“Fui a coger melocotones, luego pedí el paro y ahora me piden cárcel”

«Fui a trabajar a los melocotones como siempre. Me llegó un mensaje diciéndome que estaba dada de alta, venía en mi vida laboral. Cuando acabé, eché mi paro en marzo, con mi certificado de empresa, con todo, tan bien, y al año me vino una carta diciendo que era un fraude, que esas peonadas no estaban trabajadas y eran indebidas. Y ahí empezó todo para atrás. Tuve que devolver todo el paro que había cobrado, unos 2.500 euros». Así cuenta Loli su particular calvario después de conocer que la empresa para la que trabajó, Agrícola Espino, no había pagado los seguros sociales. Según el coordinador del sindicato Co.bas, David Pérez, más de mil trabajadores han tenido que devolver su prestación, se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros y en muchos casos a penas de hasta tres años de cárcel. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) considera que estaban compinchados con esta empresa y Baena Franco, también dentro del supuesto fraude.

«A mí llamaron a declarar en agosto. Y esto es indignante. No sabes si mañana te va a llegar otra carta, si te van a pedir más dinero. Nos piden cárcel. Yo tengo a mi marido enfermo, tengo una hipoteca y tengo un hijo de 28 años que no trabaja. Mañana me voy al verdeo«, relata Loli, de 52 años, que prefiere no decir su apellido. En su caso, además, ha perdido el acceso al subsidio especial para mayores de esa edad, que le hubiera permitido llegar a la jubilación sin necesidad de acreditar jornadas. «Ahora tengo que trabajar otros cinco años más. Y el problema no es ese. El problema es que, además, cuando vas a los cortijos a pedir trabajo y dices que tienes 52 años, te sueltan directamente que con esa edad prefieren a un hombre. ¿A qué estamos jugando?», se pregunta. También limpia casas y, de vez en cuando, trabaja como camarera: «Pero eso es pan para hoy y hambre pa mañana».

Este domingo, los trabajadores y trabajadoras marcharán en manifestación hasta el Parlamento de Andalucía para pedir el respaldo de los partidos. La Diputación de Sevilla ya ha aprobado por unanimidad una moción promovida por Participa Sevilla en la que se solicita la retirada de la acusación penal y el levantamiento de las sanciones: “Cuesta creer que en vez de arremeter contra los empresarios responsables del fraude se cargue contra las víctimas, en este caso los trabajadores y trabajadoras de ambas empresas. Cuesta creer que a la condena al hambre que supone las sanciones se le sume ahora la petición de penas de cárcel”.

Pérez, que calcula que las cantidades supuestamente defraudadas superan el millón de euros, denuncia que detrás de este caso hay un intento de criminalizar a los jornaleros y desmantelar el PER: «A estas personas no se les ha dado la oportunidad de defenderse hasta el momento y se está vulnerando la presunción de inocencia».

Loli asegura que tiene compañeras que lo están pasando incluso peor que ella: «Algunas están con depresión. Esto es un martillazo en la cabeza. Te afecta en todo, en lo personal, en lo emocional, en lo físico… Es un abuso de poder impresionante, indignante». Tiene cita en el juzgado el próximo 16 de septiembre. «Debería haber un levantamiento en este país. Hasta que no pase algo gordo, hasta que alguien no se queme en la puerta el Parlamento, aquí nadie va a hacer nada, ni se va a tomar conciencia de este conflicto», concluye.