Un colegio equipara la ley contra la LGTBIfobia al “fanatismo musulmán”

El colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón equipara en una carta la ley contra la LGTBIfobia aprobada en la Comunidad de Madrid al «fanatismo musulmán».»El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante», concluye la misiva, firmada por el director del colegio, Carlos Martínez, y enviada a las familias a modo de bienvenida al centro. «En el fondo -añade- el islam o la ideología de género no son más que otros programas humanos, como enseña Juan Pablo II, y son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso. Eso es lo que deberíamos enseñar a nuestros hijos sin ningún complejo».

Tras realizar un repaso por algunos atentados que han golpeado a Europa, la carta, con evidentes tintes islamófobos, reprocha a la derecha, en este caso al PP de Cristina Cifuentes -sin citarla expresamente- la obligación de educar sobre la diversidad sexual que recoge la norma: «Nuestros políticos más cercanos, aquellos que deberían defender la familia y nuestras raíces cristianas, ocupados en complicar las cosas con legislaciones tan absurdas como la reciente Ley de Ideología de Género […] Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos! ¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente! ¡Qué despropósito pretender imponer una ideología a fuerza de sanciones!».

Entre las medidas referidas a educación, la ley establece que los currículos y programas educativos de la Comunidad de Madrid, respetando los currículos básicos, deberán contener pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de las personas LGTBI. Además, la Comunidad elaborará, difundirá e implantará entre todos los centros educativos, públicos y privados, protocolos que permitan detectar, prevenir y corregir acciones de discriminación o acoso hacia menores LGTBI; y en los centros educativos se desarrollarán, a lo largo de cada curso escolar, acciones de fomento de la cultura del respeto y la no discriminación de las personas basada en la orientación sexual e identidad o expresión de género.

La Consejería de Educación ha asegurado que no comparte el contenido de la carta y ha encargado al Servicio de Inspección Educativa un informe para comprobar si el contenido de la carta infringe la normativa vigente sobre conciertos educativos y, en caso de que así fuese, proceder a la apertura de un expediente sancionador. «Manifestaciones de este tipo no contribuyen al buen entendimiento, respeto y tolerancia que son necesarios para el desarrollo de un buen proyecto educativo», afirma la Consejería, que hasta el momento no ha recibido «ninguna denuncia, reclamación o queja sobre el contenido de la carta ni sobre el funcionamiento del centro por parte de las familias de los alumnos». El centro, financiado con fondos públicos, separa a los menores por sexo. El director del colegio, preguntado por este periódico, ha declinado hacer ninguna valoración.

El colectivo Arcópoli, que ha exigido a la Comunidad de Madrid que revise el concierto, asegura haber intentado en varias ocasiones, sin éxito, reunirse con la Secretaría del centro para analizar la forma de implantación de la ley. «También nos hemos puesto en contacto con la Comunidad de Madrid para expresar nuestra preocupación ante la situación del alumnado LGTB en este centro sufragado con dinero público, ya que, supuestamente, según alumnos que se han puesto en contacto con Arcópoli, el único mensaje que se transmite acerca del colectivo LGTB es que la homosexualidad es una enfermedad y que es posible curar a los homosexuales«, denuncia en un comunicado. «La libertad religiosa no permite que cualquier religión pueda adoctrinar en sus colegios a sus estudiantes en contra de la Constitución, de la Organización Mundial de la Salud y de las leyes emanadas de los Parlamentos. Preocupante precedente tendríamos si permitiésemos a una religión adoctrinar en los colegios en contra de las leyes españolas», añade Arcópolis.

«Vulnera no sólo los principios democráticos en los que debe establecerse la educación de alumnos y alumnas, sino que atenta contra los derechos constitucionales en sus principios más básicos e imprescindibles», expresa en una nota el grupo Ganar Alcorcón, que pide igualmente al Gobierno regional que no establezca conciertos con colegios que defiendan prácticas antidemocráticas y emprenda «las acciones legales oportunas«. También exigen al alcalde, David Pérez (PP), que muestre su repulsa a la carta, que exija una rectificación pública y que anule y evite convenios con este centro: «Que pagamos con dinero público en sus enseñanzas obligatorias, como el convenio para la realización de las prácticas de FP en diferentes especialidades en el Ayuntamiento de Alcorcón».

Pérez, que también es diputado en la Asamblea de Madrid, fue multado por su partido por ausentarse la votación de la Ley contra la LGTBIfobia. Y, con los votos de PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos y Grupo Mixto, fue reprobado el pasado verano por el pleno del Ayuntamiento de Alcorcón por sus reiterados incumplimientos de las proposiciones aprobadas en materia LGTBI.