El Síndic de Greuges denuncia la desidia de las instituciones catalanas ante el abuso sexual a menores

La cruzada personal del padre de un alumno que le aseguró haber recibido abusos sexuales por parte de su maestro de educación física acabó destapando a principios de este año una auténtica trama de pederastia en un centro de los maristas en Barcelona. Más de una decena de maestros de esta orden han sido acusados formalmente, con más de 40 denuncias. El seguimiento de los hechos, que se remonta a décadas atrás, según se ha podido ir sabiendo por testimonios de algunos exalumnos, ha permitido comprobar hasta qué punto la institución religiosa proporcionaba un manto de impunidad que se ha prolongado en el tiempo.

El caso ha abierto el debate en Cataluña, territorio en el que se ha triplicado el número de víctimas por maltrato infantil -entre los que se incluyen los de índole sexual- en los últimos cinco años, de las 649 en 2011 a las 1.871 en 2015, según la Conselleria d’Interior. Datos que, como advierten profesionales del sector, representan una parte pequeña -sólo los que llegan a convertirse en denuncias- del total de casos. En este contexto, el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) ha presentado este viernes un informe sobre el abuso sexual en Cataluña que hace patente que se trata de una lacra “infradetectada”.

Pero contra quien apunta, directamente, el documento elaborado por el Síndic es contra las administraciones, que, como ha destacado Rafael Ribó, “son las que han de asumir el papel principal en la detección de los abusos y en la protección de los menores”. Para el síndic, el problema tiene muchas “dimensiones” y requiere “la intervención de diversos agentes y órganos que, en nuestro caso, dependen del mismo gobierno y la misma administración”. Ribó ha pedido “liderazgo” y no olvidar que “proteger a los menores contra el abuso sexual es un derecho fundamental y un deber de los poderes públicos”.

El año pasado, según los atestados policiales, se detectaron 644 posibles víctimas. Sin embargo, como ha destacado Ribó, “en Catalunya no hay un conocimiento preciso sobre la prevalencia real” del problema, y ha criticado además que no se haya cumplido el compromiso asumido en la ley 14/2010, que contemplaba que se hicieran estudios sobre este punto. La institución ha denunciado también el déficit de formación, tanto a los ciudadanos como a los profesionales relacionados con la educación, así como la falta de apoyo institucional a los mismos.

“La escuela es un ámbito privilegiado para detectar y comenzar a actuar sobre posibles abusos, por eso es grave que observemos déficits en la formación de los profesionales”, ha remarcado Ribó, quien ha llamado a intervenir en los centros. Los recursos también son insuficientes. Por una parte, no se cumplen las ratios de profesionales en relación con el número de alumnos y, por otra, sólo existen en Cataluña dos unidades de atención multidisciplinar para el abuso sexual -una de ellas de carácter privado-, unos medios que el Síndic cree “insuficientes”, ya que la lucha en este terreno se encuentra “infrafinanciada”.

Ha sido recordando debates en el Parlament sobre el caso de los Maristas cuando Ribó ha asegurado que, ante ciertos argumentos escuchados, ha sentido “vergüenza”. “Se decía que no se tenía que aplicar el protocolo [en la escuela de los Maristas] porque se trataba de una escuela privada”, ha incidido. “¿Se imaginan que los derechos se pudieran compartimentar por espacios de la sociedad?”, se ha preguntado, visiblemente indignado. Contra ese punto también ha cargado Ribó, ya que el nuevo protocolo para detectar y combatir el maltrato en las escuelas excluye a los centros privados, algo que considera “inadmisible”.

Tampoco se ha creado el servicio de atención a las víctimas de abuso que preveía la ley 14/2010, ni se garantiza la confidencialidad de los menores que denuncian en todos los casos. Una larga lista de déficits que aleja la meta de erradicar o minimizar lo máximo posible los abusos sexuales a menores en Cataluña.