Río 2016 (II): “No nos reconocían como verdaderos ciudadanos”

RÍO DE JANEIRO // Río de Janeiro ha vivido en la última década el mayor proceso de desahucios y reestructuración urbana de su historia con motivo de la recepción de grandes eventos internacionales: los Juegos Panamericanos de 2007, la Copa del Mundo de fútbol de 2014 y ahora los Juegos Olímpicos. Solo entre 2009 y 2015, el ayuntamiento de Río desalojó a unas 77.200 personas según datos oficiales y miles de casas fueron destruidas en una ciudad que presenta un elevado déficit habitacional. El Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas Río de Janeiro afirma que las cifras están manipuladas y asegura que los proyectos urbanísticos de los grandes eventos deportivos han tenido entre sus objetivos la expulsión de la población pobre de las áreas más valorizadas para la expansión del capital inmobiliario.

“Un día te levantas y ves la marca de la bestia en tu puerta”, afirma María de Fátima, una antigua vecina de Providencia, la favela más antigua de Río de Janeiro, que se encuentra junto al área portuaria sometida al proyecto de renovación y creación del Puerto Maravilla que incluye, entre otras instalaciones, el Boulevard Olímpico donde tendrán lugar varias de las animaciones culturales durante las semanas de los Juegos. María de Fátima se encontró de repente un día su casa marcada con las siglas SMH (Secretaria Municipal de Hábitat) junto con un número de cuatro dígitos. “Quien tenía esa numeración ya sabía que estaba perdido, que no iba a tener cómo escapar”, declara esta migrante originaria del nordeste, una de las regiones más pobres de Brasil, que se mudó con su madre a esta favela hace varios años ante la falta de otras posibilidades. Su casa y otras 500 más fueron recientemente demolidas debido a las reformas de cara al Mundial y a las Olimpiadas y a las obras del teleférico que une la plaza central de la favela con la Estación Central de Brasil y la plaza Gamboa.

Según la SMH “el teleférico ha sido construido para atender a los habitantes de la comunidad más antigua de Río en uno de los cerros más empinados de la ciudad”. pero los vecinos lamentan no haber sido consultados en ningún momento sobre este proyecto ni haber sido prevenidos de que iban a ser expulsados. Ellos afirman que fueron intimidados y presionados hasta que no aguantaron más. “Independientemente de que te arranquen de la basura para una silla de oro, si no eres previamente consultado, tu voluntad y tus derechos están siendo violados”, añade María que reconoce que de lo que más falta siente es del respeto a su dignidad. “Ya estás viviendo en una favela, en condiciones insalubres, y encima pierdes lo poco que tienes”, añade.

Una veintena de comunidades se han visto afectadas por la construcción de instalaciones de cara a los grandes eventos deportivos. El Ayuntamiento de Río de Janeiro justifica dichas intervenciones alegando que las comunidades se encontraban en zonas de riesgo o que tenían un alto impacto ambiental. Pero el principal de ellos ha sido la realización de obras de intervención urbana. La mayoría de las comunidades resistieron aunque sin éxito, con excepción de algunas de ellas como Vila União de Curicia -en la zona donde se encuentra el Parque Olímpico- que le ganó el pulso al proyecto de construcción de la carretera TransOlímpica, que une la Barra de Tijuca y Deodoro, dos de las principales áreas de los Juegos Olímpicos, consiguiendo desviar el trayecto de la misma lo que evitó el desalojo de más de 800 familias.

Vista del barrio Barra da Tijuca. (José Bautista)

Refugio de los perseguidos por la dictadura

Vila Autódromo es otra de las comunidades de la zona oeste de Río símbolo de la lucha social por la vivienda, ya que una veintena de familias consiguieron resistir a la expulsión. Este conjunto habitacional sufrió la presión urbanística por doble partida al estar situada junto al área en la que se planificó el Parque Olímpico y por encontrarse ubicada junto a la Barra da Tijuca, uno de los nuevos barrios adinerados de Río, donde la especulación inmobiliaria da lugar al crecimiento exponencial de nuevas viviendas, la mayoría propiedad de las mayores constructoras del país.

Vila Autódromo nació en los años 1960 con la instalación de familias de pescadores en un área prácticamente inhabitada y rural, pero acogió a perseguidos políticos por la dictadura militar desde el 1964, por tratarse de una zona alejada hasta que en los años 1990 en la zona oeste comenzó una rápida valorización inmobiliaria y la comunidad pasó a sentir la presión de la expulsión. Los vecinos que resistieron consiguieron que el Gobierno les concediese el uso del área por 99 años y la lucha continuó hasta que en 2005 una ley reconoció un Área de Especial Interés Social en parte de la comunidad. Estos han sido los dos pilares legales sobre los que la actual resistencia de la Vila se ha apoyado para luchar contra la instalación del Parque Olímpico pero que no ha podido evitar la expulsión de más de 500 familias y la demolición de sus casas.

“No nos reconocían como verdaderos ciudadanos, para expulsarnos tuvieron que hacer un decreto de desapropiación a través del cual podían mandar a la policía a tu casa, te expulsaban y te la tiraban abajo”, cuenta Inalva Mendes Brito que vivía en la Vila Autódromo desde que su familia, perseguidos políticos, se mudó allí en los años 70. Inalva perdió su casa en 2015 por la aplicación de este decreto, al que califica como una nueva forma de ejercer un gobierno autoritario. “No hubo ninguna notificación oficial, solo hubo acoso del Ayuntamiento y de los viejos medios de comunicación manipuladores que publicaban informaciones de exclusión. Nos convirtieron en invasores de una comunidad estigmatizada y criminalizada”, añade Inalva.

Alternativas insuficientes

Las autoridades cariocas están preocupadas por la mala imagen que pueden generar estos desahucios forzosos. Como compensación, el Ayuntamiento ofrece a las familias desplazadas la posibilidad de optar a una vivienda social que en la mayoría de casos solo existe sobre el papel, así como una indemnización por un valor sin definir o recibir 400 reales (unos 110 euros) en concepto de alquiler social, una cantidad muy por debajo de los mínimos de arriendo en una ciudad víctima de un prolongado y férreo proceso especulación inmobiliaria. Inalva se fue de la comunidad pero ella afirma que optó por derechos, no quería ni dinero ni un apartamento, ella quiere seguir luchando.

Aunque la permanencia de algunas familias ha sido considerada por muchos como una victoria para la Vila, Inalva se muestra reticente. “En una comunidad de más de 500 familias, que solo consigan quedarse 20 para mí no es una victoria, lo único positivo es que la memoria de la comunidad no acabó del todo, por lo menos los que se quedaron podrán contar nuestra historia”. Para esta antigua vecina de la comunidad, la mayor conquista de su larga lucha en la Vila Autódromo ha sido la conquista inmaterial, “para las otras comunidades la Vila se traduce en persistencia, insistencia y en la lucha continua por el derecho a la ciudad”, opina ella.

Mientras tanto, el Parque Olímpico levantado sobre los escombros de la casa de Inalva y otras 500 familias, ultima detalles para la apertura de los Juegos Olímpicos en unas instalaciones deportivas que serán transformadas en inmuebles de lujo tras la clausura del evento, según el acuerdo del Ayuntamiento con el consorcio de constructoras responsable de la obra.