“En Colombia empieza ahora la etapa de respetar los derechos sociales y humanos”

Tras el cierre exitoso de las conversaciones de La Habana, comienza en Colombia una nueva y decisiva etapa en la construcción de la paz cuya siguiente y trascendental cita será el 2 de octubre, día señalado para que el pueblo colombiano ratifique o invalide en las urnas los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC. Enrique Santiago (Madrid, 1964) ha sido uno de los tres asesores que ha tenido la guerrilla más antigua del hemisferio norte a lo largo de las conversaciones. Reconoce su felicidad pero también alerta de que es ahora cuando comienza la etapa más difícil del proceso: «Consolidar la paz siempre es la tarea más compleja”, asegura. Además, Santiago observa con perplejidad la decisión de inhabilitar a Arnaldo Otegi para ejercer la política y recuerda cómo en Colombia existía una ley similar que fue suprimida por el gobierno de Juan Manuel Santos de forma unilateral.

Tras cuatro años de negociaciones en La Habana ha llegado el momento de un acuerdo histórico. Ahora arranca la delicada etapa de asentar la paz.

Sí. Ahora comienza la importante etapa de empezar a respetar los derechos sociales y humanos de la población, especialmente los de los campesinos que son el sector más claramente marginado de la política que ha venido aplicándose en Colombia en los últimos 60 años. Me refiero a que a partir de ahora tendrá que garantizarse los derechos a la propiedad de la tierra para todo el mundo, no sólo para los terratenientes colombianos.

¿Ha llegado la hora, entonces, de la sociedad civil colombiana?

Sin duda que sí. Asentar la paz siempre resulta más difícil que construirla. En el caso de Colombia ahora comienza la etapa de erradicar la violencia de la política, algo muy complejo ya que hablamos de un país donde las hostilidades puede decirse que comenzaron hace 68 años, cuando el candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República, Jorge Gaitán, fue asesinado en pleno centro de Bogotá. Hemos suscrito un gran acuerdo nacional para a partir de ahora el ejercicio de la política, su debate y diferencias, pueda desarrollarse por medios exclusivamente pacíficos. Luego están los cumplimientos de los programas de reforma rural, entre los que está la puesta a disposición de 10 millones de hectáreas para los campesinos sin tierra, desplazados y campesinos a los que usurparon sus propiedades. El acuerdo contempla, además, una importante inversión en infraestructuras y servicios en las zonas rurales más abandonadas por el Estado.

También se contempla una salida política para los guerrilleros de las FARC

Sí. La reincorporación de los antiguos guerrilleros a la vida civil y política es algo capital para asentar la paz ya que otros procesos similares lo dejaron en un segundo plano y fue el origen de problemas posteriores. También, por supuesto, en los acuerdos de La Habana se recoge todo lo que tiene que ver con la entrega de armas por ambas partes.

¿Qué significa “por ambas partes”?

Entrega de armas por parte de las FARC a un grupo de verificadores de la ONU y la Celac, y abandono de la doctrina de “Seguridad Nacional” por parte del Estado. Esto no afecta al uso de las armas en manos del Estado sino que obliga al desmantelamiento definitivo de todos los grupos paramilitares. Para evitar equívocos se ha incluido en los acuerdos una prohibición constitucional del paramilitarismo en Colombia.

El Jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, decía que el acuerdo con las FARC “no significa que haya existido claudicación mutua”. ¿De verdad que no ha habido concesiones por ambas partes?

Efectivamente, las palabras de Humberto de la Calle se refieren a que ninguna de las partes ha claudicado en sus principios. Eso es cierto. Sin embargo, ambas partes han cedido en sus posiciones iniciales porque si no hubiera sido imposible construir un acuerdo como el que se acaba de firmar en La Habana. Una negociación de este calibre siempre requiere que los actores varíen sus postulados para abordar las causas del conflicto y llegar a un consenso de mínimos sobre los cambios estructurales que deberán acometerse con urgencia para evitar su repetición, siempre pensando en el futuro de Colombia y en el bienestar de los colombianos.

La libertad de Simón Trinidad, comandante guerrillero encarcelado en la prisión estadounidense de máxima seguridad de Florence, estuvo presente en el comunicado final leído por el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez. ¿Cree que Washington, acompañante del proceso, accederá pronto a su liberación?

Se ha aprobado una ley de amnistía que afecta a todos los antiguos guerrilleros presos dentro o fuera del país, a cuyos gobiernos se ha tramitado la notificación correspondiente para que obren en consecuencia. A lo largo del proceso negociador, las declaraciones de Barack Obama y recientemente de la candidata demócrata Hillary Clinton han sido la de estar a disposición de la construcción de la paz en Colombia y eso exige medidas concretas por parte de EEUU. No sólo la puesta en libertad de Trinidad sino también la salida de las FARC de la lista de organizaciones terroristas.

El 2 de octubre es la fecha clave para el proceso de paz. Es el día fijado para la celebración del plebiscito en el que el pueblo colombiano deberá ratificar o invalidar los acuerdos firmados en La Habana. Con un sector tan poderoso como el que lidera el expresidente Álvaro Uribe contrario al acuerdo, ¿qué sucederá si no es aprobado o si se produce un triunfo por la mínima?

El Sí va a ganar bien el referéndum. No tengo la más mínima duda. Pero en el caso de que ganara por un solo voto tendrá el mismo efecto político y jurídico sobre el fin de la guerra en Colombia. La posición de Uribe demuestra que sigue habiendo sectores en el país que han hecho del conflicto su razón de ser. Se trata de sectores a los que el ejercicio de la violencia les ha aportado importantes réditos políticos y económicos, en muchos casos usurpando tierras desde hace casi un siglo a campesinos indefensos, y ahora temen perder sus privilegios. Es el caso de Uribe, cuyo discurso político se basa exclusivamente en el mantenimiento de la violencia y la guerra.

El presidente en funciones del Gobierno español, Mariano Rajoy, felicitó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, por el éxito de las negociaciones de paz.

Sí. Es una felicitación paradójica viniendo de un dirigente que aplaude la decisión de inhabilitar al candidato de una organización absolutamente legal como Bildu a ejercer sus funciones políticas. Aunque tampoco es extraño. La presencia de España en La Habana como observador, acompañante o garante ha sido inexistente durante los cuatro años de negociaciones. Es una señal de que la paz en Colombia no le importa mucho. Van a lo suyo.

Desde su experiencia como asesor jurídico en un proceso de paz tan complejo como el colombiano, ¿encuentra algo positivo en la inhabilitación política de Arnaldo Otegi?

Para hacer comparaciones diré que uno de los mayores errores que cometió el gobierno de Colombia al inicio de las conversaciones de paz en 2012 fue acordar unilateralmente una norma que inhabilitaba del ejercicio político a los dirigentes de la guerrilla. Este escollo ya ha sido suprimido. Con todo, es aún más doloroso lo que sucede con Otegi cuya inhabilitación no se produce por pertenecer a una organización ilegal ni armada sino que se realiza en un marco en el que pide la desaparición de todo tipo de violencia. El Gobierno español debería aprender un poco del colombiano.