Agresiones y racismo institucional: una ‘costumbre’ en España

En una famosa escena de La vida es bella, el hijo de Guido (Roberto Benigni) lee el siguiente cartel: «Prohibida la entrada a judíos y a perros». Su padre le intenta explicar que cada uno tiene sus preferencias: en la ferretería no dejan entrar a españoles ni a caballos, en la farmacia, ni a chinos ni a canguros. Josué señala que en su librería ellos sí que dejan entrar a todo el mundo, por lo cual Guido le promete que, a partir de ese momento, vetarían la entrada a las arañas, que le caen muy mal al niño, y a los visigodos, que le caen muy mal a Guido.

La escena, del reciente y oscuro pasado de la historia europea, sigue ocurriendo todos los días. Por ejemplo, en Vitoria. El informe anual de SOS Racismo sobre la situación del racismo y la xenofobia en el Estado español, publicado este viernes, recoge los resultados de un experimento realizado en la capital alavesa con la ayuda de cinco personas: dos mujeres de Euskadi y Colombia y tres hombres de Benín, Marruecos y Argelia. Presentaban condiciones muy similares respecto a su contrato de trabajo, edad o nómina; y preguntaban por una vivienda de características parecidas. Las respuestas recibidas, sin embargo, no se asemejaron en nada. Para la mujer vasca había frases amables y corteses, como «claro, siéntese», «este apartamento podría interesarle» o «el dueño de este piso estará encantado de alquilárselo a una chica de aquí de toda la vida». Cuando la que entraba era una persona inmigrante, de repente se habían «acabado los pisos en alquiler», el dueño «no quería alquilárselo a negros» o, directamente, no arrendaban el piso «a extranjeros«.

El estudio aborda los 247 casos de discriminación que fueron denunciados a SOS Racismo en 2015. Unos datos que, según Mikel Mazkiaran, secretario general de la federación, son solo una «muestra». La cifra apenas se ha movido en los últimos años debido a que la discriminación se ha normalizado y a que las víctimas desconocen su posibilidad de denunciar, no confían en ello o no se atreven, según explica la organización. La opresión racial se refleja, en este informe, en dos tipos de consecuencias principales: las agresiones y el conocido como racismo institucional. Agresiones como la denunciada por Vanessa Míguez, presidenta de SOS Galicia: una persona regresa de madrugada y un hombre en estado de embriaguez le rompe una botella de cristal en la oreja. Cuando baja de su casa acompañado de su compañero de piso para ir al hospital, el agresor, escoltado por otras dos personas, le pega por detrás en la cabeza con una barra de hierro.

El racismo institucional, por su parte, abarca desde los CIE (Centros de internamiento de extranjeros) y sus dinámicas a los obstáculos para obtener la nacionalidad o regularizar la situación en el país. De todos los casos denunciados suponen el 22%. También se traduce, en palabras de Mohamed Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid, en «cacerías policiales para llenar un avión de deportados, la retención de un menor en un CIE durante 59 días, deportaciones a extranjeros que llevaban más de diez años en territorio español o la absoluta falta de transparencia de estos lugares, que impide conocer que ha ocurrido con hasta el 50% de las personas internas».

Desde SOS Racismo exigen, por tanto, al próximo Gobierno la puesta en marcha urgente de «una Ley Integral contra la discriminación» y de una «Ley de protección de víctimas de delitos de odio». Para que el problema empiece a solucionarse piden, además, que aumente «el conocimiento de esta realidad» y la creación de «una estrategia integral y consensuada entre las administraciones públicas, la sociedad civil y la ciudadanía».