Borrar Palestina: Del hecho consumado a las leyes (y II)

GAZA (PALESTINA) // La Organización Mundial Sionista (OMS) finalizó su tarea de establecer el Estado de Israel en 1948. Desde entonces prefiere mantenerse fuera de las instituciones oficiales, y cumple un papel de apoyo. La OMS posee la División de Asentamientos, creada en 1971, que, llegado el momento, intercede en asuntos políticos. Hace un año, el estatus de la División de Asentamientos de la OMS y su relación con el gobierno israelí cambió. El Parlamento aprobó la enmienda Nº 2 de la Ley sobre el Estatus de la OMS-Agencia Judía, mediante la cual se otorga a la organización «tareas nacionales» concernientes a los asentamientos.

LA OMS es la cabeza de turco del gobierno israelí frente a las infracciones del Ejecutivo de la ley internacional, que prevé que cualquier construcción, o modificación, de territorio bajo ocupación es una violación de sus normas. «Los gobiernos israelíes resolvieron dejar este proceso a la OMS, porque dentro de la Knesset [Parlamento] hay un control presupuestario y financiero, y eso es público. Pero si la OMS invierte dinero en los asentamientos nadie lo ve», explica el experto palestino en Asuntos Israelíes, Ismael Mohra. Y los ciudadanos de Israel, ¿qué piensan de todo esto? «Están en un nuevo estado de sionismo, el sionismo propulsado  [Jet-Zionism]. Mezclan religión, populismo, la energía de la juventud, o el sionismo religioso encarnado en figuras como Naftali Bennett o Miri Regev», añade.

Aunque hay excepciones. B’Tselem es una ONG israelí conocida (y reconocida) por su defensa de los derechos humanos en Cisjordania y la franja de Gaza. Amit Gilutz, su portavoz, explica que «al mismo tiempo que hay un movimiento de colonos tomando más y más tierra de Cisjordania, los palestinos están siendo expulsados en violación de la Ley Internacional. Esto ha sido un pilar en la política israelí junto a la planificación, el financiamiento y la defensa de grupos que trabajan para este fin», denuncia.

La evolución de esta estrategia ha llegado a la «legalización» de declarar tierra palestina privada como tierra estatal israelí. «Ocurrió, por ejemplo, en el caso de Elon Moreh, en 1979. Lo hemos documentado todo en nuestro reciente informe Expel and Exploit. Es la práctica israelí de hacerse con tierra rural palestina«, prosigue Gilutz.

La propuesta de ley que regulariza los asentamientos no autorizados aparece en un momento en el que la Corte Suprema israelí «bloquea la política estatal de toma de tierra palestina», apunta el portavoz de B’Tselem. Así, se obtiene una nueva legislación que permite seguir actuando con la planificación de ocupación ilegal de tierra palestina. Pero aún hay más. «En la zona de Elon Moreh, hay un asentamiento ilegal y está erigido justo en el centro de un gran área declarada por Israel como reserva natural. Este modus operandi constituye un mecanismo de adquisición privatizado que permite al Estado continuar su política de establecimiento de asentamientos en Cisjordania mientras oficialmente rechaza los actos de los colonos cuando es necesario», expone la representante de la ONG.

Las familias palestinas no cesan de reportar ataques violentos de colonos, de forma rutinaria. Con los asentamientos, muchos aldeanos palestinos pierden sus tierras agrícolas o el lugar de pastoreo. También los recursos hídricos que son entregados a los colonos. La economía palestina muere poco a poco. Desaparece, como la tierra.

Sari Bashi es estadounidense y ciudadana israelí. Cofundadora de Gisha, organización que vela por el respeto de la libertad de movimiento de los y las palestinas, también es la directora de abogacía en temas israelopalestinos de Human Rights Watch (HRW).

«En HRW hemos documentado serios abusos de los derechos humanos y la ley humanitaria internacional inherentes a los asentamientos israelíes en Cisjordania. En enero de 2016 publicamos un informe enfocándonos en la actividad empresarial que hace posible los asentamientos», señala Bashi.

Entre las empresas hay una agencia inmobiliaria estadounidense que vende propiedades en asentamientos ilegales o una empresa europea de cemento que extrae recursos naturales palestinos a través de Israel. Esto significa, según HRW, «la contribución intrínseca de graves violaciones de los derechos humanos y la Ley Humanitaria Internacional».

«Pedimos, especialmente a los países con fuertes vínculos comerciales con Israel, que cumplan con su obligación de no reconocer la soberanía israelí sobre Cisjordania y excluir los acuerdos y productos de los asentamientos», reclama Bashi. Los países de todo el mundo, remarca HRW, tienen un importante papel en el asesoramiento de empresas domiciliadas en su territorio para que no inviertan en una ocupación ilegal que se impone sobre el terreno como hecho consumado a través de la expansión de las colonias.