España baja más en el ranking de la defensa de los derechos LGTBI

MADRID // Hasta hace unos años, España era uno de los referentes en la lucha por los derechos de las personas LGTBI en Europa. Desde 2015, sin embargo, su influencia se ha ido perdiendo y otros países, como Noruega y Reino Unido, han tomado su puesto. España es ahora novena en el ranking que cada año elabora la organización internacional ILGA Europa. Se trata de la peor posición desde que esta clasificación se comenzó a elaborar en 2010, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia que se celebra este 17 de mayo. El primer puesto del índice lo vuelve a ocupar Malta. En el extremo contrario, se sitúan Armenia, Rusia y, como país menos respetuoso en Europa de los derechos de las personas LGTBI, se encuentra Azerbaiyán.

«Sin duda es debido a la inacción del Gobierno central. La única razón por la que seguimos manteniéndonos en el top ten es gracias a que varias comunidades autónomas están aprobando legislaciones específicas. De no ser por ello, habríamos dejado de ser una referencia», explica Jesús Generelo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

Según Rubén López, responsable de Derechos Humanos de FELGTB, «mientras que el resto de países de nuestro entorno avanzan, España se ha quedado anclada, ignorando así las graves violaciones de derechos humanos que todavía sufrimos las personas LGTBI». En este sentido, desde la organización consideran que la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, registrada el 4 de mayo en el Congreso por Unidos Podemos y en la que decenas de colectivos llevan trabajando años, haría que España remontase en esta lucha

Hacia una ley que proteja la diversidad sexual, de género y familiar

Pasar de una «igualdad simbólica» —la que representan el matrimonio igualitario y la normativa sobre identidad de género de 2007— a una «igualdad real», en palabras de Jesús Generelo, es precisamente el objetivo de la Ley LGTBI, que se encuentra ahora mismo en plena tramitación parlamentaria después de que todos los partidos diesen luz verde al proyecto.

Para llegar a este punto, se han dado dos principales circunstancias. «Un tejido asociativo potente y con personas muy formadas, que tienen claras su reivindicaciones, ha confluido con el impulso europeo que se está dando a las problemáticas de las personas LGTBI», resalta Laia Serra, abogada del Observatori Contra l’Homofòbia de Catalunya y que ha participado en la redacción de la ley.

A nivel autonómico, territorios como Cataluña, Madrid, Extremadura, Navarra o Andalucía ya han aprobado normativas para garantizar los derechos de personas gais, lesbianas, transgénero, bisexuales e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. «Que hubiera un vacío a nivel estatal no se podía alargar mucho más», apunta Serra.

Leyes, todas ellas, «de carácter preventivo y formativo», como explica Generelo, pero que ven limitado su ámbito de actuación. «Es necesario unificar y poner un suelo básico de defensa de los derechos fundamentales en todas las Comunidades Autónomas. Ahora, una persona trans no es tratada como enferma en un pueblo, pero sí puede serlo si se va al de al lado», incide el presidente de la FELGTB.

¿Por qué es necesaria esta ley? Para Generelo, «la discriminación por identidad de género y orientación sexual es el principal motivo de acoso escolar y se reproduce en los ámbitos laborales y sanitarios. Las agresiones a personas LGTBI no cesan: en 2016 y solo en la Comunidad de Madrid, se registraron más de 230. Además, hay quienes no se sienten empoderados para denunciar estos ataques». Serra apunta a la necesidad de abordar el terreno específico de las personas intersex y la violencia intragénero. De aprobarse la Ley, ambas cuestiones entrarían por primera vez en la legislación española.