Cobre Las Cruces admite que contaminó el acuífero y llega a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel

Cobre Las Cruces, la compañía que se define como la minería del siglo XXI, respetuosa con el medio ambiente y que siempre ha negado las irregularidades de las que ha sido acusada, ha admitido finalmente que contaminó el acuífero con arsénico del que se abastece la población y extrajo más agua de la permitida. Son las conclusiones del acuerdo al que ha llegado la empresa que opera a 10 kilómetros de Aznalcóllar (Sevilla) con la Fiscalía para evitar la cárcel: los tres acusados -el exconsejero delegado François Fleury, el exdirector William Thomas y la actual directora del departamento de Medio Ambiente, Paz Cosmen- han aceptado una pena de un año y tres meses de cárcel frente a los cinco años y medio de prisión que solicitaba el Ministerio Público para cada uno de ellos por un delito contra el medio ambiente y otro de daños. Los tres meses serán conmutados por una multa de seis meses con una cuota diaria de 15 euros. Además, serán inhabilitados durante un año y deberán indemnizar al Estado con 43.688 euros por los daños generados por la contaminación y con 249.521 por los daños generados por la detracción ilegal de aguas. El juzgado ha acordado la suspensión de la pena de cárcel al ser la única condena de los acusados.

Se pone fin así a la causa judicial iniciada por Ecologistas en Acción en 2008 y se reconoce la lucha de la organización, obviada en numerosas ocasiones por la Administración. Desde hace 16 años -y con la sombra de Aznalcóllar en el cogollo-, los ecologistas venían advirtiendo de la peligrosidad y los incumplimientos de esta explotación, que se saltaba constantemente la condición con la que fue aprobado el proyecto: crear un sistema para no dañar el acuífero. “Ese sistema, en vez de proteger el acuífero, lo estaba maltratando, provocando detracciones de aguas subterráneas muy por encima de lo autorizado y además había instalado más de 20 pozos ilegales que estaban inyectando agua contaminada con arsénico”, ha explicado una y otra vez Isidoro Albarreal.

«Pese a la precisión del condicionado, la dinámica de la empresa fue su incumplimiento. Así, tras presentar el 8 de julio de 2005 un modelo hidrogeológico y de gestión diferente al que había servido de base a la licencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y un nuevo proyecto constructivo, el 16 de septiembre de 2005 inició la ejecución de sondeos del sistema de drenaje e inyección sin haber obtenido la preceptiva autorización del organismo de cuenca tras las modificaciones realizadas al proyecto. Igualmente, y al margen de otros incumplimientos, el 7 de julio de 2006 iniciaría la extracción de aguas y su inyección en el acuífero sin haberse aprobado el acta de reconocimiento de las obras», dice el acuerdo en el que la compañía, propiedad en la actualidad de la canadiense First Quantum, asume los delitos.

La Junta llegó a clausurar la explotación en 2008 y, desde entonces, aunque fue reabierta, fue acumulando expedientes sancionadores. «Se causaron daños al dominio público hidráulico por contaminación de las aguas subterráneas y superficiales por valor de 34.688’17 euros, que no fueron mayores por la paralización de la actividad de un sector la mina a instancias de la administración», añade el acuerdo.

Los ecologistas han mostrado su satisfacción por el trabajo «riguroso, constante e ininterrumpido del Juzgado 19 de Sevilla y de la Fiscalía de Medio Ambiente durante la instrucción, pero lamentan la «actitud pasiva de las administraciones públicas, tanto de la CHG como de la Junta de Andalucía, que además de no personarse para defender el dominio público y la salud de la población, siguen amparando los reiterados ataques medioambientales de la mina».

La empresa destaca su contribución a rebajar las listas del paro en una comarca necesitada de empleo. “La actividad de CLC está teniendo efectos positivos evidentes en el entorno de la mina, de cuya comarca se ha convertido en un motor de desarrollo económico”, sostiene en un documento sobre los diez años transcurridos desde que comenzó a excavar la corta para la extracción. Según sus datos, proporciona empleo directo a 800 personas, de las que 260 pertenecen a la plantilla propia y el resto a las contratas que diariamente prestan servicio en las instalaciones de la empresa.

Actualmente, las balsas en su día construidas sin la autorización del organismo de cuenca están legalizadas en su totalidad -según el acuerdo alcanzado con la Fiscalía-, lo que implica que la reposición del suelo a su estado original por este concepto, en su día valorado en 285.049’62 euros, además de los daños generados por las balsas construidas sin licencia, en su día valorados en 29.172 euros, resultan innecesarios. Ecologistas en Acción, que seguirán vigilando las actividades de Cobre las Cruces y denunciando que continúa la extracción ilegal de agua, ponen el caso como ejemplo de lo que puede volver a ocurrir con la reapertura de Aznalcóllar o con las balsas en Riotinto. «El de hoy ha sido un juicio de niños en comparación con lo que viene encima», ha concluido el ecologista Antonio Ramos.