Nekane Txapartegi, la última denuncia internacional sobre torturas en España

MADRID// La tortura en España sigue generando noticias, condenas e informes sin que apenas trascienda a la opinión pública la verdadera dimensión de un problema extendido y sin solucionar. La última noticia que ha pasado desapercibida, excepto en medios vascos, es la petición de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que ha solicitado al gobierno de Suiza que no extradite a España a Nekane Txapartegi, condenada a 6 años y 9 meses por colaboración con ETA en el sumario 18/98, por “la fuerte evidencia de que Nekane Txapartegi fue torturada para extraer declaraciones autoinculpatorias que condujeron a su condena”.

La OMCT, que es la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, ha recordado que España acumula condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) por violación del artículo 3 de la Convención que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. El último caso ha sido el de Xabier Beortegi Martínez. En una sentencia dictaminada el 31 de marzo de 2016, el TEDH condenó a España a indemnizar a Beortegi con 23.5000 euros por no investigar la denuncia de tortura presentada por el detenido durante su interrogatorio en 2011.

España ha sido condenada en siete ocasiones por por el TEDH por no haber investigado denuncias de torturas en los casos de Mikel San Argimiro (2010), Aritz Beristain(2011), Martxelo Otamendi  (2012), Beatriz Etxeberria y Oihan Unai Ataun (2014) y Jon Patxi Arratibel (2015), además del ya mencionado de Xabier Beortegi en 2016.

Informe preliminar contra la tortura del Gobierno Vasco

El Instituto Vasco de Criminología presentó en los Cursos de Verano de la UPV el informe preliminar sobre la incidencia de la tortura en el País Vasco desde el año 1960 hasta el 2013. El exhaustivo trabajo que se presentará en su totalidad a finales de este año arroja unas conclusiones preliminares alarmantes. En el periodo que abarca la investigación hubo un total de 4.009 víctimas de torturas en el País Vasco. El equipo de investigadores ha sido liderado por el prestigioso forense Francisco Etxeberria y en él han colaborado tres médicos y más de 40 investigadores.

Los casos documentados de tortura ascienden a 4.810 porque algunas de las personas sufrieron episodios de maltrato en varias ocasiones. El informe preliminar ha investigado en profundidad 2.000 de los casos identificados que muestran una serie de datos. La Guardia Civil es el cuerpo de seguridad del Estado con mayor número de denuncias, un total de 1.589, seguido de la Policía Nacional con 1.561. La Ertzaintza acumula 310.

El metodo de tortura más habitual

El informe incide en los métodos de tortura denunciados por las víctimas que con mayor asiduidad utilizaban los cuerpos de seguridad. Según este estudio, el de la bolsa es el preferido por la Guardia Civil, con 204 casos documentados. Destaca también el uso de los electrodos por parte de la Benemérita y la Policía Nacional, con un total de 89 y 22 casos respectivamente. Otros métodos de tortura empleados fueron el de la bañera, el plantón, la exigencia física y las flexiones.

Condenados por torturas

El informe del Instituto Vasco de Criminología incluye un apartado documental sobre las resoluciones de sentencia condenatoria firme en nuestro país. El análisis recoge un total de 30 sentencias, 9 contra la Policía Nacional y 21 contra la Guardia Civil, con 50 condenados por tortura. Todas las condenas se refieren a hechos acaecidos antes de 1992. No existe ninguna condena posterior, a pesar de que el propio informe indica que desde 1993 se han realizado más de 1.126 denuncias de torturas.

El informe denuncia en sus conclusiones que, a pesar de las reiteradas peticiones de organismos internacionales para revertir la impunidad con estas actuaciones y establecer medidas correctoras, las autoridades españolas han hecho caso omiso y continúan sin establecer medidas para paliar la gravísima situación de las actuaciones que dificultan el ejercicio de prueba pericial imprescindible para investigar los casos alegados por los detenidos.