IU insta al Gobierno a proteger los documentos secretos en manos de la Fundación Francisco Franco

Izquierda Unida está presionando en el Congreso para impedir que la Fundación Nacional Francisco Franco tenga acceso a informaciones secretas y restituya los documentos clasificados que obran en su poder. En concreto, la formación ha presentado una serie de iniciativas para que el gobierno tome cartas en el asunto tras “haber conocido nuevos datos que afectan a documentos públicos clasificados” en manos de la fundación.

El coordinador de IU, Alberto Garzón, y el diputado Ricardo Sixto registraron una proposición no de ley que insta al ejecutivo de Mariano Rajoy a cerrar cautelarmente el acceso al archivo de la Fundación Francisco Franco “en tanto no se recuperen los documentos públicos clasificados”, así como el traslado de esta documentación a dependencias públicas que garanticen su protección.

Garzón también denunció la pasividad del gobierno ante “los ataques contra la conocida como Ley de Memoria Histórica” y registró una pregunta para el Ejecutivo: “Tiene constancia de la existencia de documentación clasificada en la Fundación Nacional Francisco Franco que no está custodiada adecuadamente? Si es así, ¿qué medidas piensa tomar el Gobierno para solucionar este problema?”. El Gobierno deberá responder por escrito.

La iniciativa se basa en el trabajo realizado por la Secretaría de Memoria Democrática de Izquierda Unida en coordinación con sus diputados en el Congreso. Según su responsable, Esther López, el Partido Popular incurre en “una pasividad cómplice frente a los flagrantes incumplimientos de una fundación que actúa contra la legalidad vigente”. Un ejemplo de esta complicidad entre el gobierno y la Fundación Francisco Franco que cita Izquierda Unida es el premio que a principios de mes la fundación concedió a un diputado, dos alcaldes y el secretario del PP en Extremadura por honrar la memoria del dictador e incumplir la Ley de Memoria Histórica, una información desvelada por La Marea.

Tanto Garzón como Sixto señalan la responsabilidad de la Secretaría de la Jefatura del Estado y a la Presidencia del Gobierno sobre los documentos en manos de la fundación franquista, la mayoría pertenecientes a estos dos organismos, como la documentación de distintos Consejos de Ministros o la relativa al nombramiento de Carrero Blanco como presidente al final de la dictadura, entre otros.

Al menos entre los años 2000 y 2003 la Fundación Nacional Francisco Franco recibió subvenciones del Ministerio de Educación y Cultura de más de 150.000 euros, con los que digitalizó parte de su archivo, incluyendo documentos públicos clasificados que fueron depositavos en el Centro Documental de la Memoria Histórica. La Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales establece la obligación de las autoridades públicas de velar por la protección de “cualquier asunto” que “reúna las condiciones de `secreto´ o `reservado´” para restaurar su custodia.