Seguridad en la ONU, armas en los presupuestos

Andrés Rodríguez Amayuelas y Yolanda Polo // Durante los dos últimos años, España ha ocupado un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un cargo que le ha llevado a ocupar la presidencia de turno del Consejo dos veces; la última de ellas, este mes de diciembre. En palabras del gobierno, en este tiempo “renovará el compromiso con el multilateralismo, basado en el convencimiento de que los retos que enfrentamos hoy reclaman una acción concertada global”.

Resulta sorprendente leer tales intenciones mientras asistimos a informaciones que muestran precisamente lo contrario: un crecimiento de las exportaciones de armas sin precedentes, un posible crédito extraordinario de 1.824 millones de euros a la industria de armamento y un recorte acumulado del 70% en la política de cooperación.

Record en venta de armas

Para entender la verdadera dimensión de estos datos, deben ser explicados en contexto. Según el último informe del Centro Delàs, las exportaciones de armas se multiplicaron casi un 400% desde 2006. España alcanza niveles récord. Su cliente más destacado fuera de Europa es Arabia Saudí, que lidera la coalición árabe que interviene en la guerra en Yemen. Un conflicto que está causando gravísimas consecuencias para la población civil. Según los registros oficiales, 10.000 personas han perdido la vida y 3 millones se han visto obligadas a desplazarse internamente. La ONU ha fijado en unos 1.800 millones de dólares los recursos necesarios para garantizar ayuda humanitaria urgente a 14,4 millones de personas. La aparición de munición y armamento español en Yemen ha sido denunciada por varias ONG que pidieron explicaciones al gobierno. A pesar de que este tipo de comercio con países en conflicto es ilegal, puesto que está prohibido por la legislación española y la europea, el gobierno dio la callada por respuesta.

Créditos que aumentan los fondos de Defensa

En los últimos años, el presupuesto de Defensa hace el agosto en verano. Mientras estamos de vacaciones y los medios parecen hibernar, se autoriza un crédito extraordinario al Ministerio de Defensa. Este año, sin embargo, el Gobierno en funciones no pudo mover ficha para conceder los 1.000 millones previstos; dos sentencias del Tribunal Constitucional declarando esta medida ilegal también pusieron freno a esta decisión. Pero pasado el tiempo, una vez conformado el Gobierno, ya se anuncia que al monto del año pasado se sumará el de 2017, lo que supone un desembolso total de 1.824 millones –curiosamente una cifra muy similar a lo que se necesita en Yemen para garantizar ayuda humanitaria a la población. Esta inyección de recursos haría que el presupuesto de Defensa subiera un 33% en un solo año alcanzando los 8.000 millones de euros.

Debilitamiento progresivo de la Cooperación

Y así, los fondos públicos acaban en las arcas de empresas privadas que producen armamento. Si este dato es de por sí irresponsable, cuando lo comparamos con las cifras destinadas a cooperación, es simplemente obsceno. En 2015, los fondos destinados a Defensa ascendieron a 3.720 millones de euros; los de cooperación a tan solo 1.264. Se trata de la política pública más maltratada por las medidas de austeridad, con un 70% de descenso en sus fondos. Si tenemos en cuenta que la cooperación contribuye a la resolución de conflictos, a la garantía de condiciones dignas de vida y a la estabilidad en las regiones, este brutal debilitamiento se da de frente con el supuesto compromiso del gobierno con “un espíritu constructivo a favor de la paz y la seguridad internacionales”. ¿Seguridad para quién?

Afrontamos una de las crisis humanitarias más graves de la historia reciente de la humanidad. Más de 65 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares; muchas de ellas por conflictos bélicos que han supuesto la muerte de miles de personas y la destrucción de la vida en cientos de ciudades. Las personas fallecen mientras las empresas armamentísticas engordan, y quienes manejan los hilos parecen alimentar la codicia en una suerte de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Si el Gobierno español quiere jugar un papel relevante en la construcción de la paz internacional y la seguridad debe dejar de apoyar con dinero público a quienes fabrican armamento que acaba con la vida de las personas, y cumplir con rigor las leyes de control de armas. Actualmente la seguridad planetaria pasa necesariamente por fomentar el diálogo y la cultura de paz, evitar los conflictos bélicos, promover entornos seguros y garantizar los derechos humanos. Pasa, por tanto, por fortalecer las políticas públicas que contribuyen a ello; en este sentido, los presupuestos generales del Estado son una excelente oportunidad para demostrar un compromiso real con la paz y la seguridad. No hacerlo puede suponer llevarnos a recientes épocas infames en las que la dignidad humana fue arrojada a la cuneta. Aún estamos a tiempo de evitarlo.

Andrés Rodríguez Amayuelas y Yolanda Polo. Coordinadora de ONG para el Desarrollo (@CoordiONGD)