El 65% de los asesinatos a defensores del medio ambiente se produce en América Latina

El asesinato de la líder indígena Berta Cáceres ha puesto en la agenda internacional el riesgo que corren las personas defensoras de los derechos al territorio, al medio ambiente y de los relacionados con el acceso a la tierra, pero no ha supuesto un cambio en los gobiernos, que permanecen quietos ante este tipo de agresiones. Según el último informe de Amnistía Internacional, Defendemos la tierra con nuestra sangre, de los 185 asesinatos registrados en el mundo por la ONG Global Witness, 122 (el 65%) ocurrieron en América Latina. Ocho de ellos fueron cometidos en Honduras y diez en Guatemala, lo que los convierte en los países con la tasa de homicidio per cápita más alta de la región.

«La falta de una investigación transparente y efectiva sobre el homicidio de Berta Cáceres ha transmitido el abominable mensaje de que disparar a alguien a quemarropa por enfrentarse a poderosos intereses económicos está, en la práctica, permitido», denuncia la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas. El informe incide en la dificultad para acceder a la justicia, que sigue siendo un derecho que no está plenamente garantizado en ninguno de los dos países: «En 2013, en Honduras, el 80% de los asesinatos permanecían en la impunidad; además, para 2015 no se habían identificado, procesado o juzgado a las personas responsables de los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el golpe de Estado de 2009″. En Guatemala, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el derecho al acceso a la justicia puede calificarse como una “situación de impunidad estructural”.

Incluso los homicidios que deben ser investigados de oficio se quedan estancados en las investigaciones preliminares y los pocos que avanzan implican «juicios largos, onerosos y desgastantes emocionalmente para quienes han sido víctimas», denuncia Amnistía Internacional. «La defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica, pero atreverse a proteger los recursos naturales vitales lleva esta arriesgada labor a un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal», añade Guevara-Rosas. Este grupo de personas -sostiene el documento- son criminalizadas, estigmatizadas y declaradas enemigas del desarrollo e incluso acusadas de terrorismo. “Al hacer este trabajo no estamos pensando en mi derecho, en mi agua, en mi tierra, estamos pensando en toda la gente, en todo el planeta y en todo el país”, defiende Martín Gómez, subcoordinador general del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH).

Entre las principales recomendaciones, Amnistía Internacional pide reconocer públicamente, desde los más altos niveles de las autoridades locales y nacionales, la labor legítima que realizan estas personas; garantizar su protección integral; adoptar enfoques preventivos y colectivos dentro de las estrategias de protección; investigar de forma oportuna, exhaustiva e imparcial los ataques, amenazas y agresiones; e imponer sanciones a las autoridades estatales que usen indebidamente el sistema de justicia para criminalizar al colectivo.

El estudio también señala a la corrupción como fondo de la impunidad: según el informe de 2015 de Transparencia Internacional, Guatemala está en el puesto 123 de la clasificación de percepción de la corrupción pública alrededor del mundo, mientras que Honduras ocupa el lugar 112. El puesto 167 es el de mayor percepción de corrupción.