Libertad de expresión: la víctima colateral del terrorismo

Este reportaje está incluido en nuestro monográfico sobre la libertad de expresión

El  7 de enero de 2015, dos hombres enmascarados asaltaron la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo en París y mataron a doce personas. El atentado terrorista provocó una ola internacional de protestas contra lo que se consideraba un ataque contra la libertad de expresión ya que desde ambientes yihadistas se había señalado a la revista por sus caricaturas de Mahoma. Pero irónica y trágicamente, el ataque a este medio de comunicación ha constituido un capítulo más para que las autoridades justificaran una deriva autoritaria que amenaza a las libertades fundamentales. Ante los numerosos atentados, la mayoría de los países europeos ha endurecido sus leyes. “En los dos últimos años hemos visto un cambio de paradigma en toda Europa: se ha pasado de la idea de que los gobiernos garantizan la seguridad para que la gente pueda disfrutar de sus derechos a la visión de que los gobiernos deben restringir los derechos para garantizar la seguridad. El resultado ha sido un rediseño pérfido de las fronteras entre el poder del Estado y los derechos de los individuos”, resume Amnistía Internacional  en un informe sobre el deterioro de los derechos humanos con las nuevas leyes antiterroristas en 14 países europeos, publicado en enero.

Francia es el país que más ha sufrido el azote del yihadismo en los últimos años y también es el Estado que más lejos ha ido en reforzar el aparato de seguridad. Tras los atentados simultáneos en París el 13 de noviembre de 2015, en los que murieron 137 personas, el gobierno socialista declaró el estado de emergencia. Esta medida extraordinaria ha sido extendida cinco veces, la última hasta cubrir las elecciones presidenciales en abril y mayo. Bajo el estado de emergencia, la Policía goza de amplios poderes, como registrar domicilios sin autorización judicial. Amnistía publicó hace un año que, de los 3.000 registros efectuados entre noviembre de 2015 y febrero de 2016, menos del 1% resultó en acusaciones de delitos vinculados con el terrorismo. Las fuerzas de seguridad también se respaldaban en esta amenaza para prohibir manifestaciones programadas durante la cumbre del clima de París en diciembre de 2015.

Con el estado de emergencia se ha disparado la persecución en Internet. “Se han multiplicado las condenas por apología del terrorismo y el uso de Internet es considerado como un agravante”, explica Patricia Goicoechea, la presidenta de Rights International Spain, una organización de juristas especializados en derecho internacional. Tras una modificación de la ley en 2014, la apología del terrorismo en Francia puede acarrear condenas de hasta cinco años de prisión y hasta siete años si se ha hecho online. “El problema fundamental de estos delitos es que son conceptos demasiado amplios”, considera Goicoechea. Asimismo, los defensores de los derechos humanos critican la desproporcionalidad de muchas condenas. El pasado noviembre, un joven francés fue condenado a tres meses de cárcel suspendidos por bautizar a la red de wifi de su casa con el nombre “Daesh21”, en alusión al acrónimo en árabe del autoproclamado Estado Islámico. “Fue un acto estúpido de un joven de 18 años que no sabe explicar por qué lo hizo”, argumentó el abogado del condenado, Karima Manhouli, y añadió que la policía no encontró ninguna pista que pudiera sugerir que su cliente simpatizaba con los islamistas.

Pero el Gobierno francés ha ido incluso más lejos en su afán por combatir el yihadismo en las redes. En junio pasado, el Parlamento galo aprobó una ley que castiga las visitas “regulares” de webs terroristas. Dos meses después, un joven de 19 años en Niza fue condenado a tres años de cárcel por haber navegado “de forma regular” en páginas de este tipo. “Hay un fenómeno de castigos ejemplarizantes”, comenta Goicoechea.

Directiva europea

Bélgica es otro país que ha sufrido la lacra de este fenómeno. El año pasado, el gobierno endureció la ley. Antes se castigaba la incitación al terrorismo cuando se suponía que existía un peligro real de que esta incitación efectivamente podría motivar un ataque. Ahora ya no hace falta este factor, con cualquier declaración es suficiente. El deterioro de los derechos civiles en nombre de la seguridad también es patente en países que, afortunadamente, no han sido golpeados por estas acciones, especialmente en la zona de Europa del Este. En Polonia, Hungría, Austria o Alemania, además, se mezcla el temor a los islamistas con la crisis de los refugiados que huyen de Siria, Iraq o Afganistán.

Los pocos países que aún no han dado una vuelta de tuerca a sus leyes pronto tendrán que hacerlo. El 16 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó con amplia mayoría una directiva para combatir el terrorismo. Esta prevé un mayor control de los viajes de potenciales terroristas a las zonas donde opera el Estado Islámico, así como luchar contra la financiación y el entrenamiento de yihadistas. Sin embargo, la directiva también exige a los Estados miembros reforzar el castigo de delitos de “enaltecimiento” del terrorismo. Los eurodiputados de Los Verdes, así como la izquierda de GUE-NGL, grupo al que pertenecen Podemos e Izquierda Unida, votaron en contra porque, entre otras cosas, consideran que el concepto de “enaltecimiento” es demasiado vago. En el debate previo a la votación, la diputada de Die Linke, la alemana Cornelia Ernst, recordó el caso de un refugiado sirio que fue condenado por ello en Hungría al haber participado en una manifestación contra el cierre de la frontera. “La definición de terrorismo en la directiva es muy imprecisa. Hay que preguntarse  si los manifestantes, gente que piensa distinto, todavía pueden ejercer sus derechos”, expresó Ernst.

El humorista que insultó a Erdogan y acabó con una ley en Alemania

Alemania no es ajena a la problemática que surge de la lucha antiterrorista. Pero el debate sobre la libertad de expresión recientemente ha girado también en torno a otro asunto. En marzo del año pasado, Jan Böhmermann, uno de los humoristas más populares y controvertidos del país, recitó en su programa de televisión un poema que difamaba al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de la forma más vulgar, zoofilia incluida. El presentador explicó que era un ejercicio para demostrar la diferencia entre la sátira y la difamación. Erdogan no lo entendió así y pidió al Gobierno alemán que se procesara al humorista. Para ello se acogió a un párrafo del derecho penal alemán que data de los tiempos de la monarquía en el siglo XIX y que castiga la difamación de un jefe de Estado o miembros de gobiernos extranjeros.

En su origen se trataba de evitar conflictos diplomáticos pero muchos políticos y juristas consideran absurdo que este párrafo 103 aún siga vigente. En los años 60 el sha de Persia se acogió varias veces a esta ley para censurar críticas feroces a su régimen en la prensa alemana. En 1977 un tribunal condenó una manifestación en la que se llamaba “banda de asesinos” a la dictadura de Agusto Pinochet, después de que el embajador chileno en Bonn se sintiera ofendido. Pero la aplicación de la ley se ha relajado recientemente. Hace siete años un tribunal de Baviera sentenció que una foto del papa Benedicto XVI con el lazo de la lucha contra el sida y unos condones expuestos durante la celebración LGTB del Christopher Street Day no constituía una difamación del pontífice.

Para que los fiscales alemanes actúen conforme al párrafo 103, el gobierno federal debe dar su visto bueno. El caso Böhmermann puso en aprietos a la canciller Angela Merkel, ya que Turquía es un aliado fundamental. Finalmente, Merkel autorizó el proceso contra el humorista entre fuertes protestas de la sociedad alemana. Al mismo tiempo, el gobierno decidió abolir el polémico párrafo. Muchos políticos, incluso algunos de los partidos que conforman el gobierno de gran coalición, habían exigido sin éxito que se eliminara también el párrafo 90 del Código Penal que castiga la difamación del presidente de la República Alemana con penas de hasta cinco años de cárcel. Alemania y España son países que aún mantienen este concepto de lesé majesté, la injuria al monarca o a la Corona, que fue ideado en el Imperio romano. Hasta Francia, donde el cargo de presidente de la República goza de un trato y una parafernalia especial, abolió la protección especial al jefe del Estado en 2013. En Alemania ha habido muy pocos casos de condenas por difamación del presidente.

El proceso contra Böhmermann fue cerrado sin cargos, pero se ha prohibido la difusión de su poema contra Erdogan. Un poema que ha acabado con una ley anacrónica.