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La paz sigue dividiendo a los colombianos

La decisión del presidente Juan Manuel Santos de implementar el acuerdo de paz a través del Congreso y el rechazo del uribismo a lo pactado, aviva la polarización y no logra cerrar las cicatrices del conflicto

El presidente colombiano Juan Manuel Santos durante la firma del nuevo acuerdo de paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016. FOTO: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE COLOMBIA

BOGOTÁ // Aunque hay que reconocer que lo intentaron, nunca lo quisieron. El gobierno de Juan Manuel Santos y la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez se sentaron durante varias semanas para tratar de enmendar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que perdió el plebiscito refrendatorio del pasado 2 de octubre, pero no lograron un consenso sobre los ajustes.

Después de varias reuniones entre los equipos de gobierno y representantes del No, estos últimos han quedado insatisfechos con el resultado. Uribe ha prometido lanzarse a la calle para rechazar el nuevo acuerdo, mientras que el presidente Santos ha dicho que lo pactado es inmodificable y buscará implementarlo a través de un Congreso aliado la próxima semana. Por su parte, el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, pidió una alianza política para defender lo pactado en La Habana, Cuba.

Algunos sectores del uribismo, en caliente, propusieron que se revoque el Congreso, algo que Uribe desestimó. El Congreso es una de las instituciones más cuestionadas del país, y se da por hecho que, a dos años de las presidenciales, la principal bandera de campaña de este partido de oposición será tumbar el acuerdo de paz. En cualquier caso, no hay duda de que la paz será el tema central de la próxima campaña presidencial.

En esencia, lo que no acepta este sector de la derecha es que los jefes guerrilleros que dejen las armas no paguen cárcel y puedan ser elegidos para las elecciones de 2018. También tienen reparos en la forma en la que reparará a sus víctimas y en que civiles y militares puedan ir a una jurisdicción especial a contar su participación en los miles de crímenes que han dejado más de 50 años de violencia.

Esta posición del uribismo refleja una visión de un sector del establecimiento que ha puesto todo el peso del conflicto en la guerrilla, y que en cierta forma protege e incluso niega la responsabilidad del mismo Estado y de un sector de la sociedad en la guerra.

No obstante, era urgente firmar el nuevo acuerdo, ya que la debilidad del cese del fuego bilateral comenzaba a preocupar a Santos, a la guerrilla, a la opinión pública y a la comunidad internacional.

Desde la semana pasada, la tregua se ha visto empañada por la extraña muerte de dos guerrilleros en el sur de Bolívar, al norte de Colombia, acusados por el Ejército colombiano de estar extorsionando. Este hecho generó una fuerte reacción de las FARC, que aseguraron que habían sido asesinados a mansalva. Para aumentar la tensión, también han sido asesinados en diferentes regiones del país 12 líderes sociales, lo que evidencia que la guerra está más viva que nunca en las regiones.

Todo este panorama de incertidumbre ha provocado, en el último mes, reacciones, sobre todo en los jóvenes, que hastiados de los políticos se volcaron a las redes sociales e hicieron populares las etiquetas #acuerdoya y #uribenojodamas. Miles de universitarios, escépticos y pacifistas se tomaron también las calles de Bogotá y otras ciudades.

La presión tuvo sus frutos. En menos de un mes los negociadores del Gobierno y de la guerrilla lograron introducir más de 190 enmiendas y aclaraciones. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para el uribismo, sectores conservadores, representantes de las víctimas y de iglesias evangélicas que promovieron el no.

Aun así, este jueves 24 de noviembre, el presidente colombiano ha vuelto a firmar un pacto de paz con el máximo comandante de las FARC en la fría Bogotá, sin la pomposidad de la ceremonia que se realizó en Cartagena en septiembre pasado. Ahora, los colombianos están a la espera de cómo será el nuevo capítulo de enfrentamiento en el Congreso, en donde se tendrá que refrendar lo acordado y se debatirán las reformas legales y constitucionales que permitirán al gobierno implementar la desmovilización y dejación de armas de la guerrilla más antigua del continente. También le abrirán su ingreso a la vida política.

Colombia, lejos de apartar el fantasma de la guerra con esta firma, enfrenta un nuevo periodo, en el que el principal reto será encontrar la fórmula para sanar las heridas que han dejado más de cinco décadas de dolor y sangre. Por ahora, lo único que queda es una sociedad profundamente fracturada.

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