El terreno fiscal, el más opaco del Ibex 35

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Uno de los aspectos más opacos en la información que suelen dar la mayoría de las empresas del Ibex 35 es su aportación fiscal, cuánto pagan exactamente en impuestos y dónde lo hacen. La reforma de la Ley de Sociedades de Capital del Gobierno pretende propiciar más transparencia. Los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa deben definir su estrategia fiscal y la política de control de riesgos. Además, la reforma del Código Penal establece la responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, que en caso de fraude ya no responde solo la compañía sino también sus gestores a nivel individual.

Desde entonces ha mejorado la información ofrecida por las empresas, aunque aún deja mucho que desear, por ejemplo en el asunto de operaciones en paraísos fiscales. “Sobre la presencia en estos territorios, las empresas suelen informar de manera sesgada o indirecta y, en general, es necesario analizar en detalle los informes anuales o las cuentas auditadas para detectar la presencia de filiales”, critica la Fundación Compromiso y Transparencia, creada por profesionales procedente del mundo de la empresa, la academia y el sector no lucrativo, en su informe correspondiente al ejercicio 2015.

Uno de los problemas es la misma definición de paraíso fiscal. El Gobierno, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) solo contemplan en su lista negra a los países y territorios más opacos, como las Islas Caimán. En cambio, la ONG Oxfam-Intermón incluye a todos los Estados que ofrecen un régimen fiscal beneficioso que atrae a filiales de multinacionales con el único fin de rebajar su carga impositiva, como Holanda, Irlanda o Luxemburgo. “Las empresas dicen dónde están y qué hacen allí pero no dicen cuánto pagan en impuestos”, explica Concepción Sacristán, coautora del informe de la Fundación Compromiso y Transparencia. “Muchos directivos creen que esta información es dar cartas a la competencia”, añade.

En el mismo sentido, hay diez empresas del Ibex 35 que todavía no se han apuntado al Código de buenas prácticas tributarias de la Agencia Tributaria española que pretende fomentar la cooperación entre el Estado y el sector privado en la lucha contra el fraude fiscal, según informó eldiario.es. Estas son Cellnex, Dia, Grifols, IAG, Meliá, Merlin Properties, Técnicas Reunidas, Viscofán y tres compañías en las que el Estado es el principal accionista: Aena, Enagás e Indra. Asimismo, las sociedades en bolsa ahora deben presentar un informe sobre la independencia de sus auditorías y tienen la obligación de cambiar de supervisor cada diez años. De esta forma se intenta evitar que la misma auditora –casi siempre una de los llamado Big Four, Deloitte, KPMG, EY y PriceWaterhouseCoopers– que diseña la estrategia para minimizar los impuestos dé luego su visto bueno a las cuentas anuales.

Mayor sensibilidad tras la crisis

También la sensibilidad de la sociedad por la contribución fiscal de las compañías ha aumentado a raíz de la crisis y los recortes. Así que algunas del Ibex han empezado a destacar su aportación de forma detallada. Inditex, por ejemplo, resaltó en su nota de prensa sobre los resultados de 2016 que ese año aportó 1.616 millones a Hacienda –sumando impuestos directos e indirectos como el IVA– y que la “tasa efectiva del impuesto de sociedades fue del 24,7%”.

Hay otros motivos para el cambio de actitud, como la presión de algunos grandes inversores extranjeros, sobre todo algunos fondos soberanos que siguen ciertos criterios éticos para invertir. “El fondo de Noruega [uno de los mayores del mundo] mira con lupa el tema fiscal y otros como la brecha salarial”, sostiene Sacristán. La investigadora cree que la importancia de la transparencia fiscal acabará calando por presión social: “Hace años el impacto medioambiental era poco visible. Habrá un momento en que la fiscalidad despertará la misma sensibilidad que ese otro tema”.