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España se está quedando sin altos cargos públicos por la parálisis política

La marcha del subgobernador del Banco de España pone en evidencia el problema de un gobierno en funciones que no puede hacer nombramientos. El supervisor de la bolsa, la CNMV, podría quedarse sin jefatura.

Sede del Banco de España en Madrid. FERNANDO SÁNCHEZ

MADRID // El fantasma de unas terceras elecciones, algo que antes de los comicios del 26-J parecía impensable, está cobrando fuerza. Tras el encuentro del martes entre el presidente en funciones Mariano Rajoy y el líder socialista, Pedro Sánchez, un acuerdo de investidura se antoja muy difícil.

Hasta ahora, el país y la economía apenas han acusado la existencia de un gobierno en funciones desde finales del año pasado. Hasta la agencia de rating Fitch destacó en su última nota sobre España que la economía es «sorprendentemente resistente» a los problemas domésticos, como también al difícil entorno internacional.

Puede haber quien piense que sin gobierno en plenas funciones tampoco se vive tan mal, pero el impasse político ya está provocando problemas en varios estamentos del Estado y amenaza con afectar la supervisión de los mercados.

La última nota fue la dimisión del subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, un verdadero peso pesado en la entidad que controla al sector bancario. Tras media vida en el banco emisor, Restoy se va al Banco Internacional de Pagos de Basilea, donde dirigirá el Instituto de Estabilidad Financiera, un organismo de estudios y de formación para banqueros centrales y supervisores.

Restoy no agotará su mandato, que dura hasta 2018, pero se queda por lo menos hasta finales del año en el Banco de España. Por un motivo: el gobierno en funciones no puede nombrar a un subgobernador del banco emisor.

Algo parecido podría ocurrir en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor de la Bolsa. Los mandatos de la presidenta Elvira Rodríguez, nombrada por el gobierno de Rajoy, y la vicepresidenta Lourdes Centeno terminan el 6 de octubre. Como en otros casos, un gobierno en funciones no tiene potestad de nombrar estos cargos y la ley no prevé la posibilidad de una renovación automática en caso de inercia política.

A estos problemas de personal hay que añadir el fenómeno del gabinete menguante en Moncloa. Tras la dimisión de José Manuel Soria, la cartera de Industria y Turismo fue asumida por el ministro de Economía, Luis de Guindos. Las tareas de Fomento han recaído en el titular de Justicia, Rafael Catalá, después de que Ana Pastor fuera elegida presidenta del Congreso de los Diputados.

Y todavía no se sabe a quién le dejará la cartera de Sanidad Alfonso Alonso cuando salga del ministerio para dedicarse plenamente a su nuevo papel de candidato del Partido Popular para las elecciones en el País Vasco el 25 de septiembre.

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