¿Qué le pasa a Gas Natural Fenosa en Colombia?

Pedro Ramiro y Erika González* // El año pasado solo en el municipio de Barranquilla se produjeron 142 acciones de protesta contra Gas Natural Fenosa. Pero la historia de esta multinacional en Colombia, jalonada por dos décadas de movilizaciones sociales en las que se han venido denunciando la mala calidad y los fallos en la prestación del servicio eléctrico por parte de la compañía, nunca ha ocupado grandes titulares en los principales medios de comunicación españoles. Hasta que de pronto todo cambió: “Colombia interviene la filial de Gas Natural Fenosa en el país”, leíamos en todas las portadas el pasado 15 de noviembre.

Con esa decisión del gobierno de Juan Manuel Santos, como bien podía deducirse del hecho de que los grandes diarios españoles apenas le dedicaran titulares beligerantes —como, por el contrario, sí habían hecho en ocasiones anteriores para hablar de situaciones parecidas en Argentina y Bolivia—, se apuntaba desde el principio no tanto a una nacionalización de Electricaribe, nombre de la filial de la multinacional española en Colombia, sino más bien a una intervención pactada. Pero, al final, parece que no ha sido exactamente así: tras finalizar las negociaciones entre el gobierno colombiano y la compañía española, la Superintendencia de Servicios Públicos —el organismo público que estaba al frente de la intervención de la eléctrica desde noviembre— anunciaba el martes “la liquidación de Electricaribe”.

Cuatro meses de negociaciones

“Seguimos deseando un acuerdo que permita resolver los grandes problemas de morosidad y fraude que somos incapaces de afrontar sin ayuda del gobierno”, decía el consejero delegado de la multinacional, Rafael Villaseca, el pasado 8 de febrero en la presentación de los resultados económicos anuales de Gas Natural Fenosa. Eso sí, por si acaso pudieran fracasar las conversaciones y quisiera desprenderse de ella, la corporación presidida por Isidre Fainé ya puso precio entonces a su filial colombiana: 475 millones de euros.

Después de que se produjera la toma de posesión de la empresa a mediados de noviembre, la Superintendencia de Servicios Públicos fijó el 15 de enero como plazo inicial para decidir el futuro de la compañía eléctrica. Una vez llegada esa fecha, anunció que en base a su propia normativa se daba una prórroga adicional de dos meses para tomar la decisión definitiva. El futuro de Electricaribe quedaría pues establecido, en uno u otro sentido, el 15 de marzo.

Durante estos dos últimos meses el gobierno colombiano ha sido tibio en sus posicionamientos y siempre ha manifestado que barajaba todas las posibilidades, desde la liquidación de la empresa —aunque señalaba que era “un proceso larguísimo”— hasta la coadministración de la compañía “de la mano de los accionistas” o “cualquier otra alternativa legal”. Al terminar este plazo y por sorpresa para buena parte de los colectivos sociales y organizaciones de afectados por la compañía, las autoridades colombianas anunciaron la liquidación de la empresa.

Electricaribe, según el superintendente, “no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren”. De ahí que se vaya a iniciar el proceso de búsqueda de otra empresa que pueda hacerse cargo del servicio. Y, mientras eso ocurre, seguirá siendo Electricaribe quien gestione la electricidad en la región caribeña, continuando con la intervención del Estado colombiano hasta su liquidación definitiva.

Gas Natural Fenosa, por su parte, ya había situado el 3 de marzo como tope para, en el caso de no llegar a un acuerdo, iniciar un litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Apenas diez días después, efectivamente, ha puesto en marcha la maquinaria jurídica para defender sus intereses utilizando todos los mecanismos que la lex mercatoria pone a su disposición.

El primero, la demanda ante el CIADI: en ella plantea una reclamación por su valor contable, que según afirma la multinacional en un comunicado sería muy superior a los 475 millones de su valor financiero. Además, la CEOE ha presionado a la Comisión Europea —en una carta enviada por su presidente Juan Rosell, la patronal española considera que “se establecería un precedente que podría tener consecuencias devastadoras en las actuales y futuras inversiones europeas en todo el mundo, al mandarse una señal equivocada a nuestros socios globales”—, y ha conseguido que la comisaria de Comercio aceptase la solicitud de mediar entre la eléctrica española y el gobierno colombiano. La Comisión ha asegurado que está analizando con el gobierno español los pasos a seguir.

Deudas, subvenciones y quejas

En el origen de toda esta controversia entre la transnacional de matriz española y el gobierno de Santos se encuentra la deuda. En cada comunicado de la compañía se ha venido señalando la elevada morosidad de sus clientes del Caribe colombiano, que se traduciría así en unas deudas acumuladas de más de 1.300 millones de euros. Para Gas Natural Fenosa, esta es la única causa tanto de la baja calidad del servicio prestado como de la situación de quiebra de su filial.

Este impago generalizado del que habla la compañía, sin embargo, no se refleja en sus informes anuales. De hecho, las cifras de cobro no son tan malas: la recaudación se mantuvo en torno al 90% hasta 2015, cuando se redujo al 84%. Precisamente ese año hubo un incremento del 34% en el precio de la electricidad por la escasa producción hidroeléctrica, debido a que el fenómeno de El Niño produjo unos efectos climáticos que repercutieron en la capacidad de pago de la población. También en 2015 Electricaribe integró en su estructura a la empresa Energía Social —la filial creada en su momento por Unión Fenosa para atender a la población más empobrecida, la más deudora—, que suele tener recaudaciones en torno al 50% aunque, gracias a los subsidios estatales con los que se financia parte del consumo de esta población, se ha mantenido alrededor del 80%.

Así, mientras la multinacional publicita unas cifras en las que la deuda aumenta de manera acelerada —según sus propios informes anuales de 2011 y 2012, la deuda a corto plazo acumulada por Electricaribe se multiplicó contablemente por cinco en un solo año—, los propios datos de la filial no parecen respaldar la versión empresarial.

Las organizaciones sociales y las instituciones públicas de la Costa Atlántica, por su parte, no creen que la empresa tenga pérdidas, ya que recibe cuantiosos subsidios del Estado colombiano. Electricaribe recibe el 87% del total del presupuesto público destinado a las empresas eléctricas para reducir la factura de las familias más empobrecidas. Y las ayudas estatales no se quedan únicamente en el ámbito del consumo, pues abarcan también programas de apoyo a la construcción de infraestructuras.

Razones como estas llevan al antiguo alcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Caicedo, a desconfiar de la versión oficial de la empresa: “A pesar de las pérdidas que achaca a la falta de pago de la población más pobre, Gas Natural Fenosa es compensada por el Estado colombiano con subsidios, de manera que no se justifica la pésima prestación del servicio”. Según distintos colectivos sociales y comunidades afectadas, todo apunta a otros motivos como el incremento continuo del precio, el mal estado de las redes, las suspensiones continuas del servicio y el enfrentamiento cotidiano entre trabajadores —empleados o subcontratados— como las verdaderas raíces del conflicto.

La Superintendencia de Servicios Públicos recibe 85.000 quejas al año en contra de Electricaribe. La Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos ha contabilizado 529 muertes por electrocución entre 2004 y 2012 por problemas derivados de las malas infraestructuras eléctricas. Y, según los cálculos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sectores comerciales e industriales pierden 3.215 millones de pesos por cada hora sin luz en una ciudad como la capital del departamento del Atlántico. En 2014, las numerosas denuncias efectuadas ante el Ministerio Público ya reflejaban irregularidades en la gestión de los impagos, coerción y chantajes a la hora de realizar acuerdos de pago por deudas. Un año antes, la problemática era la misma: en Cartagena 380 usuarios denunciaron cobros inadecuados y accidentes por fallos en servicio de energía. Todo ello ha contribuido al aumento de las protestas y las movilizaciones sociales contra Electricaribe, como las que hace dos años llevaron al bloqueo de carreteras en Barranquilla tras sufrir apagones de 34 horas seguidas.

¿Un acuerdo para la inversión?

Tras la intervención de su filial, Gas Natural Fenosa declaró su deseo de llegar a “un acuerdo entre las partes que le permita retomar el control de la empresa (Electricaribe) y acometer a la mayor brevedad el necesario plan de inversiones”. Una afirmación paradójica, porque su liquidación y la retirada de la gestión de la compañía ha sido motivada, precisamente, por la falta de inversión y la ausencia de liquidez para acometerla.

El problema de la inversión viene de lejos. El Estado colombiano intentó abordarlo a través del Plan 5 Caribe, un programa público que se vino desarrollando en alianza con Electricaribe. El objetivo de este plan, en palabras del ministro de Minas y Energía, era “resolver el problema de fondo, una calidad deficiente en la prestación del servicio que se origina por una baja inversión”. De esta forma en 2015 el gobierno autorizó una inversión pública por valor de dos billones de pesos para mejorar la infraestructura y redes eléctricas. Naturalmente, estas inversiones no mermaban los subsidios existentes en el sector de la electricidad y la búsqueda de alternativas para el pago de las deudas de la población y los entes territoriales. Según el Estado, estas ascienden a medio billón de pesos —unos 164 millones de euros al cambio actual—; según la empresa, a un billón de pesos —unos 329 millones de euros—. En cualquier caso, ambas cifras quedan lejos de los más de 1.000 millones de euros en deudas que dice tener Electricaribe por impagos.

La contraprestación que debía asumir Electricaribe era llevar a cabo las inversiones necesarias para garantizar un buen servicio eléctrico, pero tales acuerdos no llegaron siquiera al 30% de lo pactado para el año 2016. Electricaribe no cumplió su compromiso de inversión ni tampoco contó con la liquidez necesaria para comprar la electricidad que debía llegar a la población, lo que a ojos del actual gerente de la compañía intervenida, nombrado por el Estado colombiano, constituía el principal problema para garantizar el servicio a lo largo de este año. Por eso, las primeras medidas derivadas de la intervención consistieron en inyectar 120.000 millones de pesos del erario público a la empresa y aumentar el tamaño del fondo público con el que tendrían que cubrirse futuros compromisos de pago y deuda.

¿Y ahora qué?

Desde que Unión Fenosa tomó las riendas de Electricaribe en el año 2000, dos aspectos clave han marcado su negocio: la deuda, procedente de los impagos, y los subsidios e inversiones públicas que han ido alimentando las cuentas de la compañía. Cada vez que Electricaribe se encontraba con una mala situación financiera, ya fuera por las deudas o por la propia gestión de la compañía —algo difícil de determinar debido a la ausencia de datos públicos—, reclamaba fondos al Estado colombiano y este respondía. Así pasó con el Acuerdo de Malambo en 2003 y así lo intentaron, además de con otras medidas, con el Plan 5 Caribe en 2015. Pero eso, en esta ocasión, no ha sido suficiente.

¿Qué ha cambiado para que el gobierno y la multinacional, esta vez, no se hayan puesto de acuerdo? Difícil saberlo, porque todo el proceso de negociación ha sido a puerta cerrada, aunque todo apunta a que ambos actores tienen nuevos planes para la empresa: el gobierno podría querer beneficiar a otro operador —extranjero o incluso estatal—, mientras que Gas Natural Fenosa podría haber dado por amortizada su filial caribeña y estaría interesada en obtener la mayor cantidad de dinero posible por ella. En todo caso, lo que sí es seguro es que a partir de ahora se abren tres escenarios.

Primero: a pesar del anuncio de liquidación por parte del gobierno de Santos y la demanda internacional por parte de la compañía, es posible que los representantes del Estado colombiano y de Gas Natural Fenosa vuelvan a sentarse a negociar y puedan llegar a un acuerdo con el que seguir gestionando la empresa. Es una posibilidad que aún no está definitivamente cerrada, porque como decía ayer José Miguel Mendoza, máximo responsable de la Superintendencia de Servicios Públicos, “la ley establece la posibilidad de negociación, en procesos de liquidación como el de Electricaribe se puede corregir el rumbo y frenar la liquidación si se cumplen las exigencias, en este caso inversiones que superen la obsolescencia de las redes de Electricaribe”. Dicho de otro modo: si la compañía invirtiera parte de lo que le exige el gobierno colombiano, se acabaría el problema.

Segundo: que la multinacional española dé por perdida su filial Electricaribe y se centre en conseguir la mayor cifra posible de compensación, negociando con el gobierno colombiano la indemnización a la vez que esgrime la demanda ante el CIADI como amenaza. El ejecutivo de Santos, por su parte, podría vender la empresa tras liquidarla y con eso conseguir liquidez para pagar a los acreedores; después, si quedasen “recursos adicionales, se entregaría a los accionistas actuales, a Gas Natural Fenosa”, ha confirmado Mendoza. Es decir, que el monto de la compensación a la española aparece como la cuestión principal a debatir a partir de este momento.

Y tercero: que el Estado se haga cargo de la empresa eléctrica, en lo que vendría a ser una nacionalización, bien sea a través de una de las compañías públicas ya existentes, bien creando una nueva y corresponsabilizando a las diferentes instituciones estatales implicadas en su gestión. Como defiende el exalcalde de Santa Marta, “nuestra propuesta es que si el Estado avanza con la reestructuración sea para nacionalizarla, que cese la presencia de Gas Natural Fenosa”. Y eso, además, tendría que hacerse tras la realización de una auditoría socioeconómica de la compañía, que hiciera público qué deudas tendrían que pagarse y cuáles no, incluido el monto que exige la transnacional.

En la carta que el Comité por la defensa de los usuarios contra los abusos de Electricaribe remitió a Juan Manuel Santos hace unos días se recordaba que “estos servicios esenciales, por ser un sector estratégico, deben ser prestados por empresas estatales”. Y que “debe garantizarse una transformación estructural del modelo de prestación de estos servicios”, para garantizar “el derecho al acceso y la universalización de los servicios públicos a toda la población, con una administración libre de corrupción y un control social real”. Sin duda, a la vista de la trayectoria neoliberal del actual gobierno colombiano, esta parece la opción más improbable.

* Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.