“Voy a tener que vender el techo de mi hija para pagarle al maltratador”

«Actualmente sigo siendo maltratada por la violencia institucional. Entré en el circuito judicial y aún no he salido. Tengo indultos. Pero pido que se revise mi caso para evitar que vuelvan a cometerse los mismos errores. Voy a tener que vender la casa, el techo de mi hija, para pagarle al maltratador. Debo 60.000 euros, entre costas y todo el procedimiento penal. Y nadie hace nada por solucionar la situación en la que me encuentro y en la que se encuentra mi hija, también víctima. De hecho, a ella nunca se la escuchó. Cada día me llaman muchas mujeres diciéndome que no sólo no las atienden en los juzgados, sino que les quitan la custodia y se la dan a los maltratadores. Eso es lo que me cuentan ellas. ¿Me pueden explicar qué es lo que se está haciendo y por qué se hace esto?». María Salmerón, la mujer que ha recibido varios indultos tras ser condenada por incumplir el régimen de visitas establecido para que su exmarido, condenado previamente a 21 meses por maltratarla durante el matrimonio, pudiera ver a la hija de ambos, había pedido la palabra en el VII Congreso para el estudio de las violencias contra las mujeres.

Acababa de terminar su ponencia Pilar Martín Nájera, fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, en la que abordó, entre otros asuntos, los avances conseguidos en la materia desde la Ley integral, como la privación de la patria potestad como pena dentro del proceso penal sin que tuviera que existir una relación directa con el delito: «A partir de 2015 -explicaba Martín Nájera- el Tribunal Supremo dijo en una sentencia que el hecho de que un padre mate a la madre es la mayor vulneración de los deberes que tiene con la patria potestad sobre el hijo. Poco a poco vamos avanzando. Hay también otra sentencia puntera que consideró que se cometía delito por maltrato psicológico por el hecho de intentar matar a su mujer delante de los dos niños».

Sin embargo, la fiscal -o fiscala, como defendió Amparo Rubiales al presentarla- no supo dar respuesta a Salmerón, no porque no quisiera sino porque todavía queda mucho para llevar «la teoría a la práctica», como dijo Salmerón. «Bueno, realmente no sé el caso concreto ni en qué fase del procedimiento se encuentra, no sé la edad que tenía la niña. Yo sí que admito que durante mucho tiempo esa obligación de escuchar a los niños se ha dejado un poco de lado para protegerlos. Si en su caso no se le escuchó, lo siento. Efectivamente, la legislación nueva lo que intenta es mejorar el enjuiciamiento de los casos. Con respecto a las víctimas que no han sido atendidas ni escuchadas tendría que saber los datos», contestó sin poderle aclarar nada más.

No fue el único caso que puso en evidencia la lejanía entre la teoría y la práctica, entre la buena voluntad, el trabajo concienzudo por poner fin al terrorismo machista y las dificultades a las que se enfrentan las víctimas en el día a día. Lola se presenta como asesora jurídica de la línea 900 y online del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM): «Quería hacer referencia a situaciones que se producen muy a menudo con el estatuto de la víctima, y es que la víctima que ha hecho una solicitud para que determinados actos del proceso penal se le comuniquen no recibe respuesta. Hablan conmigo a diario y no reciben esa información, referente, por ejemplo, a que el penado pasa a otro grado o se le concede un permiso. La víctima tiene derecho a ello, lo ha solicitado y, además, tiene derecho a impugnar esa resolución. No dando esa información se está produciendo una segunda victimización».

Leonor Osuna, coordinadora de coeducación, profesora en Mairena del Aljarafe, expone en su turno de palabra que no disponen de dotación económica, ni de horas, ni de formación que no sea la que obtienen por iniciativa propia para frenar la violencia desde la escuela: «Los maltratadores no salen de un hábitat distinto, salen de aulas como éstas, con mesas y pizarras como éstas», asegura que le dice a sus alumnos. Inmaculada Sánchez, con formación especializada, cuenta al auditorio su experiencia al presentarse a plazas para trabajar en los puntos de información a la mujer (PIM) y otros recursos municipales en peligro de desaparición: «Lo que me encuentro es que es un servicio que funciona a costa de subvenciones. En cada pueblo se hacen convocatorias, se piden unos requisitos para entrar. A mí me pedían un proyecto, tuve que pasar una prueba, un examen de tres horas, una entrevista personal, en Umbrete. Eso para unos meses. Cuando lo que tenía que hacerse es un servicio de calidad y continuado», denuncia.

Con distintas mesas y ponencias que se prolongarán hasta este martes, el congreso, inaugurado por la consejera andaluza de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, está constando la necesidad urgente de leyes específicas y un pacto de Estado que conlleve el compromiso real de toda la sociedad. «Una realidad global necesita respuestas globales de las instituciones. ¿Y eso qué significa? Que funcione. Hacen falta medidas de carácter transformador, que permitan cambiar las mentalidad y la situación de partida. No podemos acabar con la trata si seguimos normalizando el consumo de prostitución», advirtió la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que impartió la conferencia inaugural. Desde su punto de vista, la Ley integral fue pionera, premiada, lleva más de una década en vigor y ha sido un logro, pero sólo se refiere a la violencia dentro de las relaciones afectivas. «Yo no quiero resignarme a una única ley, necesitamos mucho cuerpo jurídico, más cuerpo legal. A lo mejor no hace falta modificar las leyes, porque algunas propuestas ponen los pelos de punta, sino elaborar muchas leyes», insistió. Por supuesto, con recursos económicos, subrayó más tarde una chica en otra sala.

Soleto puso como ejemplo que más del 40% de las mujeres que han sido asesinadas este año habían pedido ayuda, y esa circunstancia, esa denuncia, no impidió el desenlace fatal, como ocurrió recientemente en el caso de Olivares: «Hay que repensar medidas de garantías de la seguridad y tienen que ver con que las instituciones eviten secuencias de victimización secundarias. Es decir, cuando una mujer denuncia es para resolver la situación y no para iniciar un calvario. Y no se resuelve su situación, se inicia una cosa diferente que si sale bien, bien, pero existen muchas posibilidades de que salga mal».

Propuesta de pacto de Estado

La vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, Estela Sánchez Benítez, presentó una propuesta de pacto de Estado. Entre otras medidas, destacó la equiparación de las víctimas de violencia de género a las víctimas del terrorismo, con las máximas penas de prisión. «Se dedican dos minutos en el telediario al asesinato de una mujer y diez minutos a unas inundaciones. Parece que no existe», lamentó Sánchez, la abogada que consiguió la primera condena en España por violencia psicológica, según la presentación que hizo de ella la directora general de Violencia de Género de la Junta, Ángeles Sepúlveda.

La modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reivindicación constante para corregir la dispensa de no declarar, es otra necesidad junto al seguimiento en el acompañamiento a las mujeres que retiran las denuncias: «Cuando se retira la denuncia, el caso en la realidad no sigue y cuando una mujer no declara en el juzgado se considera, además, que está mintiendo». Sánchez también subrayó como punto fundamental en un pacto de Estado la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores: «No son buenos padres. La mujer está en una casa de acogida obligada por él. ¿Cómo se puede poner un régimen de visitas en un punto de encuentro y que tengan que ir esos niños y esas niñas? Los menores también necesitan protección y órdenes de alejamiento porque son víctimas», prosiguió.

La abogada reclamó, además, una formación continuada: «Que no sea un cursito al año, y que la formación la den personas feministas y expertas, porque no hay riesgo bajo; se denuncia porque hay riesgo, hay que investigar y preguntar». En el apartado económico, la propuesta de pacto de Estado recoge la inclusión de recursos de empleabilidad: «Hay que garantizar que estas mujeres trabajen, porque muchas o no han trabajado, o no están formadas o tienen pocas posibilidades. La Administración tiene que guardar una parte importante para que puedan trabajar. Y otra cosa sencilla es elevar la renta mínima de inserción. Eso es fácil». Ángeles Sepúlveda, además, reclamó que las mujeres sean consideradas como agentes sociales en las negociaciones con el Gobierno.

La directora general de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, Cristina Saucedo Baro, incidió en la misma dirección y aseguró que muchos recursos públicos simplemente están sirviendo para poner parches: «Sin complicidad social no hay manera de acabar con esto. Empecemos a cuestionarnos cada uno lo que hacemos para poner medidas que eviten llegar a las distintas manifestaciones de las violencias hacia las mujeres», dijo en la mesa El falso consentimiento: la violencia sexual. Contó que ella se crió con La bella durmiente y hoy se siguen reproduciendo los estereotipos de género «como algo normal» con películas como Crepúsculo o programas de televisión como Mujeres, hombres y viceversa, donde recientemente uno de sus participantes escenificó la cultura de la violación. «Ana Orantes denunció a su marido en la tele y la quemó viva. Su caso nos despertó la conciencia y, a partir de ahí, hubo muchas mujeres y muchos hombres que dijeron que ésta no es la sociedad que queremos», añadió.

En la misma sala, Cristina Rovira, estudiante de Trabajo Social, leyó el siguiente titular: «Muchas mujeres deciden cuidar hijos porque quieren y no trabajan tanto como un hombre». Esta frase, continuó Cristina, la ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Es de 2015. Desde la mesa, Carmen Ruiz Repullo, consultora, asesora e investigadora en violencia de género en adolescentes, afirmó: «Eso es violencia institucional y no tiene castigo». Cristina recordó con una sencillez aplastante lo que el patriarcado sigue sin querer ver: «En esta España la mujer no puede trabajar y ser madre a la vez». Por eso pidió un pacto, pero desde arriba, creyéndoselo.

El uso del lenguaje no sexista también ha estado presente en el congreso. Amparo Rubiales recordó cuando ella, en 1979, era concejal en el Ayuntamiento de Sevilla y «la vicepresidente» en la Diputación. Un hombre del público reivindicó el femenino plural y una profesora argentina, Sara Gutiérrez, dejó claro lo siguiente: «Quiero repudiar públicamente el uso del término feminazi, que se usa para desprestigiar a las mujeres feministas y el movimiento de mujeres en el mundo». «Somos muchas las feminazis que vivimos para darle guerra a ellos», concluyó Amparo Rubiales.