Subvenciones a grupos políticos: la hucha de los partidos

En 2013, el 62% de la financiación pública de los partidos provino de unas subvenciones escasamente reguladas y fiscalizadas. El Tribunal de Cuentas, en su último informe, cifró en 135 millones de euros las ayudas que las formaciones reciben por su presencia en parlamentos estatales y autonómicos, ayuntamientos y diputaciones.

Estas subvenciones, que reciben grupos parlamentarios y municipales, representan en la actualidad la principal fuente de financiación de los partidos. No siempre fue así. En 1989 suponían el 15% de sus ingresos públicos, como consta en el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a ese año. En 25 años, sin embargo, estas subvenciones han proliferado en todas las instituciones, desde el Congreso a la mayoría de ayuntamientos de más de 20 mil habitantes, y han triplicado su peso en la financiación que reciben los partidos de las administraciones públicas.

El reparto de la tarta

Las entidades que financian en mayor medida a los grupos políticos son las Cortes Generales y las 17 asambleas legislativas autonómicas. En 2016, estas instituciones presupuestaron un gasto de 82,1 millones de euros para este fin. Congreso y Senado dedicaron el 11 y el 13,1% de su presupuesto¹, respectivamente, a subvencionar a los grupos parlamentarios². Las asambleas autonómicas emplearon, de media, un 19,2%.

El mecanismo para calcular estas subvención de cada grupo se repite en las Cortes Generales y en cada una de las cámaras autonómicas. La Mesa de cada cámara, la máxima autoridad parlamentaria, establece una parte fija para cada grupo político y otra variable que se concede en función del número de diputados. En el caso del Senado y de ocho asambleas autonómicas, se añade otra variable: una subvención específicamente dedicada a la contratación de asesores. Aunque, en todos los casos, el grueso de la subvención no está ligado a ningún propósito en concreto.

Esto es lo que tienen en común, pero hay grandes variaciones entre lo que gastan unos y otros parlamentos: desde el más austero, el de Illes Balears, que destina el 8,4% del presupuesto de la cámara a estas ayudas (casi 1,2 millones de euros); hasta el más generoso, el Parlament de Catalunya, que en 2016 reparte 15,8 millones de euros, casi tanto como la suma de Congreso y Senado. O, lo que es lo mismo, un 30% de su presupuesto. Eso sí, si tenemos en cuenta qué representan sobre los datos totales de cada cámara, la que destina un mayor porcentaje a estas ayudas es la de La Rioja, con un 32%.

Los parlamentos también difieren respecto al peso que dan a las partes que componen la ayuda: la fija y la variable. Unos, como la Asamblea de Madrid, protegen a los partidos más pequeños asignando un monto alto al componente fijo de la subvención, y otros, como la Asamblea de Extremadura, los castigan dando peso al variable. En Madrid, en 2015, cada grupo recibió 490.800 euros fijos mas 17.800 por cada escaño; en Extremadura, en el mismo periodo, cada agrupación recibió 9.120 euros fijos a los que sumaba 24.200 por cada diputado.

Por arte de birbibirloque. Caso aparte es Andalucía. El acuerdo para 2016 alcanzado por la Mesa del Parlamento andaluz contempla una corrección única que beneficia al primer partido, el Partido Socialista, a costa del segundo, el PP. Aunque se aprobó y se defiende como medida para igualar lo que reciben las dos principales formaciones por diputado, lo que hace es calcular esa corrección teniendo en cuenta también la parte fija. Conclusión: el grupo parlamentario popular deja de recibir 60.000€ anuales que van a parar al grupo socialista.

Entre el grupo y el partido

Pero, ¿estas ayudas son para los grupos o van a parar a los partidos? En teoría, están destinadas a apoyar el trabajo de los grupos políticos en las instituciones. Sin embargo, no existe una regulación a nivel nacional que defina en qué se pueden gastar ni cómo se deben fiscalizar. Su control queda fuera del alcance del Tribunal de Cuentas. Tampoco le afectan las obligaciones de la Ley General de Subvenciones, por lo que no son supervisadas de oficio por las cámaras de cuentas autonómicas. Su regulación, reparto y fiscalización queda en manos de los mismos organismos que las otorgan. Y estos raramente les han sometido a ningún control: las Cortes ni siquiera han solicitado a los grupos sus contabilidades específicas sobre estas ayudas (aquí y aquí) y en los últimos años solo dos asambleas autonómicas –Madrid y Murcia– han auditado estas aportaciones a los partidos.

Este vacío ha permitido a los partidos recurrir a una práctica común: una parte importante de las subvenciones que reciben sus grupos en parlamentos, diputaciones o ayuntamientos son trasladadas a las cuentas de la organización central. Los fondos que deberían emplearse en apoyar la actividad legislativa terminan alimentando el funcionamiento ordinario de las agrupaciones políticas, una finalidad para la que ya existen otras subvenciones.

El Tribunal de Cuentas, en unas recomendaciones emitidas en 2001, reconoció que era “frecuente” que “importes significativos” de las ayudas a grupos políticos fueran trasladas a las cuentas de los partidos y recomendó que “cada subvención se aplique estrictamente a la finalidad para la que ha sido concedida”.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las instituciones que otorgan estas subvenciones ha puesto en práctica este consejo.

Las agrupaciones políticas utilizan dos modalidades para manejar estas subvenciones. Hay partidos, como el PSOE, Ciudadanos o Podemos, que transfieren la totalidad de las ayudas que reciben sus grupos a las cuentas del partido, y desde ellas, pagan asesorías o realizan gastos para los grupos. Mientras que otras agrupaciones, como el PP, permiten a sus grupos directamente disponer de la subvención.

En ambos casos, sin embargo, una parte sustancial de las ayudas se emplean en el funcionamiento del partido propiamente dicho. Esto, que no es ilegal, es posible gracias a una fórmula ideada por los partidos: cobrar a sus grupos por servicios que, en teoría, les prestan.

Los partidos que manejan las subvenciones de manera centralizada, como el PSOE o Ciudadanos, suscriben acuerdos con sus grupos en los que se indica, de manera vaga, qué servicios les ofrecerán, utilizando conceptos como: “asesoría jurídica”, “coaching” o “formación”, como expusieron responsables de contabilidad de ambas formaciones.

El PSOE, por ejemplo, entre 2011 y 2013, cobró a su grupo en la Asamblea de Madrid 1,2 € millones, el 46% del total de la subvención que les otorgó el parlamento autonómico en ese periodo: lo hizo a cambio de “apoyo técnico no permanente”, según concluyó la Cámara de Cuentas de Madrid en un informe del año pasado. Según información proporcionada a eldiario.es por Ciudadanos, en 2014 este partido le cobró a su entonces único grupo parlamentario, el catalán, 860 mil euros en concepto de “asesoría”, el 73% de la subvención percibida.

Los partidos que otorgan autonomía a sus grupos, como el PP, simplemente, reciben aportaciones de ellos sin que quede claro de forma detallada a cambio de qué. Los populares en Andalucía, por ejemplo, entregaron al partido 11 de los 14€ millones que el parlamento andaluz les concedió como subvención entre 2012 y 2014, el 80% del total, en concepto de “aportación a la sede regional”, como figura en la contabilidad del grupo publicada en el boletín oficial del parlamento.

El Partido Popular no quiso responder a preguntas que se le formularon a este respecto. Podemos es el único partido que reconoce abiertamente que las transferencias de fondos que recibe de sus grupos en las instituciones “sirven para mantener su estructura y su estabilidad presupuestaria”, como figura en documentos disponibles en su portal de transparencia. En 2015, terminaron en las cuentas del partido 1,6 millones de los 4,5 que recibieron sus grupos parlamentarios.

[LOS FLUJOS ENTRE PARTIDO Y GRUPO DE LAS CUATRO FORMACIONES, A FONDO]

Fiscalización imposible

Al caer fuera de la supervisión que realiza el Tribunal de Cuentas, las subvenciones a grupos políticos son reguladas y fiscalizadas por las propias instituciones que las otorgan. Tanto las Cortes Generales como las asambleas autonómicas han optado, sin embargo, por apenas establecer mecanismos de control sobre el uso de este dinero. Eso sí, la mayoría de las asambleas legislativas que otorgan estas ayudas obligan a los grupos parlamentarios a llevar una contabilidad específica de las mismas.

El Congreso de los Diputados, por ejemplo, regula estas ayudas en un artículo de su reglamento, pero ni obliga a los partidos a presentar la contabilidad de estos fondos, ni establece en qué se pueden gastar, ni prevé su devolución si no se emplean correctamente, ni las somete a ninguna exigencia de publicidad. El Senado, además, reconoce que nunca ha solicitado esta información a los grupos. Por tanto, todo queda dentro del monto total de la consolidación de las cifras presentadas ante Tribunal de Cuentas.

Seis asambleas autonómicas (Cantabria, Baleares, La Rioja, Castilla y León, País Vasco y Navarra) tampoco exigen a sus grupos que presenten la contabilidad de las ayudas que reciben, ni las publican.

Otras cámaras han establecido controles más estrictos. En Castilla La Mancha, después de que en 1992, el entonces presidente de la asamblea, el socialista José María Barreda, decidiese cancelar las subvenciones a todos los partidos porque se negaban a explicar en qué gastaban los fondos, se endureció el reglamento de manera que ahora es obligatorio tanto presentar la contabilidad de estas ayudas como conservar y justificar cada factura. Una situación similar se vive en Canarias. En otros parlamentos, aunque las reglas no son tan explícitas como en estas comunidades, al menos las formaciones políticas están obligadas a presentar cuentas anualmente ante la Mesa o publicar datos contables en las respectivas páginas de transparencia.

Pero que las cuentas se tengan que presentar o que sea obligatorio conservar las facturas no significa que estas subvenciones sean realmente auditadas. Esto solo ocurre si las autoridades de la cámara lo solicitan y en los últimos años, esto, de hecho, solo ha ocurrido en dos ocasiones: en las asambleas de Madrid y Murcia, ambas el año pasado.

Estos informes de fiscalización constataron que los partidos trasladan los fondos destinados a la actividad parlamentaria a sus cuentas, pero se encontraron también con que algunas formaciones como el PP en Madrid no gastaban la subvención y se limitaban a ganar dinero con los intereses bancarios. Otras, como el PSOE madrileño, no podían justificar que sus gastos fuesen realmente destinados al grupo parlamentario. Además, la sección murciana de Ciudadanos pagó parte de su campaña electoral con estos fondos.

En la práctica, estas ayudas, aunque sean la fuente pública de ingresos más importante, siguen sin pasar por la rendición de cuentas que sí se exige a otras subvenciones.

Este artículo ha sido publicado originalmente en El BOE Nuestro de Cada Día.