La renta básica frente a la esclavitud moderna

ISABEL FRANCO* // Cuando hablamos de renta básica, estamos hablando de más democracia, de igualdad, emancipación, seguridad y libertad. Estamos hablando de algo tan importante y a la vez tan olvidado como es garantizar que se cumplen los Derechos Humanos fundamentales en España.

En este artículo propongo que salgamos del exclusivo ámbito intelectual y universitario para hablar del que es –debe ser- el corazón y el alma de la medida: El sujeto de la renta básica.

Por ello, hoy propongo una definición que nace de las necesidades diarias de las que, cuando se hacen fuertes conquistan derechos, y que pertenece a la sociedad civil. Se trata de aquella que reflejaba la ILP por la renta básica estatal, que con tanto ahínco pusimos en marcha, allá por el, ahora lejano, 2013. La renta básica «es un instrumento factible de erradicación de la pobreza, un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, que puede dar seguridad económica a la población frente a la incertidumbre y la arbitrariedad, permite iniciar otros modos de vida, fomenta la igualdad de género y contribuye a eliminar los estigmas sociales». La Renta Básica es, fundamentalmente, una herramienta de defensa contra la esclavitud moderna.

Aun siendo esta medida universal, cuando nos referimos al sujeto de la renta básica, hablamos de las de abajo, las personas damnificadas por la crisis, las afectadas reformas laborales y la congelación de las pensiones, de las desahuciadas. A esas a quienes una ministra de empleo, que nunca ha pasado dificultades y cuyo currículum no es más que el de la carrera política, quiere contabilizar mediante carnés de pobres, como si de una lista negra se tratase, estigmatizando su mera existencia. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que se niega a firmar la Carta Social Europea?

¿Cuántas personas conocemos que, aun teniendo un trabajo, tienen que contar las monedas en el supermercado para comprar o no otra caja de leche? ¿Cuántas tienen que ir a Cáritas para poder alimentarse cada día? ¿Saben los partidos del régimen cuántas familias y sueños de vida han destrozado?

Por muy cuarta potencia europea que seamos, nuestro país está atravesado por la más profunda desigualdad. Con la temporalidad y la debilidad de una economía basada en el ladrillo y el turismo, con la raquítica industria que quedó tras la ‘reconversión’ emprendida por el PSOE de Felipe González y el desdén de un Partido Popular que ha cambiado el Ministerio de Industria por el de Energía. Los efectos de la crisis y las políticas puestas en marcha por el bipartidismo son insostenibles.

Las reformas laborales de PP y PSOE son culpables de verdaderos dramas en la vida cotidiana de la mayoría social. Son responsables de que despedir sea más barato, de que más de 9 de cada 10 empleos en nuestro país sean temporales, de que los salarios hayan descendido y de que se haya despojado a los trabajadores de la negociación colectiva. La mitad de desempleados no cobran prestación alguna y muchos otros, se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Es evidente que el sistema de protección por desempleo de nuestro país, ni protege a las personas, ni acaba con el desempleo.

Ya no es solo que tener un trabajo remunerado no asegure una mínima estabilidad, sino que ni siquiera asegura salir de la pobreza. El informe de 2016 de la Fundación Foessa de Cáritas revela con crudeza, que el número de trabajadores y trabajadoras pobres ha aumentado casi un 3%.

Mientras tanto, en España, cada día hay 20 nuevas personas ricas. Y solo tres de ellas, el dueño de Inditex, Amancio Ortega, su hija, Sandra Ortega, y el presidente de Mercadona, Joan Roig, acumulan la misma riqueza que 14 millones de personas en nuestro país, según el informe sobre desigualdad de 2016 de Oxfam Intermon.

Urge encontrar una solución, que a su vez de una respuesta al reto de la robotización y la mecanización de la economía. Nos va la vida en ello. Este reto ya forma parte del debate en el seno de la Unión Europea y la propia Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha concluido que la renta básica es una respuesta eficaz. Países como Finlandia están probado ya la introducción de esta medida.

Se trata de dar respuestas reales a la nueva configuración de nuestra sociedad. Se trata del derecho a vivir dignamente, un derecho que debería ser fundamental. Un derecho que es indisoluble de otros como el de la calidad del empleo y de la fuerza colectiva de negociación de los trabajadores y trabajadoras, de una sanidad y educación públicas y de calidad, de unas pensiones que formen parte de la Seguridad Social y cuya cuantía sea adecuada y del derecho a la vivienda digna.

La Renta Básica debe ser una prioridad política para Podemos y tenemos que defender que así sea, un objetivo. Y seguiré defendiendo que así sea. A los horizontes nunca se llega, pero los objetivos se consiguen.

• Isabel Franco es diputada de Podemos por Huelva.