La FELGTB propone una ley estatal contra la discriminación sexual y de género

Arropada por políticos de casi todos los partidos (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís o IU) y por representantes de numerosos sindicatos y colectivos (como CCOO, UGT, CESIPA o Fundación 26 de Diciembre), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este miércoles lo que espera sea el germen de una ley nacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Recoge su trabajo de 25 años y espera conseguir armonizar en todo el territorio lo que en algunas comunidades como Cataluña, Madrid o Galicia ya está vigente a nivel autonómico. “No tiene sentido que vivamos en un país a doce velocidades, se trata de derechos humanos”, ha declarado Jesús Generelo, presidente de la federación.

Generelo reconoce que es una ley “ambiciosa”, que va a requerir de mucho trabajo por parte de las administraciones y los actores de la sociedad civil. Pero también espera que obtenga un consenso mayoritario, y que forme parte de todos los acuerdos previos a la constitución de cualquier nuevo gobierno. Un respaldo que se equipare a la gran base social que, desde su punto de vista, ya apoya este proyecto, especialmente demandado en las dos últimas manifestaciones del Orgullo.

Los motivos y motivaciones para llevarla a cabo son muchos. Por un lado, en palabras de Charo Alises, jurista de FELGTB, “el preocupante aumento del número de agresiones, que hace necesarias medidas de mayor protección para las víctimas”. Este año, solo en Madrid, ya se han dado 200 casos. También está el hecho de que la orientación sexual y la identidad de género sea uno de los principales causantes de los delitos de odio en el país. O que la lgtbifobia sea la tipología de acoso escolar más extendida. Para combatir esta última lacra habría que, en palabras de Generelo, “cambiar de raíz algunos de los principios del sistema educativo”. Esta misma semana ha sido denunciada una carta enviada por el director de un colegio en el que compara la ley contra la lgtbifobia aprobada por la Comunidad de Madrid con el «fanatismo musulmán». 

La transversalidad del borrador, que aspira a modificar cuestiones laborales, sanitarias, militares o de cooperación internacional, puede ser uno de sus mayores escollos. La diputada de Podemos en la Comunidad de Madrid Beatriz Gimeno cuenta, por ejemplo, cómo el PP aprobó la ley general en la Asamblea pero se negó a aceptar algunos requerimientos educativos que sí generaban consenso en el resto de partidos.    

Habrá que ver el recorrido de estos 96 artículos, entre los cuales se incluye la “prohibición de las terapias que pretenden revertir la orientación sexual”, la creación de “un centro nacional de memoria histórica lgtb” o la “despatologización de la transexualidad, incluyendo a menores de edad”.