial con Marruecos

En 2016 el Tribunal de Justicia europeo dictaminó que el Sáhara Occidental no entra dentro del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Marruecos por ser un territorio «separado y distinto (…) del Reino de Marruecos», tal y como establece Naciones Unidas desde los años 1960. Sin embargo, contraviniendo dicha sentencia, las autoridades alauíes y la Comisión Europea han empezado a diseñar una estrategia para que no se haga efectiva. Además, la Justicia europea dejó abierta la puerta a la inclusión de la antigua colonia española en el acuerdo siempre que «el pueblo del Sáhara Occidental haya manifestado su consentimiento», pero los últimos acontecimientos indican que ni Marruecos ni el Ejecutivo europeo adoptarán esa vía.

El pasado 19 de abril la Comisión pidió permiso a los 28 estados europeos para renegociar con Rabat el acuerdo comercial, vigente desde 2012. La información fue desvelada por el digital argelino Tout sur l´Algérie, que cita a varios funcionarios y diputados europeos, y subraya que en ningún momento las autoridades europeas incluyeron en ese diálogo al Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui según Naciones Unidas.

La treta legal que preparan la Comisión y Marruecos se centra en la terminología de la sentencia del Alto Tribunal europeo. Una pequeña modificación en el veredicto o en el cuerpo del acuerdo comercial, estableciendo «población del Sáhara» donde actualmente se lee «pueblo del Sáhara Occidental», reconocería a efectos legales que la población de ese territorio se expresase a través de instituciones marroquíes. Según esta fórmula, los diputados de las circunscripciones del Sáhara serían los encargados de aprobar el acuerdo, y no el pueblo saharaui, como establece la sentencia.

El pasado martes, a iniciativa del eurodiputado Florent Marcellesi (Equo, Grupo Verde Europeo), 23 miembros del Parlamento Europeo de cinco grupos parlamentarios de la izquierda y la derecha europea enviaron una carta conjunta a Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, y a los comisarios de Economía y Comercio, Pierre Moscovici y Cecilia Malmström, instando a un diálogo transparente (actualmente se negocia en secreto) ante los supuestos intentos de la Comisión por esquivar la sentencia de la Corte europea. Un día después el intergrupo para el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo intercedió ante António Guterres, Secretario General de la ONU, aprovechando su visita a esa institución.

«El punto clave de la renegociación entre la UE y Marruecos es el consentimiento del pueblo saharaui», explicó a La Marea Florent Marcellesi, quien además apoya que el Frente Polisario forme parte de la negociación de dicho acuerdo. «La Comisión y los Estados miembros tienen que dejar de considerar que por un lado está el comercio y por otro el proceso de paz (…) es hora de utilizar el comercio para reforzar el derecho europeo e internacional», declara Marcellesi desde Bruselas.

Justicia sin prisa

La máxima autoridad judicial europea tardó cuatro años en pronunciarse después de que la Unión Europea y Marruecos, que cuenta con importantes aliados en territorio europeo, firmaran un acuerdo comercial que libera el intercambio de productos agrícolas y pesqueros, siendo este último el rubro más destacado en el Sáhara Occidental, territorio pendiente de realizar un referéndum de autodeterminación para poner fin a su estatus colonial, según las Naciones Unidas. Desde que España abandonó el Sáhara en 1975, Marruecos controla de facto (ningún país del mundo reconoce su soberanía) la mitad oriental del territorio, la zona con más recursos naturales.

Después de que el Tribunal europeo emitiera su veredicto y excluyera al Sáhara Occidental del acuerdo entre Europa y Marruecos, varios altos cargos marroquíes amenazaron con suavizar sus controles en materia de narcotráfico y emigración. Sin ir más lejos, una semana después de que el comisario de Energía, Miguel Ángel Arias Cañete, reconociera «la condición jurídica distinta y separada del territorio del Sáhara Occidental con arreglo al Derecho internacional», el ministro de Agricultura marroquí amenazó con la reanudación de «el flujo migratorio que Marruecos (…) ha conseguido contener». Esta semana Florent Marcellesi y el diputado Jorge Luis Bail pidieron al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso María Dastis. que trabaje para que España respete las sentencias europeas.

Los intentos de la Comisión europea por esquivar esta sentencia coincide con una de las etapas de mayor riesgo de conflicto bélico entre saharauis y marroquíes desde que firmaron el alto el fuego en 1991. El periodo de alegaciones, deliberaciones, recursos y debates políticos a nivel europeo, nacional y regional podría extenderse de nuevo a varios años. Mientras tanto, todo apunta a que la aplicación de esta sentencia europea seguirá bajo la fuerte influencia de las posiciones políticas de cada país. Por ejemplo, en enero el gobierno de España se negó a interceptar un carguero noruego procedente del Sáhara Occidental que transportaba harina de pescado a Francia y que paró a repostar en Gran Canaria, a pesar de que la sentencia europea. En cambio,  otros buques comerciales y pesqueros procedentes del Sáhara sí fueron interceptados dentro y fuera de la Unión Europea.