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Marruecos retoma el macrojuicio a 24 saharauis del campamento Gdeim Izik

Varias organizaciones internacionales denuncian que las confesiones de los 24 saharauis imputados se obtuvieron bajo tortura.

Desmantelamiento del campamento protesta Gdeim Izik, cerca de El Aaiún (Sáhara Occidental).

A las 17 horas de este lunes las autoridades marroquíes volvieron a sentar en el banquillo de los acusados a 24 saharauis por su presunta relación con la muerte de once gendarmes a finales de 2010, durante los disturbios que ocurrieron tras el violento desmantelamiento del campamento protesta Gdeim Izik.

Tras más de seis años en prisión, los 24 imputados se enfrentan de nuevo a las acusaciones de “formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres”. Ya en 2013 un tribunal militar de Rabat condenó a los inculpados a penas de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua, pero el juicio fue declarado nulo por incompatibilidades -los 24 acusados son civiles-, la falta de pruebas y la presión internacional. En diciembre de 2016 se reabrió el caso por la vía civil, dando lugar a una primera vista que duró seis horas y que estuvo plagada de momentos de tensión. Aquella sesión fue aplazada por orden del juez después de que los imputados y sus familiares esgrimieran lemas a favor del referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental.

Tal y como sucedió en ocasiones anteriores, las autoridades marroquíes pusieron trabas a la presencia de observadores internacionales. Francisco Serrano, uno de los cuatro abogados españoles enviados por el Consejo General de la Abogacía Española para observar el juicio, fue retenido a su llegada en Tánger, pero finalmente la policía le dejó asistir al macrojuicio.

De momento el tribunal no ha aceptado las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que destacan el carácter político de este juicio y aseguran que los 21 encarcelados -uno de los tres acusados en libertad condicional, el joven Hassana Aalia, vive en España, aunque el Ministerio del Interior rechazó su petición de asilo político- son víctimas de múltiples violaciones y torturas físicas y psicológicas en la cárcel con las que habrían forzado sus confesiones.

La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS) convocó manifestaciones frente a los consulados del reino alauí en quince ciudades de España. En Madrid, decenas de personas se congregaron frente a la Embajada de Marruecos para pedir la liberación de los presos políticos saharauis. Frente a la puerta de la delegación diplomática marroquí les aguardaba un saharaui que lleva en huelga de hambre desde el pasado 16 de diciembre para reivindicar «derechos sociales y económicos».

A finales de 2010 más de 20.000 saharauis residentes en el Sáhara Occidental ocupada por Marruecos erigieron sus haimas a 15 kilómetros de El Aaiún y crearon un campamento protesta bautizado como “Dignidad” (“Gdeim Izik”) para protestar contra las malas condiciones de vida y la discriminación laboral que sufre la población autóctona de la antigua provincia española. Cuando las autoridades marroquíes enviaron a la policía y el ejército a desmantelar el campamento, los saharauis enarbolaron consignas independentistas y se iniciaron los enfrentamientos violentos en los que murieron 11 gendarmes y dos saharauis. En aquel momento, Marruecos expulsó del territorio a todos los periodistas.

El campamento Gdeim Izik fue el precursor de la Primavera Árabe, según varios analistas y pensadores, incluido Noam Chomsky, y el episodio más violento entre marroquíes y saharauis desde que el Frente Polisario y Rabat firmaron el alto el fuego en 1991 para organizar un referéndum de autodeterminación que dirima el futuro del último territorio africano pendiente de descolonización y cuya soberanía, en términos legales, sigue correspondiendo a España.

El juicio se enmarca en un contexto de creciente tensión militar entre ambas partes. Este lunes un diario marroquí filtró que el general Fatalah Uarrak, que la semana pasada fue nombrado máximo jefe militar del país por el rey Mohamed VI, no tendrá entre sus funciones la comandancia de la Zona Sur (Sáhara Occidental), donde el ejército tiene desplegado el grueso de sus tropas. Se trata de un hecho sin precedentes, informa EFE.

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