Piden hasta cinco años de cárcel para cuatro jubilados franceses por auxiliar a refugiados

Un tribunal de Niza ha impuesto fianzas de 800 euros a cuatro jubilados de una asociación benéfica por haber auxiliado a refugiados y emigrantes en la frontera de Francia e Italia. Los pensionistas tendrán que abonar la fianza para no ingresar en prisión a la espera de la sentencia que se hará pública el próximo 23 de junio y que podría terminar con condenas de cinco años de prisión y multas de 30.000 euros.

Los cuatro hombres acusados, miembros de la asociación Roya Citoyenne y cuyas edades oscilan entre los 64 y los 68 años, habían sido denunciados en enero por un ciudadano mientras transportaban a seis personas -entre ellos dos menores- procedentes de Chad y Eritrea desde los Alpes hacia Niza, en el sur de Francia. Según la abogada de los acusados, Maeva Binimelis, esta ayuda a emigrantes no tuvo “ninguna otra contrapartida más allá de una sonrisa”, lo que despejaría las acusaciones por tráfico de personas. Además, alega que las temperaturas estaban por debajo de los cero grados centígrados en el momento en que se produjeron los hechos imputados y que sus representados “no podían hacer otra cosa, tenían que cumplir el objetivo de preservar la dignidad de seres humanos sin importar su origen”, declaró al diario Le Monde.

Este caso se suma a la larga lista de episodios conflictivos en torno a la ayuda a refugiados y emigrantes. El más conocido es el de Cédric Herrou, un granjero del sur de Francia que ayudó a cientos de refugiados en la frontera con Italia incluso después de haber sido condenado. Precisamente fue en la granja de Herrou donde se alojaron los refugiados y emigrantes que recibieron ayuda de los cuatro jubilados. “Si tenemos que romper la ley para ayudar a la gente, hagámoslo”, declaró Herrou en enero ante un tribunal de Niza. También tuvo especial trascendencia el juicio contra Rob Lawrie, un ex soldado británico que fue arrestado en Francia mientras intentaba ayudar a una niña afgana a cruzar a Reino Unido desde Calais, localidad francesa situada en el Canal de la Mancha.

Tanto los cuatro jubilados acusados como numerosas asociaciones, entre ellas Amnistía Internacional, aseguran que la policía fronteriza de Francia “tienen carta blanca para devolver sin formalismos a las personas llegadas desde Italia”, impidiendo la solicitud de peticiones de asilo y la tutela de menores que corresponde al Estado, según la legislación francesa.

Por otro lado, no siempre la Justicia gala adopta decisiones contrarias al derecho de asilo. En marzo el prefecto de la región Alpes Marítimos -cuya capital es Niza- fue condenado por atentado grave contra el derecho de asilo tras impedir que una familia eritrea pudiera solicitar protección.

Mientras tanto, entre el uno de enero y el 14 de mayo de este año murieron al menos 1.316 personas que trataban de cruzar el mar Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones. Dos años después del acuerdo alcanzado entre los 28 miembros de la Unión Europea, solo ha obtenido asilo el 3,1% de los 160.000 refugiados varados en Italia y Grecia. A cuatro meses de que expire el plazo, España solo ha reubicado a 886 de los 17.387 refugiados que se comprometió a acoger.