Las protestas en Madrid y Barcelona obligan a los ayuntamientos a actuar contra los CIE

La realidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ha vuelto al primer plano político tras las protestas, casi coincidentes en el tiempo, de los internos de Aluche, en Madrid, y de Zona Franca, en Barcelona, donde este mismo martes varias personas han intentado huir. El pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una moción de urgencia para pedir al Ejecutivo que cierre las instalaciones de la ciudad. Y se hizo por la mínima, con los votos a favor del PSOE y Ahora Madrid, que empataron con los votos en contra de Ciudadanos y el PP. La situación se salvó con el voto de la alcaldesa, Manuela Carmena. Además, tres jueces han ordenado colocar urgentemente cámaras de vigilancia en las instalaciones tras las denuncias de agresiones a varios internos.

La lucha institucional también se ha recrudecido en Barcelona, donde el consistorio que encabeza Ada Colau ha anunciado que precintará el centro de Zona Franca por incumplir la normativa municipal y por sus “condiciones infrahumanas”. Este movimiento obligaría, amparado por la ley, al Ministerio del Interior a desalojar el CIE o, en caso contrario, el ayuntamiento asegura que denunciará por la vía penal. Sería el segundo intento del equipo de gobierno barcelonés para clausurar el CIE, tras el intento fallido del pasado verano.

Ha sido precisamente la lucha de los propios internos, que pedían mejoras en sus condiciones y, sobre todo, su puesta en libertad, la que ha llevado el tema a las portadas y lo ha vuelto a colocar en la agenda política. La primera protesta arrancó en Aluche, con un motín que se desatascó tras 12 horas de negociaciones. La acción fue apoyada también en la calle con una concentración de cientos de personas.

Después le llegó el turno a Barcelona, donde casi 70 internos comenzaron una huelga de hambre que duró casi dos días para pedir su puesta en libertad. El ayuntamiento dio cobertura desde el principio a los participantes. El teniente de alcalde, Jaume Asens, defendió que se trataba de una protesta “legítima”, y ofreció “servicios sanitarios y psicológicos” a las personas que hicieron la huelga. De poco sirvió la acción a los amotinados, ya que durante la misma fueron deportados tres de ellos. Este mismo martes intentaron salir del centro, también sin éxito.

Una de las organizaciones que ha estado siguiendo muy de cerca los hechos es Tanquem els CIEs, un colectivo que reivindica el cierre de estos centros y que reúne a activistas y abogados. Pero el manto de silencio sobre estas cárceles temporales es muy denso. Cristina Fernández, miembro de la asociación, cuenta que no han logrado saber aún si tras la mediación con los internos que se amotinaron se logró algo. “Seguramente cuando vieron que las autoridades expulsaban a tres de los participantes se desincentivó la continuidad de la protesta”, analiza.

Se han producido varias protestas en CIE en los últimos años pero pocas veces prácticamente coinciden dos en el tiempo. La última huelga en el de Zona Franca fue en 2013, tras la muerte de un interno. “En los CIE hay bastante movimiento, la duración del internamiento es de máximo 60 días, así que es muy difícil para las personas que están dentro organizarse mínimamente”, explica Fernández. De manera que las protestas se dan cuando hay factores límite, a los que se suman otros, como en esta ocasión: el grupo de internos que hizo la huelga de hambre en Barcelona era de Argelia, lo que facilitó su organización.

El de la capital catalana ha vivido un mes de octubre particularmente movido, ya que antes de esta protesta se produjeron dos intentos de fuga. El día siete un grupo de internos animó al resto para tratar de escapar, mientras que el 16 llegaron a intervenir los antidisturbios. Las ONG, entre ellas SOS Racismo, CEAR y Amnistía Internacional, han vuelto a denunciar estos días que los CIE son en realidad “cárceles para extranjeros” en los que no se garantiza el respeto a los derechos humanos.

Jaume Asens, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, explica que su equipo de gobierno pondrá en marcha campañas de sensibilización pero lo cierto es que la estrategia es, principalmente, la vía judicial. De hecho, el consistorio ya ha anunciado que tratará de precintar el CIE de Zona Franca, lo que en teoría obligaría al Ministerio de Interior a desalojarlo en un plazo de 20 días. «Es como una discoteca a la que le falta la licencia y se le exige que echen el cierre, pero como no han atendido a la orden vamos a precintar», adelanta Asens. «Entonces pueden pasar tes cosas: que acaten -cosa poco probable-, que recurran la orden o, en la línea de Rajoy, no hacer nada y pasar de nosotros, con lo que se colocaría en una situación de desobediencia», añade.

El consistorio descarta cualquier choque si se produce la última opción. «No vamos a ir con la guardia urbana. Si fuera un particular, igual sería lo suyo, pero lo que haremos en este caso será ir al juez para que decida», reconoce. «El juez podría mandar a los mossos, pero estamos hablando de algo muy surrealista que no se va a dar», remata.