“La justicia cree que tres profesoras fueron acosadas, pero que una alumna pudo haberlo evitado”

«Me llamo Ana y, hace unos años, fui violada. El agresor, a quien yo conocía, era en ese momento en quien más confiaba. No denuncié inmediatamente; lo cierto es que me costó mucho contárselo a alguien. Primero guardé silencio, tratando de comprender yo sola cómo algo así podía estar ocurriendo. Lloré mucho, me castigué, traté de apartarlo de mi cabeza y, al final, un día, fue incontenible: acudí a dos amigas y les conté lo que pude. El resto, lo que no fui capaz de expresar en palabras, lo dibujé”. Cuando, tres años después, denunció a quien fue su profesor, sintió que era ella la que estaba siendo juzgada: “El proceso fue devastador. Pasé por varios juristas y psicólogos que ni comprendieron ni creyeron mi historia, como tampoco la creyó, finalmente, la jueza del caso. Me acribillaron a preguntas que no buscaban esclarecer los hechos, sino convencerme de que era yo la culpable. Me hirió profundamente la desconfianza y la falta absoluta de empatía con que me trataron. En esa sala, las vejaciones a las que me había sometido mi agresor no eran más que puntos en una enumeración burocrática destinada a acabar en un archivo”, narra en la página web de la campaña Yo te creo, impulsada por la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG).

“El objetivo es denunciar y visibilizar que como sociedad somos cómplices y artífices de la cultura de la violación cuando no creemos en los testimonios de las víctimas. La credibilidad de los testimonios de las víctimas está en el centro: queremos contribuir a desvelar y denunciar los estereotipos y prejuicios que hacen que la violencia sexual sea el único crimen en el que la primera sospechosa es la víctima”, denuncia la presidenta de la AMG y directora de la campaña, Mercedes Hernández. 

El último informe publicado por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas recuerda que 120.000 mujeres sufrieron violencia sexual en 2015 fuera del ámbito de la pareja o expareja, de acuerdo a los datos de la macroencuesta de Violencia contra la Mujer realizada por el Gobierno. La coordinadora denuncia la falta de respuesta institucional a este tipo de agresiones y pone como ejemplo que sólo tres comunidades autónomas disponen de protocolos específicos -que son, además, antiguos-:  Cantabria, Madrid y Canarias. «Aunque en Madrid el Hospital la Paz, referente para la atención a víctimas de agresiones sexuales, elaboró un protocolo específico publicado en 2011, con datos de 2008, nos consta que no ha habido evaluación, y que actualmente las mujeres que son violadas y acuden al hospital, si no han interpuesto denuncia, tienen muchas dificultades para recibir la atención adecuada».

Ana, nombre ficticio, tenía 23 años cuando llegó a España, en marzo de 2011. “No vine por elección, sino como una refugiada que tuvo que salir aprisa de su país, Guatemala, por encontrarse en el lugar y el momento equivocados. Él apareció justo entonces. Aunque intervinieron más personas, se arrogó todo el mérito de haberme sacado del país. No cesó de repetírmelo después: como si le debiera la vida y, por ello, tuviera que pagarle con mi cuerpo”, prosigue Ana, que prefiere no hablar con los medios para proteger su anonimato. Los abusos, cuenta, comenzaron esa misma noche y se prolongaron varias semanas: “Dije que no. Siempre dije que no: lo expresé con palabras, con forcejeos, con llantos. Pero él no paró. Así que en algún momento, simplemente, mi ánimo se quebró y mi voz se ahogó. Para él fue una victoria y ya no hubo límites”. 

La presidenta de la AMG insiste en que el fomento de la cultura de la violación ha desdibujado aún más el ‘no es no’. “Ya no es suficiente porque aunque las víctimas se nieguen su palabra no es tenida en cuenta, primero por el agresor que la ignora, después por el juzgador que no la cree”. En el archivo de la denuncia de Ana -detalla Hernández-, convergieron estereotipos basados en el género y en el conocido como la víctima ideal: “El tribunal llega a afirmar que si Ana participó en manifestaciones contra la violencia machista y tiene estudios superiores, tenía recursos suficientes para evitar las agresiones sexuales. Dicho sea de paso, el tribunal ni siquiera tiene en cuenta que la participación de Ana en esas manifestaciones es muy posterior a las agresiones sexuales, pero fuerza el hecho para hacerlo encajar en su prejuicio”.

Hernández se hace, además, tres preguntas a raíz del caso de las tres profesoras de la Universidad de Sevilla acosadas por un catedrático que sí ha sido condenado por la justicia -aunque fue protegido por la institución académica-: ¿Tiene que haber más de una agredida por el mismo victimario para que no sea la palabra de la víctima contra la del agresor? ¿Una profesora universitaria resulta más creíble que otras víctimas? ¿Se cree más a las profesoras por ser españolas en detrimento de Ana que es una mujer extranjera? Aunque los casos -y las pruebas- son distintas, la presidenta de la AMG, que celebra la condena del catedrático, llega a una conclusión: “La ‘justicia’ en España cree que tres profesoras pueden ser víctimas de violencia sexual pero Ana, que había sido alumna del agresor, pudo haberlo evitado”.

Ana continúa viviendo en España: “Es el país que le brindó protección contra criminales desconocidos, pero que no ha sido capaz de protegerla contra un agresor conocido, con el riesgo que corren no sólo ella sino otras mujeres”, concluye Hernández.